Hacienda quiere gravar con la ‘tasa Tobin’ a los valores españoles en Wall Street

62 empresas de la Bolsa estarían sometidas al pago del impuesto

La metamorfosis en acciones de opciones y otros derivados tributará

Tasa Tobin pulsa en la foto

La fórmula con la que el Gobierno pretende recaudar 850 millones de euros al año incluye también las acciones de compañías españolas que coticen en Estados Unidos. La misión es que el impuesto sobre transacciones financieras (ITF o tasa Tobin, en la jerga) no tenga fronteras. En el Ibex, al otro lado del Atlántico se negocian Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, las acciones B de Grifols –sin derechos de voto–, IAG y otras empresas.

También cotizan en otras Bolsas como la brasileña y la británica a través de certificados de depósitos. Estos se conocen como American Depositary Receipt (ADR) en Wall Street y Crest Depository Interests (CDI) en Reino Unido. Emplea ambas fórmulas, por ejemplo, Santander. También se negocian en Londres, y con más volumen que en España, las acciones de IAG, que mantiene la sede social en Madrid y que también deberían pagar.

El borrador de la norma especifica que los certificados de depósito que representen acciones también están sometidos a tributación.

El objetivo teórico es que no haya puntos de fuga en la recaudación del impuesto. Las empresas mencionadas están presentes en Wall Street con programas de ADR promovidos por ellas mismas. Su objetivo es facilitar la compra, tenencia y venta de títulos extranjeros por parte de inversores estadounidenses. Al tiempo son un soporte de financiación que les permitiría, llegado el caso, ampliar capital en EE UU.

Los intermediarios extranjeros, sin el control directo de la Agencia Tributaria, tendrán fácil evitar el nuevo impuesto

En Telefónica, un título equivale exactamente a un ADR y el precio apenas discrepa de las acciones; son una suerte de espejo de la acción que cotiza en la Bolsa española. Cotizan en dólares, eso sí, pero su precio se ajusta casi al milímetro al de las acciones españolas.

Los dueños de los ADR tienen derecho a todos los dividendos y a los eventuales derechos de voto (los ADR de Grifols son de acciones sin derechos políticos). El inversor puede solicitar su metamorfosis en un título clásico. Y viceversa.

Las compañías mencionadas, y también ArcelorMittal, que no pagaría puesto que su sede está en Luxemburgo, cuentan con programas oficiales. Existe la posibilidad de comprar ADR de otras firmas pese a que estas no hayan autorizado su emisión. Son los casos de Amadeus, ACS, CaixaBank, entre otras. Solo es necesario que un banco adquiera las acciones, que quedarán custodiadas y se creará el certificado, que cotizará en alguna plataforma. No es necesario pedir permiso al emisor. Los ADR pueden cotizar en el Nasdaq, como los de Grifols o en mercados extrabursátiles (OTC), como los de Repsol.

El volumen de negociación de los valores españoles en Estados Unidos es inferior, pero Grifols tiene un volumen elevado en los últimos 12 meses: más de 800.000 títulos de media diaria frente a poco más de un millón en BME. En otras firmas, las transacciones están muy por debajo, como en Telefónica (1,4 millones de acciones frente a 25,2 millones), Santander (6,4 frente a 59) o BBVA (3,3 frente a 35). La mala noticia para el Gobierno es que será el intermediario el que tendrá que cobrar la tasa al inversor, y el control de Hacienda más allá de las fronteras españolas es reducido. Es más, sus poderes fuera de la UE quedan prácticamente desvanecidos. El depositario central español Iberclear será en la práctica el encargado de dar parte de la recolección del impuesto. Pero ahora cualquier acción europea se puede liquidar en todos y cada uno de los 24 depositarios conectados al sistema Target 2 Securities (TS2). Esta plataforma del BCE, plenamente operativa desde octubre de 2017, busca facilitar las transacciones financieras en la UE. Esto, en la práctica, da posibilidades a que los grandes inversores se salten el pago del tributo, como publicó este periódico el pasado lunes. Si el intermediario no cobra el impuesto, será complicado que el depositario se lo pueda reclamar y por lo tanto, que este pueda entregárselo a la Agencia Tributaria.

La tasa española se ha hecho a imagen y semejanza de la francesa. Se gravarán las transacciones de las compañías que capitalicen más de 1.000 millones a 1 de diciembre, con un total de 62 empresas afectadas de acuerdo a la capitalización actual (véase gráfico). Los otros impuestos similares vigentes en Bélgica, Irlanda, Reino Unido, Grecia e Italia no afectan, de entrada, a los certificados de depósito. Los derivados, como las opciones de compra, y los bonos que se canjeen por acciones también pagarán según el precio de conversión.

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