Un paso global en la lucha contra el contrabando de tabaco
Ayer entró en vigor el protocolo de la OMS firmado por 48 países para luchar contra el tráfico ilícito de este producto Su fraude en la Unión Europea llega a 10.000 millones al año
Pese a que hablar de contrabando de tabaco puede llevar a evocar épocas pasadas, el tráfico ilícito de este producto sigue causando estragos, no solo en los fabricantes o en las arcas del Estado, sino también en la salud pública. “El comercio ilícito aumenta la accesibilidad y asequibilidad de los productos de tabaco, alimentando así la epidemia de tabaquismo y socavando las políticas de control del tabaco”, afirma la Organización Mundial de la Salud en su Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, un tratado internacional que entró ayer en vigor y que es histórico, puesto que, por primera vez, une a 48 países en la lucha contra esta práctica a través de una serie de medidas que deberán integrarse en el marco jurídico de cada uno de ellos.
En la práctica, estas suponen un control total de la oferta de tabaco disponible, a través de un seguimiento continuo por parte de los Estados, algo que facilitará un nuevo sistema de trazabilidad que marcará, por ejemplo, qué recorrido ha efectuado una determinada cajetilla de tabaco. Además, facilitará el intercambio de información entre los países firmantes, algo clave a la hora de identificar a las mafias que están detrás de este tipo de comercio.
“La entrada en vigor enviará un mensaje claro del compromiso de la comunidad internacional para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco en todo el mundo”, valoraba ayer el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Después de seis años de negociaciones, comienza una nueva etapa en la lucha del contrabando, objeto de análisis y de debate por parte dos expertos del sector reunidos por CincoDías. Fernando Iglesias, presidente de la Asociación de Funcionarios del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, y Rocío Ingelmo, directora de asuntos corporativos y legales en Altadis.
Ambos coinciden en la importancia del nuevo protocolo, sobre todo por estar firmado por países asiáticos o africanos, desde los que procede buena parte de este tráfico ilícito. También se encuentran los países de la Unión Europea, que en los últimos años han avanzado en algunas de las principales líneas que aborda la OMS, a través de la directiva sobre los productos de tabaco que entrará plenamente en vigor en mayo de 2019.
La trazabilidad de las cajetillas o la información de quienes comercian con tabaco son algunas de las exigencias
“Lo más importante del protocolo es que su ámbito excede a la UE, e implicará el control de toda la cadena de suministro”, valora Rocío Ingelmo. “Es una herramienta fantástica en la lucha contra esta modalidad de fraude con una relevancia supranacional. Es un paso más para luchar contra las grandes bolsas de delincuencia en este ámbito. Solo en la Unión Europea genera un impacto de 10.000 millones de euros”, afirma Fernando Iglesias.
En España, cerca del 10% del tabaco vendido procede del contrabando. Además, mientras el volumen de ventas de cigarrillos había crecido un 1% entre enero y julio respecto al año anterior, la recaudación de impuestos había caído casi un 4% en ese mismo periodo.
Para paliar estos efectos, los fabricantes instalados en el continente tendrán la obligación, a partir del 20 de mayo de 2019, de que sus cajetillas sean comercializadas con un identificador, entre otros elementos de seguridad, que aporte toda la información del producto con un simple escaneado de ese código. Como explica Rocío Ingelmo, ya no será necesario que las autoridades aduaneras tengan que enviar el tabaco incautado a un laboratorio para demostrar si se trata de producto ilícito, sino que será ese identificador, que sufraga la industria, el que proporcione esa información. Entre otros, se incluye fecha; lugar e instalación donde se fabrican los cigarrillos; qué maquinaria se ha utilizado; factura y comprobante del pago del primer cliente; descripción del producto, o ruta prevista. “Esos datos irán a una base que manejarán las autoridades aduaneras y permitirá comprobar si el tabaco se desvía”, apunta Ingelmo, que añade: “Va a desechar lo falsificado, y más importante, va a identificar esos desvíos”.
El contrabando de tabaco tiene muchos efectos negativos: financia mafias, permite el acceso de los menores de 18 años, y elude impuestos"
Una cantidad de información para la que, según explica Fernando Iglesias, España está preparada. “El éxito de la Agencia Tributaria como ejemplo de lucha contra el fraude se basa en la capacidad que tenemos para gestionar una gran volumen de información”. Además de los métodos de identificación, Iglesias destaca otro gran hito que trae consigo el protocolo: el principio de diligencia debida, es decir, la identificación a fondo de los clientes, tanto sus datos, sus modos de pago, y sobre todo, la vigilancia de que las cantidades vendidas en un país son coherentes con el tamaño del mercado al que va destinado. Todo ello rodeado de un régimen sancionador. “El mero hecho de haber interactuado con un proveedor sin anotar unas medidas de identificación puede conllevar la prisión. Esto va a obligar a que todos los agentes de la cadena de suministro tengan un mayor celo al hacer sus operaciones”, expone Iglesias.
Este es uno de los aspectos que incluye el protocolo de la OMS y que no está incluido en la directiva europea, a diferencia de las exigencias de trazabilidad. Por ello, será tarea de la Administración española buscarle acomodo en su legislación, estableciendo un régimen de sanciones propio. “Ahora la pelota está en su tejado”, sentencia Iglesias. Este apuesta por llevar a cabo una reforma de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, “que establezca una disposición en la que se detalle cómo se tienen que desarrollar esas medidas de diligencia debida y el suministro de información”.
Toda la información de una cajetilla con una foto
Trazabilidad. A partir de mayo de 2019, todas las cajetillas de tabaco que se venderán en España deberán contar con un código de identificación, que estará situado en la base de la cajetilla. Como ya sucede en otros sectores, como el agroalimentario, esos números mostrarán toda la información sobre la procedencia y recorrido de esa cajetilla y del resto que estaban en su mismo lote. Fábrica en la que se produjo, ciudad y país de esta, maquinaria utilizada, recorrido... Información que aparece con un simple escaneo de ese código a través del teléfono móvil, algo que agilizará las tareas de comprobación de las autoridades aduaneras. “Ya estamos trabajando con las compañías tabaqueras para empezar a colocar el código”, explica Rocío Ingelmo, de Altadis.
La demanda de información por parte de las autoridades, prosigue Iglesias, podría graduarse en función del tamaño del fabricante, y va a ayudar no solo a identificar el tabaco de contrabando, sino a perseguir el dinero que hay detrás. “Vamos a tener más información de los flujos reales de dinero que genera esta actividad, y por tanto va a incrementarse el numero de investigaciones patrimoniales, como sucede con el blanqueo de capitales. Un problema habitual es encontrarnos con jurisdicciones poco colaboradoras. Este protocolo va a facilitar esto, siempre que la Administración ponga los medios para investigar, sobre todo con funcionarios especializados”, dice Iglesias, quien recuerda que la AEAT tiene un cuerpo policial armado que, para delitos determinados, cuenta con competencias similares a la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Todo ello, en un territorio como la Península Ibérica, con particularidades especiales, como contar con Andorra o Gibraltar dentro de sus límites fronterizos. Como explica Rocío Ingelmo, en el primer caso los fabricantes sí están instalados, no así en el segundo. Según un informe de Ipsos, desde Gibraltar llega casi el 40% del tabaco ilícito que circula por España. “Lo que los fabricantes llevan a Gibraltar se considera exportación, y como tal pasa por aduanas. El problema es cuando ese producto cruza a España, que es lo que lo hace ilícito”, describe Rocío Ingelmo. “Otra cosa es vender a Gibraltar más de lo que pide el mercado. Ahí entra la diligencia debida.”