Un pacto de Estado para el urbanismo del siglo XXI
Es necesario homogeneizar la legislación en toda España y coordinar a las Administraciones
Casa con dos puertas mala es de guardar, dice el refrán. Si la casa cuenta con diecisiete puertas más dos preciosos patios que abren Europa hacia África, la cosa se complica todavía más. Puede que no sea muy correcto, políticamente hablando, comenzar un análisis de nuestro sector inmobiliario con un refrán tan español como este. Al fin y al cabo, un refrán no es otra cosa que una expresión popular repetida tradicionalmente de forma invariable, que se basa en la experiencia y en la observación y en la que el pueblo expresa un pensamiento moral, un consejo, una enseñanza.
Por supuesto, las competencias en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, son exclusivas de las comunidades autónomas. Esas diecisiete puertas están esculpidas sobre la riqueza que aporta a España su diversidad territorial y cultural; riqueza que, desde luego, no sólo debemos proteger, también fomentar desde todas las administraciones, estatal, autonómicas y locales.
Ahora bien, tras muchos años de legislaciones urbanísticas autonómicas lo cierto es que las diferencias en el sistema de planeamiento entre ellas no son importantes, porque existe una tradición muy fuerte desde la Ley del Suelo de 1956, y una cultura del urbanismo y del planeamiento urbanístico incluso anterior (desde la Ley del Régimen Local de 1926) que imprimen al sistema una indudable homogeneidad y en el que, en un primer análisis, veremos repetidos elementos comunes esenciales, como un sistema de planeamiento jerárquico, la relación tradicional entre planeamiento urbanístico y derecho de propiedad y la determinación y fijación del planeamiento municipal como base de los planes urbanísticos.
Siendo esto así, es necesario un gran pacto de Estado para dar un paso más, para consolidar un sistema urbanístico que aporte, otra vez, cordura y la ansiada seguridad jurídica que tanto reclama el sector inmobiliario español. Un pacto de Estado que sea capaz de reunir la tradición urbanística común y de enriquecerla adaptándola a nuestra realidad, reforzándola e impregnándola de modernidad desde su base. La pasada semana tuve ocasión de asistir al Congreso Nacional de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) que celebraba en este 2018 su quincuagésimo aniversario.
El lema de tan importante reunión era revelador: Inmobiliario, un sector de infinitas oportunidades. Es tranquilizador y esperanzador comprobar como un sector tan castigado y maltratado como el inmobiliario en España es capaz de sobreponerse a la crisis más demoledora habida hasta la fecha y salir adelante con propuestas, ideas, razones. Esa tozudez que muestran empresarios y profesionales inmobiliarios, empeñados en seguir aportando crecimiento y riqueza, reclamaba, en varias de sus mesas y ponencias, amparo para poder seguir contribuyendo a esa tarea. Y ese amparo lo traducían muchos de sus ponentes en su aspiración y en su exigencia de seguridad jurídica.
Hemos de tender hacia la homogeneización, no sólo de la normativa reguladora del planeamiento, que como vemos por las escasas diferencias autonómicas, es una realidad bastante apreciable, sino fundamentalmente de la ingente y dispar normativa referida a la gestión urbanística, lo cual aportará la cordura de que hablaba a la multiplicación progresiva de normas de ejecución y de gestión urbanísticas. Y ello no está reñido en absoluto con el respeto y fomento de la diversidad territorial. Esa homogeneización aportará mayor seguridad a las empresas que promueven en todo el territorio, contribuyendo no solo a la consolidación de la recuperación en que nos encontramos sino a consolidar también y a incrementar el volumen de inversión extranjera en el sector inmobiliario español.
Llámenme iluso, pero soy un convencido de la capacidad del sector para afrontar retos mayúsculos como el de promover y procurar soluciones que impliquen grandes pactos. Cierto es que no podrá hacerlo solo. Precisa de la asistencia y de la intervención de las administraciones públicas. Necesita una actuación coordinada de la administración central del estado y de las administraciones regionales y locales.
Esto es más difícil. Me consta que las necesidades apuntadas son conocidas por nuestros dirigentes políticos. Se trata de trabajar y buscar elementos que unan. En el caso del urbanismo español, dicho ha quedado, tradición y un amplio consenso. Iniciativa privada e intervención pública para consensuar el urbanismo del siglo XXI que no necesite de leyes complementarias que garanticen la seguridad jurídica.
Termino como empezaba, dice el refrán que más vale poco y bien arado que no mucho y arañado. Normativa urbanística, poca y uniforme, mejor que mucha y en desorden.
Marcos Sánchez Foncueva es director gerente de Valdebebas
