Los grandes clientes de Popular habrían perdido 14.000 millones en caso de liquidación

Bruselas decide que no compensará a los inversores que perdieron dinero en el Popular

Afirma que las pérdidas generales habrían sido sustancialmente mayores en un proceso de insolvencia al uso

Emilio Saracho, presidente de Popular durante su resolución en junio de 2017.
Emilio Saracho, presidente de Popular durante su resolución en junio de 2017.

Era de esperar. La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido de forma preliminar que no se requiere conceder compensación alguna a los más de 300.000 accionistas y acreedores afectados por la resolución de Banco Popular el 7 de junio de 2017 puesto que el último informe de Deloitte sobre la operación revela que hubiesen perdido más en un proceso nacional de insolvencia.

“El informe de valoración (el tercero y como los anteriores realizado por la consultora Deloitte) llega a la conclusión de que bajo procedimientos normales de insolvencia las pérdidas generales habrían sido sustancialmente mayores que las pérdidas que se realizaron en resolución”, explicó ayer en un comunicado la JUR, que publicó tanto la decisión preliminar como la versión no confidencial del informe.

De acuerdo con este informe, que evalúa si los afectados hubieran tenido mejor trato con una liquidación bajo las normas nacionales que con la resolución, las pérdidas para los acreedores del banco habrían sido mucho mayores con la liquidación ordinaria y, en todos los escenarios, los afectados por la resolución habrían perdido también la totalidad de sus derechos.

El informe de Deloitte calcula que no resolver Popular hubiera costado más de 14.000 millones de euros a los grandes clientes. En concreto, la consultora Deloitte calcula que, dependiendo del escenario, las pérdidas para los acreedores habrían sido en el mejor de los casos de 23.400 millones de euros y en el peor de 34.100 millones, frente a los 11.400 millones que perdieron con la resolución (correspondientes al capital de accionistas y bonistas). En un escenario a 18 meses (incluye tres escenarios), como el que refleja la ley concursal española, Deloitte calcula que las pérdidas totales para los acreedores habrían sido de 28.200 millones en el escenario más favorable y de 34.100 millones en el peor.

Esto supondría que los acreedores de renta variable y subordinados (incluidos los accionistas y acreedores afectados) habrían sufrido pérdidas equivalentes a la totalidad de su inversión (20.200 millones de euros) a lo que se sumarían los acreedores no asegurados, que no estuvieron afectados por la resolución (los grandes clientes con depósitos por encima de los 100.000 euros), que habrían perdido de 8.000 a 14.000 millones (entre el 33% y el 54% de sus derechos). En un escenario con un periodo de liquidación a tres años, las pérdidas para los acreedores habrían ascendido a entre 26.000 millones y 31.600 millones, con pérdidas del 100% para la renta variable y subordinada y de entre el 24% y 44% para los acreedores no asegurados (entre 5.800 y 11.500 millones en el mejor y peor caso, respectivamente).

Por último, con una liquidación en siete años, el escenario más benévolo, las pérdidas habrían estado entre 23.400 y 28.700 millones, con números rojos totales para la renta variable y subordinada y de entre el 13% y 33% para los acreedores no asegurados (entre 3.300 millones y 8.500 millones, respectivamente).

Además, según el informe, la insolvencia ordinaria habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos, que habría tenido que utilizarse para proteger los depósitos de menos de 100.000 euros de la entidad.

“De este informe de evaluación se deduce que no hay diferencia en el trato real de los accionistas y acreedores afectados y el trato que habrían recibido si la institución hubiera estado sujeta a procedimientos de insolvencia ordinarios en la fecha de resolución”, subraya la JUR, presidida por Elke König, que justifica de esta forma su decisión de no compensar a los afectados, aunque sea de manera preliminar.

La decisión final solo se adoptará una vez que los afectados que así lo deseen hayan expresado su opinión a la JUR a la vista del informe y la decisión preliminar. Para ello, los exaccionistas y bonistas pueden registrarse desde ayer y hasta el 14 de septiembre y, en una segunda fase, aquellos que según la JUR sean elegibles para pronunciarse, podrán hacerlo a través de una plataforma electrónica.

De cualquier forma, la JUR insiste en que la apertura de un procedimiento de insolvencia ordinario en junio de 2017 “habría resultado en una liquidaci8ón no planificada que hubiera destruido valor per se”. Y entre los motivos que cita están un cese “abrupto” de la actividad de negocio, la pérdida de clientela, un proceso “ineficiente” de realización de activos y reclamaciones y costes adicionales “a menudo significativos”.

Popular fue resuelto en la madrugada del 6 al 7 de junio del pasado año y vendido por un euro a Santander, que calculó que el valor del banco era negativo en 2.000 millones. La entidad que preside Ana Botín realizó una ampliación de capital en la entidad tras su compra y le inyectó el primer día que pasó a la órbita del Santander (el 7 de junio de 2017) 13.000 millones de euros de liquidez. 

El Fondo de Garantía de Depósitos habría perdido 2.200 millones por Banco Pastor

La liquidación de la filial de Banco Popular, el Banco Pastor, habría tenido también efectos nocivos en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Este organismo, que se nutre de las aportaciones de la banca, pero cuyas pérdidas afectan al déficit público al ser considerado una institución pública, cuyo presidente es el subgobernador del Banco de España, habría sufrido pérdidas de entre 1.800 millones de euros a 2.200 millones (en el escenario más estricto) para garantizar los ahorros de menos de 100.000 euros.

La liquidación del banco, según el informe de Deloitte, habría afectado sobre todo a los clientes de Banco Pastor, ya que hubieran tenido que recurrir al FGD para recuperar el mínimo garantizado por la Administración, que es menos de 100.000 euros. Los clientes, así, habrían tardado hasta 7 años en volver a recuperar sus ahorros.

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