Grandes fondos y accionistas minoritarios de Popular confían en los tribunales
Los bonistas del banco intervenido creen que las conclusiones de Deloitte “no son realistas” Miles de accionistas dicen estar “decepcionados” por la decisión de la JUR
La reacción de los abogados de accionistas y bonistas de Banco Popular no se han hecho esperar. Los abogados de los mayores fondos internacionales como Pimco, Anchorage, y Algebris, con una inversión superior a los 850 millones de euros, y de accionistas minoristas que perdieron toda su inversión con la resolución de Popular han criticado el informe de valoración de Deloitte que estima que una intervención “al uso” de la entidad no habría sido mejor opción que la resolución del banco.
“Estamos decepcionados pero no sorprendidos por las conclusiones del informe, que no son realistas. Revisaremos las supuestas bases utilizadas para las conclusiones de Deloitte. Hemos señalado en varias ocasiones que la decisión de la UE de contratar la misma firma (Deloitte) para hacer tanto el informe preliminar de hace un año, y ahora el analisis definitivo, hace dudar sobre la credibilidad del informe final, que permite a Deloitte revisar su propio trabajo. La JUR podía haber elegido cualquiera de las otras cinco firmas auditoras para hacer el análisis en profundidad con un enfoque no contaminado. Al haber sido Deloitte otra vez, la JUR manifiestamente ha fallado en su deber de hacer un analisis independiente y distinto”, declara Richard East, socio director del despacho Quinn Emanuel, representante de los tenedores de bonos de Popular como Pimco, Anchorage, y Algebris:
Pero no han sido los únicos que nada más conocer el informe de la JUR decidieron criticar sus conclusiones. Varios despachos de abogados de inversores minoristas se encomiendan a los tribunales para que resuelva sobre el caso Banco Popular, y se muestran decepcionados por la decisión, aunque sea preliminar, de la JUR.
Así, el socio director del despacho de abogados especializado en derecho bancario Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, cree que lo que diga la JUR “es poco relevante”, considerando que lo significativo es lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Uniòn Europe (TJUE). El bufete defiende que la vía “más adecuada” para intentar recuperar la inversión perdida es la nacional. “Santander es el actual responsable de Popular”, asegura Navas, que añade que la entidad que preside Ana Botín si que está cobrando hipotecas y ejecutando impagos del banco adquirido.
Según Patricia Suárez, presidenta de Asufin, agrupación personada en la causa penal que instruye la Audiencia Nacional, con este plazon “la JUR está lavando su imagen” aunque “ya sabemos que no devolverá el dinero”.
Una circunstancia que aboca a los clientes a interponer demandas, como mantiene el letrado de Espacio Legal, Marcelino Tamargo. Para el abogado Felipe Izquierdo, presente en ambas jurisdicciones, no ha habido “ninguna sorpresa” pues el organismo que preside Elke König “no se iba a tirar piedras sobre su propio tejado”, si bien critica que “a estas alturas se diga que las cuentas del Popular no estaban maquilladas”.