¿Está funcionando la reforma fiscal de Trump?
Se han duplicado los beneficios empresariales transferidos del extranjero, aunque solo son el 12%
Aunque la administración Trump heredó un cuadro macroeconómico excelente en enero de 2017, es innegable que los principales indicadores de la primera economía mundial han mejorado. El desempleo ha descendido a su tasa más reducida (3,9%) desde el año 2000, la generación mensual de empleo se mantiene por encima de 100.000 personas, los salarios siguen ascendiendo y el crecimiento del PIB se ha acelerado.
El índice S&P se apunta un alza del 10% este año. Trump consiguió la aprobación de la reforma fiscal más ambiciosa desde 1986. La ley Tax Cuts and Jobs Act contiene elementos positivos, especialmente la reducción del altísimo impuesto de sociedades del 35% al 21%, inferior al promedio de la OCDE (25%). Pero la ley recortó el impuesto sobre la renta para las clases medias y los ricos de manera regresiva y provisional, porque los tipos vuelven a ascender en 2025.
Además, sin disminuir el gasto, incrementa la deuda de EEUU en 1,5 billones de dólares en la próxima década. A corto plazo, la ley supone un estímulo fiscal y ha alentado el gasto y la inversión. Una apuesta decisiva de la ley es fomentar que los 2,6 billones de dólares en beneficios que las grandes empresas de EEUU tenían aparcados en el extranjero sean repatriados pagando un impuesto del 15,5% si son activos líquidos y un 8% para activos no líquidos como maquinaria o bienes inmobiliarios.
Las empresas cuentan con un periodo de ocho años para acogerse a dicha tasa más reducida. Se estima que 1 billón de dólares del total está invertido en bonos de EEUU. La ley además transforma la naturaleza de la fiscalidad sobre las empresas de un sistema universal al territorial, que es el empleado por casi todos los países. Los beneficios de las multinacionales o filiales de empresas de EEUU generados en el extranjero tributarán en el país dónde se obtengan cómo sucedía, pero no a la hacienda de EEUU.
La gran pregunta es la magnitud y el destino de dichos fondos. Según el Bureau of Economic Analysis del ministerio de Comercio, en el primer trimestre de 2018 las filiales de empresas de EEUU en el extranjero (o sus matrices) transfirieron 305.600 millones de dólares a EEUU. Dicha cifra supone el 12% del total y es diez veces mayor que los 35.000 millones repatriados en el mismo periodo en 2017. Los defensores de la ley argumentan que dichos fondos se emplearán para construir nuevas plantas y generar más empleo. Pero según datos de S&P, en el segundo trimestre de 2018 las 500 empresas que cotizan en dicho índice destinaron 190.600 millones a compras de sus propias acciones, superando el récord registrado en el primer trimestre (189.100 millones de dólares) y un 60% más que en el mismo periodo de 2017.
Asimismo, las mismas empresas incrementaron en el segundo trimestre los dividendos que distribuyen a sus accionistas un 7% respecto a 2017. Las diez empresas del S&P que más acciones propias han comprado son Apple, Cisco, Broadcom, Oracle e Intel en el sector tecnológico, AbbVie y Celegne en el farmacéutico, JP Morgan Chase y Bank of America en el financiero y Union Pacific en el industrial. Según Thomson Reuters, el promedio de beneficio por acción entre las 500 empresas del S&P creció un 25% en el segundo trimestre de 2018 respecto al mismo periodo en el año pasado.
Los analistas atribuyen la mayor parte de dichos ascensos a la compra de acciones propias, y critican que no se destinen más fondos a I+D+i e inversiones productivas. Goldman Sachs, por su parte, asevera que el aumento de la inversión en 2018 será el mayor en un cuarto de siglo, y cita ejemplos como el compromiso de Apple de invertir 350.000 millones de dólares en nuevas plantas y crear 20.000 empleos en los próximos cinco años. Ambos análisis pueden ser correctos. En el corto plazo las grandes empresas utilizan los fondos repatriados en gran parte en la compra de acciones y reparto de dividendos, mientras que en el medio plazo planean inversiones en plantas y fábricas.
A un mes de las elecciones legislativas, Donald Trump confía en la solidez de la economía y su índice de aprobación superior al 80% entre los votantes republicanos. Los demócratas, por su parte, esperan recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes porque más de cuarenta diputados republicanos no se presentan a la reelección y los escándalos de la administración Trump restan apoyo a los republicanos entre los votantes independientes y el segmento de población de mujeres blancas sin estudios universitarios.
El partido en la oposición casi siempre (solamente no ha sucedido en 3 ocasiones en la historia de EEUU) gana escaños en el Congreso en las legislativas celebradas a mitad del primer mandato de un presidente. Los demócratas necesitan un incremento neto de 23 escaños en la Cámara de Representantes para alzarse con la mayoría. Una mayoría Demócrata en el Senado es poco probable porque los Demócratas defienden más escaños, y algunos en estados tradicionalmente republicanos dónde Trump mantiene su popularidad, cómo Virginia Occidental, Indiana o Dakota del Norte.
Los incrementos de precios y pérdidas de exportaciones causados por los aranceles impuestos por Trump aún no le pasan demasiada factura. Pero si el presidente aplica más aranceles después de las elecciones –independientemente de quién controle el Congreso –peligrarán los efectos positivos de su reforma fiscal.
Alexandre Muns es Profesor de EAE Business School