Montero lanzará impuestos a la banca, a las tecnológicas y a la contaminación pero no subirá el IRPF
La ministra de Hacienda fijará un tipo mínimo de Sociedades del 15% y fomentará la igualdad sexual con deducciones Busca implantar el nuevo marco fiscal a comienzos de 2019 y volver a financiar a las comunidades en el mercado frente al uso del FLA
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reveló este jueves buena parte del nuevo marco fiscal que quiere poner en marcha desde comienzos de 2019 para elevar los ingresos públicos a fin de apuntalar las malogradas cuentas del sistema de pensiones y de elevar el gasto social. “El Gobierno está trabajando, en sintonía con Europa, en encontrar espacios fiscales nuevos para una sociedad del siglo XXI. No se trata de subir los impuestos a los ciudadanos”, declaró en una entrevista concedida a la Cadena SER. Montero aseguró que descarta elevar el IRPF, pese a que el PSOE proponía elevar el gravamen a las rentas altas. El foco se pondrá sobre las compañías.
“Nos preocupa que las grandes empresas, las que tiene margen para poder aportar, no se adecúan al tipo que se les debería aplicar” en el Impuesto de Sociedades, denunció, pues aunque su tipo general es del 25% las deducciones les permiten acabar pagando “un 12%”. O menos. Un 7%, según dijo su predecesor, Cristóbal Montoro. Montero adelantó que su plan es fijar un tipo mínimo de gravamen del 15%. Aunque está por ver cómo se articula la medida, la ministra aclaró que una vía sería impedir que las empresas se beneficien de deducciones fiscales que rebajen su aportación por debajo del 15%.
El PSOE, que planteó esta idea en su propuesta de Presupuestos alternativos, estimó que así se recaudarían unos 4.000 millones de euros al año. Aunque fijar un tipo mínimo de Sociedades ha sido una promesa electoral habitual de distintos grupos, hasta ahora ninguno lo había abordado desde el poder. “Es un parche” que minará la competitividad empresarial, criticaron este jueves desde el Círculo de Empresarios.
En paralelo, la ministra anunció que estudia promover determinadas deducciones fiscales para fomentar la igualdad de género en las empresas, premiar la conciliación y la llegada de las mujeres a puestos de responsabilidad, para ayudar a “feminizar la sociedad”. Paradójicamente, si el tipo mínimo de sociedades se fija en el 15% limitando las deducciones que ya se aplican hoy las grandes empresas, estos nuevos incentivos fiscales podrían llegar a no ser aprovechados por muchas compañías, lo que anularía su apuesta por la igualdad.
Más allá, la ministra de Hacienda aseveró que su objetivo es “dar respuesta a los retos de la tecnología, la globalización, la economía colaborativa y aquellas áreas de actividad que no han encontrado un encaje en la fiscalidad tradicional y están provocando una competencia desleal”, ilustró Montero, sosteniendo que son “sectores que tienen que contribuir en mayor medida a la redistribución de la renta y los servicios públicos de los ciudadanos”. En este sentido, la andaluza avanzó que tratará de introducir varios impuestos nuevos como la llamada “tasa Google”, que consiste en fiscalizar los servicios digitales de algunos gigantes tecnológicos. Un gravamen que ya barajaba el PP y que recaudaría unos 1.500 millones al año.
Montero confirmó además que una de sus prioridades será impulsar un nuevo gravamen sobre los beneficios de la banca con carácter finalista: buscará elevar los ingresos de la Seguridad Social, que cerraron 2017 con un déficit de 17.000 millones, para garantizar las pensiones públicas. El PSOE, que estima que se recaudarán 1.000 millones, justifica la medida por el coste del rescate financiero. Las patronales bancarias AEB y CECA advierten que esta figura fiscal encarecerá el crédito, aunque la autoridad fiscal AIReF lo descarta. Montero pide comprensión y defiende que el nuevo gravamen, junto al crecimiento del empleo y la subida salarial recién pactada por empresarios y sindicatos, fortalecerán las pensiones.
Finalmente, la responsable de Hacienda avanzó que trabajará con el Ministerio de Transición Ecológica para crear impuestos medioambientales. “Más que un afán recaudatorio, lo que se trata es de diseñar una política que sea disuasoria con las conductas agresivas con el medio ambiente”, gravando la contaminación. Un primer paso, propuesto por el PSOE, sería acabar con las bonificaciones al diésel, equiparando su fiscalidad a la de la gasolina, lo que ahorraría al Estado 600 millones al año.
De esta forma, el nuevo marco fiscal dibujado por la ministra de Hacienda supondría un incremento de los ingresos públicos de más de 7.000 millones con los que elevar el techo de gasto que el Ejecutivo presentará en breve para “recuperar parte del gasto social que se perdió con motivo de la crisis, iniciar nuevos proyectos e impulsar la actividad económica”.
La idea es que estas vías de ingreso acompañen a los Presupuestos de 2019 que ya prepara el Ejecutivo y estén operativos ese año. Como no es posible crear nuevos impuestos por decreto, o a través de la propia Ley de Presupuestos, advierte la Asociación de Asesores Fiscales (AEDAF), los nuevos gravámenes deberán ser tramitados antes como proyecto de ley en un Congreso en el que el PSOE solo cuenta con 84 de los 350 diputados. Montero, por tanto, no tardará en comenzar a negociar la letra pequeña del nuevo marco impositivo con el resto de fuerzas políticas en busca de apoyos.
Las comunidades se financiarán en el mercado
Rebajar el FLA. La ministra de Hacienda avanzó este jueves que ultima permisos para que algunas comunidades autónomas vuelvan a salir a financiarse a los mercados frente al uso del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) impulsado por el anterior Gobierno en los últimos tiempos para, según sostuvo, recentralizar el control de algunas partidas transferidas.
La reforma. María Jesús Montero defendió este jueves que la legislatura, que acaba en 2020, es limitada, lo que impide afrontar una reforma integral del modelo de financiación autonómica puesto que supondría una “armonización fiscal entre comunidades autónomas para evitar asimetrías, la redefinición del Consejo de Política Fiscal y las mayorías que en él se componen, la posibilidad de hacer reestructuración de deuda o el destino del FLA”. Asumiendo que no se dispondrá de los 16.000 millones de euros para necesidades autonómicas que reclamaba cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Montero prometió que va a “intentar que sea más confortable el tránsito de la senda de estabilidad que atraviesan las comunidades que han sido cumplidoras con los ayuntamientos y han salvado el cumplimiento del déficit del Reino de España, y darles más recursos para poder destinar a la sanidad, a la educación, a la dependencia, lo que son los pilares del Estado de bienestar”.
