El Gobierno prohibirá futuras amnistías fiscales y subirá impuestos a las grandes empresas

Presentará un plan contra la explotación laboral centrado en contratos temporales y parciales y otro para el empleo juvenil Pide consenso parlamentario para construir un nuevo Pacto de Toledo para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo

Pedro SánchezVictor J Blanco

Pedro Sánchez anunció que este jueves ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir la nueva senda fiscal. Una reunión a la que acudirá tras desvelarse que el déficit fiscal de las Administraciones públicas pasará al 1,8% en 2019, en vez del 1,3% anterior. Un alza de cinco décimas de las que dos serán absorbidas por las comunidades autónomas y el resto se dedicará casi en exclusiva a las pensiones. Para este año, el Gobierno no ha modificado la ruta, si bien, el déficit llegará hasta el 2,7%, cinco décimas más de lo previsto por el PP.

De esta forma, Sánchez pondrá encima de la mesa del CPFF cerca de 2.500 millones de euros de margen fiscal adicional a las comunidades, con lo que estas podrán cerrar sus cuentas agregadas con un déficit del 0,3% del PIB en 2019, frente al estimado en el Programa de Estabilidad del 0,1%. Un día después el Consejo de Ministros aprobará el límite de gasto no financiero para 2019, que deberá recibir el visto bueno de las dos cámaras. Para ello, Sánchez precisará del apoyo del PP –que gestiona casi la mitad de las autonomías–, al que pidió que “reflexionen” antes de marcar su posicionamiento.

El presidente reconoció ayer la incapacidad del Gobierno –con 84 diputados en el Congreso– para cumplir con varias de sus promesas electorales: la derogación de la reforma laboral y la publicación de los nombres que se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Pero aseguró que “podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías”.

De esta forma, anunció un anteproyecto de ley que hará imposible que ningún Gobierno pueda volver a aprobar una amnistía de este tipo, que recordó que había sido tumbada por una sentencia del Tribunal Constitucional y que no logró cumplir con sus objetivos de recaudación: de unos 2.500 millones, “ni siquiera llegó a la mitad”, dijo. Una anteproyecto que además buscará “perseguir a grandes defraudadores”, permitirá publicar listas de morosos fiscales y actualizará los paraísos fiscales porque “un Estado del bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera”.

Las novedades económicas del Gobierno

• Objetivo de déficit. Para 2019 pasa del 1,3% al 1,8%. El Gobierno no modifica la senda de este año. Sánchez ha convocado el jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
• Plan de choque para el empleo juvenil. Revisará el contrato de prácticas y de relevo. El Ejecutivo eliminará las prácticas extracurriculares y creará un estatuto del becario. Este mismo mes, presentará también medidas contra la explotación laboral.
• Autoconsumo energético. Se eliminarán trabas.

Sánchez reiteró que el nuevo Gobierno pedirá un mayor esfuerzo fiscal a las grandes empresas. “No nos resignamos a que las pymes tengan tipos efectivos superiores al de los grandes conglomerados empresariales y abogamos por acercar el tipo efectivo al nominal y que en ningún caso sea inferior al 15 %. Esto se llama justicia fiscal”, aseguró. En la actualidad, aunque el tipo general de sociedades es del 25%, las deducciones les permiten acabar pagando un 12%, según reconoció la titular de Hacienda, María Jesús Montero, hace unas semanas. Porcentaje que su predecesor, Cristóbal Montoro, llegó a bajar hasta el 7%.

La puesta en marcha del tipo mínimo del 15% en Sociedades, que ha contado ya con el rechazo de los empresarios y las dudas de los economistas y asesores fiscales en su aplicación, irá acompañado además por la tasa a las tecnológicas, incluirá nuevas “figuras tributarias” para “desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente” y un impuesto finalista a la banca para sufragar el sistema de pensiones y complementar a las cotizaciones de los trabajadores como fuente de ingresos para la Seguridad Social. Una tasa a la banca que desde la oposición, tanto el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se apresuraron a advertir que acabará siendo trasladado al cliente.

Frente a estas críticas, Sánchez reclamó consenso al resto de partidos políticos para construir un nuevo Pacto de Toledo que aborde la sostenibilidad de las pensiones, a la que el presidente se refirió como uno de los “principales desafíos de su Gobierno”. Unas prestaciones sobre las que insistió que “la mayoría de la sociedad nos ha trazado un camino, que es actualizar las pensiones con el nivel de vida”. Para este año, está previsto que se revaloricen 1,6%.

En materia laboral, Sánchez desveló que durante este verano empezará a aplicar un plan contra la explotación laboral, centrado en los trabajadores temporales y parciales, que prevé aprobar este mes. La medida incluirá además medidas para luchar contra el fraude de los falsos autónomos, el exceso de jornada y las horas extraordinarias ilegales, así como las discriminaciones por razón de género y combatir la economía sumergida.

El líder socialista anunció además que en breve aprobará un plan de choque para el empleo juvenil, que mejorará los contratos de relevo –pendientes desde el pasado mes de septiembre y que ha retomado el pacto salarial – y de prácticas, y que incluirá un estatuto del becario. Medidas todas ellas que aspiran a “lograr que los salarios recuperen el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el periodo previo de la crisis”, aseguró Sánchez. El impacto recaudatorio de estas medidas se elevaría, según los técnicos de Hacienda a 9.700 millones.

Limitará las fianzas y elevará a cinco años la prórroga forzosa del alquiler

Los planes del Gobierno en materia de vivienda pasan por poner en marcha un parque de 20.000 viviendas públicas durante los próximos cuatro años. “Es hora de rescatar una auténtica política de vivienda al servicio de la ciudadanía, en especial en materia de alquileres”, aseguró ayer el presidente del Gobierno. Junto a esto, Pedro Sánchez avanzó además que pretende elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años y limitará las fianzas a las que tiene que hacer frente un inquilino. La limitación de las fianzas exigidas a los inquilinos aún está bajo estudio, si bien, desde Fomento apuntaron que se tomará como pauta una proposición del Partido Socialista presentada el pasado mes de marzo. En ella, se establecía que si la mensualidad del alquiler es inferior a 750 euros, la suma de la fianza y de las garantías adicionales no podría exceder a dos mensualidades. Para las rentas de entre 750 y 1.200 euros se aplicaría un máximo de tres mensualidades, mientras que para alquileres superiores, propietario e inquilino deberían pactar “sin limitación de cuantía dineraria”.Desde el sector empresarial, el consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, cree que ampliar la duración de los contratos de arrendamiento a cinco años es un error. “Es un paso atrás sobre los avances que se habían conseguido para el mercado”, afirmó.Con el objetivo de acotar las viviendas turísticas para desinflar la burbuja de precios que se detecta en algunas grandes ciudades, el líder socialista también aseguró que excluirá de la Ley de Arrendamientos Urbanos a la vivienda turística. Para ello, Fomento buscará, según anunció su titular, José Luis Ábalos, la pasada semana, acotar la definición de arrendamiento de temporada dentro de un equipo interministerial.Más allá de vivienda, Sánchez aseguró que en materia de infraestructuras los objetivos del Gobierno pasan por “reorientar” el sistema de transportes desde parámetros de calidad de vida, cohesión social y territorial e impulso de la economía productiva; hacerlo desde el consenso con las regiones y apostar de manera “decidida” por la transparencia, la digitalización, la eficiencia y la “evaluación social” de las inversiones infraestructuras.