La AEB y la CECA alertan de que una tasa a la banca dañará su solvencia

Explican que "no resulta en modo alguno razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones sobre un único sector empresarial"

Los técnicos de Hacienda creen que impactará mínimamente en el dividendo

AEB y CECA

Las reacciones a la confirmación de un impuesto específico para la banca no se han hecho esperar, como era lógico. El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) asegura que el impuesto a la banca que propone el Gobierno para aumentar la recaudación y costear una parte del pago de las pensiones dejará intacto, “como mínimo”, el 94% del beneficio de las entidades, por lo que apenas afectará a la solvencia del sector. Esta afirmación es contraria a la que mantiene el Banco de España. El subgobernador, Javier Alonso, ya explicó el pasado mes de junio que este impuesto afectaría, no solo al precio del crédito, sino que alteraría a la baja la rentabilidad del sector en un momento en el que los bancos deben ser rentables para captar capital y cumplir con los requisitos normativos.

Los técnicos de Hacienda, no obstante, reconocen que este tributo podría tener un “impacto mínimo” en la medida en que los accionistas de los bancos pueden ver reducido el pago de dividendos que está directamente relacionado con el resultado, lo que a la postre restaría ligeramente atractivo a la compra de acciones.

Gestha ha calculado que Hacienda podría ingresar entre 1.800 y 1.900 millones anuales con un impuesto a la banca similar, en términos de recaudación con respecto al PIB, al exigido en Reino Unido y Austria; y que conllevaría la aplicación de un tipo impositivo efectivo del 0,07% sobre el pasivo (en España es del 0,03% el porcentaje que a banca aporta para cubrir el Fondo de Garantía tanto nacional como el europeo) para que logre la capacidad recaudatoria que tiene el tributo británico, en el que podría estar inspirada la propuesta socialista. Los técnicos aclaran que si se llevara adelante este impuesto no produciría ningún tipo de doble imposición, puesto que el impuesto recaería sobre el pasivo, no sobre el beneficio de la banca.

Mientras, en un comunicado conjunto las dos patronales del sector bancario, la AEB y la CECA, aseguran que un aumento de la carga tributaria del sector financiero no es la solución “adecuada” para el sostenimiento del sistema de pensiones, ya que es “injusto” y conllevaría efectos “colaterales perjudiciales” para la economía en general. “No resulta en modo alguno razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones sobre un único sector empresarial”, aseveran AEB y CECA, añadiendo que esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que la ponderación de la banca en la economía y en los beneficios empresariales se sitúa en torno al 3%.

AEB como CECA consideran que lo apropiado es que todos los agentes contribuyan a sufragar el problema de la falta de ingresos públicos de forma “equitativa”. Según explican, un incremento de la carga tributaria del sector financiero generaría también una desventaja competitiva a nivel europeo y supondría un obstáculo en el papel que desempeña el sector en términos económicos y sociales, con especial incidencia en su contribución a la creación de empleo y en la concesión de crédito.

"El sector financiero ha realizado considerables esfuerzos en el pasado para facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit público y, además, su contribución al sostenimiento del gasto público ya es superior a la de otros sectores de actividad", indican, ya que la banca cuenta con un tipo impositivo incrementado en el Impuesto de Sociedades, así como por los impuestos sobre depósitos o las cuotas del IVA soportado no deducibles.

A estas exigencias a nivel nacional debe sumarse también la regulación sectorial introducida en la eurozona en el marco de la Unión Bancaria para reforzar la solvencia del sistema financiero, entre las que destacan las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución, que suponen un coste y afectan sobre sus resultados.

Por último, la AEB y la CECA subrayan que el establecimiento de un gravamen singular sobre el sector podría tener unos efectos recaudatorios "inferiores a los pretendidos" y, sin embargo, afectar de forma "muy negativa" a la solvencia del mismo.

La semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en una entrevista con la cadena SER recogida por Europa Press que el Gobierno tiene previsto mejorar los ingresos tributarios implantando nuevas figuras (impuesto a la banca e impuesto a las empresas tecnológicas) y reformando algunas ya existentes. "Se aprobará un novedoso impuesto a la banca con carácter finalista", dijo.

La contribución fiscal directa del sector de cajas de ahorro y bancos derivados de antiguas cajas ascendió a 4.837 millones de euros en 2017, de los cuales, 2.287 millones de euros correspondieron a impuestos soportados,es decir, aquellos que suponen un coste para las entidades y afectan a sus resultados, y 2.550 millones de euros a impuestos recaudados, es
decir, aquellos que son retenidos o repercutidos a terceros.

Así se desprende de un estudio realizado por PwC y CECA hecho público este martes, en el que se concreta que los impuestos soportados más relevantes fueron los relacionados con el empleo (1.010 millones de euros), el IVA soportado no deducible, que representa un coste para las entidades financieras (682 millones de euros), la prestación patrimonial por los activos por impuesto diferido (247 millones de euros), y el Impuesto sobre los Depósitos Bancarios (152 millones de euros).

Considerando los impuestos soportados, el tipo impositivo total de las entidades de crédito adheridas a la CECA, entre las que se encuentran CaixaBank, Bankia, Liberbank, Abanca o Unicaja, ascendió al 41% del resultado antes de impuestos, de forma que por cada 100 euros generados de beneficios antes de impuestos soportados, el sector soporta 41 euros de impuestos.

De hecho, la contribución total a la recaudación generada por el sector es equivalente a dos veces el presupuesto destinado a sanidad en España o más del triple del presupuesto nacional en educación.

Si se tienen cuenta la totalidad de impactos (directos, indirectos e inducidos) generados tanto por su actividad corporativa, como por los efectos derivados de la financiación concedida, la contribución a recaudación fiscal del sector en 2017 ascendió a 34.940 millones de euros, lo que
supone en torno al 11,8% de la recaudación fiscal nacional.

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