Sindicatos y patronal pactan una subida salarial de hasta el 3% anual para los tres próximos años

Aconsejan una subida general del 2% más un 1% adicional donde la productividad lo permita

Instan a incluir un salario mínimo de 14.000 euros anuales en los convenios en el horizonte de 2020 o más allá

De izquierda a derecha: Juan Rosell (CEOE); Antonio Garamendi (Cepyme); Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO):
De izquierda a derecha: Juan Rosell (CEOE); Antonio Garamendi (Cepyme); Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO):

Esta vez se ha cumplido el guion. Los máximos dirigentes de las patronales CEOE-Cepyme y de los sindicatos CC OO y UGT acaban de cerrar un preacuerdo para recomendar a sus representantes en las empresas que pacten subidas salariales de entorno al 2% anual, más un 1% adicional, allí donde la productividad y otros indicadores lo permitan, para los años 2018, 2019 y 2020.

Entre los indicadores para que se aplique ese 1% adicional, los firmantes del acuerdo citan, además de la productividad, los resultados, el absentismo injustificado y otros "en base a unos indicadores cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes". El texto sobre este punto añade que "los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de revisión salarial, teniendo en cuenta los indicadores que en cada caso estimen aplicables los negociadores".

Asimismo, este preacuerdo incluye la medida perseguida por los sindicatos de incluir salarios mínimos de convenio de 1.000 euros al mes en 14 pagas. Si bien este compromiso se ha plasmado de la siguiente forma: los firmantes del acuerdo "instan" a que "durante la vigencia del acuerdo, de manera progresiva," se establezca un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales".

Si bien, el texto precisa que "este crecimiento gradual deberá enmarcarse en los propios convenios colectivos existentes vinculándose a su renovación". De esta forma, la recomendación queda postergada hasta que se renueve el convenio colectivo del que se trate, con lo que su aplicación en la práctica podría relegarse en el tiempo incluso más allá del 2020.

Hechas todas estas recomendaciones en materia salarial, los empresarios y los sindicatos hacen un llamamiento a todas las Administraciones Públicas, para que a la hora de adjudicar contratos en el sector público a las empresas tengan en cuenta que cumplen las recomendaciones pactadas hoy por las cúpulas de estas organizaciones.

Enmienda a la reforma laboral

Las cúpulas patronales y sindicales hacen también en este acuerdo una especie de enmienda parcial a la parte de la reforma laboral que puso un límite de un año a la renovación automática de los convenios (conocida como ultraactividad). Antes de la reforma de 2012, si un convenio era denunciado y tras agotarse el periodo de negociación no se llegaba a uno nuevo pacto, se mantenía la vigencia del anterior.

Pero la reforma del Gobierno del PP cambió la ley de forma que "transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación".

Por ello, empresarios y sindicatos han incluido en el pacto firmado hoy un punto en el que recomiendan a sus unidades de negociación en empresas y sectores que "impulsen la renovación y actualización de los convenios articulando reglas sobre vigencia, ultraactividad y procedimiento negociador". De esta forma, articularán lo que la ley tras la reforma prevé como "pacto en contrario" para negociar los plazos de vigencia que más les convengan a las partes.

Es más, coinciden en que "durante los periodos de negociación de los convenios colectivos, estos conserven su vigencia". En este punto proponen, entre otras cosas, respetar la autonomía de la voluntad de las unidades de negociación, "posibilitando la continuidad de las unidades de negociación, primándose para ello la buena fe negocial.

Además, estipulan que "cada una de las partes pueda decidir que la negociación está agotada y, por tanto, instar la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario". Y recomiendan que para solucionar las situaciones de bloqueo en la negociación de un convenio, las partes acudan a los sistemas de solución autónoma de conflictos del ámbito autonómico y estatal.

Próximas negociaciones

Los máximos líderes sindicales y patronales han querido también recoger en este pacto una serie de "acuerdos alcanzados en el ámbito bipartito que deben ser desarrollados en el ámbito tripartito con el Gobierno de España". Esto significa que el diálogo social deberá concretar las siguientes propuestas:

  • Nueva regulación de las subcontratas (artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores). Los firmantes coinciden en que los procesos de descentralización --que se conocen en el argot laboral como externalización-- "no deben incentivar una competencia desleal entre empresas, ni un deterioro de las condiciones de empleo". Con ello apuntan a la posibilidad que no citan expresamente, de que los salarios de los trabajadores de las subcontratas deban equipararse a los de la empresa principal o a los de los convenios colectivos por los que esta última se rige.
  • Nuevas ayudas alternativas a los despidos. Proponen desarrollar una nueva medida par empresas con dificultades económicas, que incentive a estas compañías a hacer ajustes a través de la reducción temporal de la jornada en lugar de despedir a los trabajadores. Se trataría de crear nuevas ayudas que compensen el salario y la protección social recortada a los trabajadores afectados. Y, al tiempo, el establecimiento de ayudas para la formación de estos mismos trabajadores.
  • Reforma integral del actual sistema de formación de los trabajadores. Pretenden llegar a un acuerdo que, entre otras cosas, defina con mayor claridad el papel de empresarios, sindicatos, administraciones y entidades de formación. Que asegure la financiación del sistema y la reanualización automática de los excedentes y que abra nuevos procedimientos de asignación de recursos; así como que aumente la seguridad jurídica de los usuarios del sistema.
  • Control del absentismo. Las partes proponen la creación de un observatorio que en 6 meses emita un informe a partir del cual se puedan realizar pruebas piloto para mejorar las ausencias injustificadas al trabajo.
  • Jubilación. Reclaman un cambio legal que vuelva a permitir que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa de los trabajadores cuando cumplan la edad ordinaria de jubilación y tengan el derecho a la pensión completa.
  • Nuevo procedimiento arbitral para poder cobrar las prestaciones por desempleo, por ejemplo, en el caso de finalización de un contrato de común acuerdo.
  • Otros: Los firmantes también proponen un plan contra la economía sumergida; recuperar el contrato de relevo inicial; un plan integral para favorecer la igualdad salarial.

Los antecedentes del pacto

El año pasado las cúpulas de las organizaciones patronales y sindicales fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué recomendaciones daban a sus representantes en empresas y sectores para negociar los convenios colectivos. Las demandas salariales de los sindicatos, sobre todo la exigencia de cláusulas de revisión salarial en un escenario de repunte de la inflación, dio al traste con las negociaciones y no hubo acuerdo de negociación colectiva.

Sin embargo, la firma de los convenios colectivos ha seguido su curso sin estas recomendaciones, por lo que el mensaje que se daba desde las direcciones patronales y sindicales no era demasiado bueno: el acuerdo no hacía tanta falta para que los salarios siguieran subiendo moderadamente. De hecho, actualmente ya hay casi seis millones de asalariados que han pactado un incremento salarial medio para 2018 del 1,59% hasta mayo.

Aunque pudiera parecer extraño, las mayores presiones para volver a intentar este acuerdo este año llegaron desde el anterior Gobierno del PP. Y, en concreto, desde su ministerio de Empleo, donde la ex ministra, Fátima Báñez, intentó de todas formas que los empresarios y los sindicatos acordaran una subida de salarios que animara o, al menos, sostuviera la demanda interna como motor del crecimiento económico.

Este año, las negociaciones no parecía que fueran por buen camino. Los sindicatos partían de una exigencia mínima de subida salarial del 3,1% y los empresarios ofrecían un máximo de hasta el 3%. Las negociaciones encallaron hace un par de meses y los dirigentes sindicales llegaron a protagonizar una inusitada protesta a las puertas de la sede patronal. Pero el cambio de Gobierno cambió también las posturas de unos y otros y lo que eran escollos insalvables, se han convertido en un pacto trianual en poco menos de tres semanas.

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