Valerio no derogará la reforma laboral pero intentará cambiarla con acuerdos
La ministra da prácticamente por cerrado el acuerdo salarial entre patronal y sindicatos Admite que hay un problema de ingresos en el sistema de pensiones y no descarta ningún impuesto para completar su financiación
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha confirmado hoy que el nuevo Ejecutivo socialista no va a derogar la reforma laboral del 2012 tal y como defendió el PSOE insistentemente durante las últimas campañas electorales. No obstante, el Gobierno iniciará inmediatamente un diálogo social tripartito con patronal y sindicatos para intentar cambiar esta reforma con acuerdos.
"Cuando se está en el Gobierno, se tienen mayores dosis de pragmatismo y este Gobierno es consciente del lugar y peso que ocupa y de la difícil aritmética parlamentaria que tiene". De esta forma, Valerio ha justificado hoy que su Ejecutivo no está en disposición de realizar esta derogación de la reforma laboral fundamentalmente por su debilidad en el Congreso donde solo tiene 84 escaños. "Nos encantaría tener los 202 diputados que tuvo Felipe González pero aún no los tenemos, aunque vamos a trabajar para ello", ha dicho la nueva ministra.
Valerio ha confirmado este punto tras entrevistarse hoy en Moncloa durante dos horas y junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los máximos líderes sindicales de CC OO y UGT y patronales de CEOE y Cepyme. En dicho encuentro, a los representantes empresariales les ha quedado claro que el Gobierno no derogará los cambios hechos por su predecesora, Fátima Báñez en la normativa laboral. "Los términos en política son unos y en la vida real son otros", ha dicho el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi para resaltar que no se producirá dicha derogación anunciada por el PSOE.
Sin embargo, los sindicatos han considerado que el Gobierno ha estado "reservón" a la hora de precisar qué planes tiene en materia de reforma laboral, en palabras del secretario general de CC OO, Unai Sordo. De hecho, su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido que, si el Gobierno no lograra modificar la normativa laboral con un acuerdo con patronal y sindicatos, legisle para derogar la reforma de 2012.
Valerio ha rechazado también esta posibilidad, por el mismo motivo: la debilidad parlamentaria. Y ha explicado que para legislar unilateralmente, el Ejecutivo tendría que usar la vía del Real Decreto Ley "y ahora no sería fácil convalidar un decreto; somos realistas, hay que cambiar la metodología de trabajo".
Por eso, la responsable de Trabajo ha anunciado una lista de una decena de asuntos con los que intentará llegar a acuerdos con patronal y sindicatos antes de que acabe la legislatura; y buscará también apoyos parlamentarios para reformar la ley laboral. Además, pretende crear un grupo de expertos que estudie “la creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI en el escenario de de 2020”.
Entre estos asuntos que formarán la agenda de medidas laborales y sociales del nuevo Gobierno están algunos de los puntos más polémicos de la reforma laboral. Así Valerio citó expresamente la necesidad de revertir la primacía de los convenios colectivos de empresa sobre el resto de acuerdos sectoriales y que estos últimos vuelvan a ser los prioritarios. Asimismo ha mencionado cambios para recuperar la ultraactividad de los convenios, que hacen que sigan vigentes hasta que haya uno nuevo y que la reforma laboral limitó a doce meses. También ha precisado que quiere modificar la legislación en materia de subcontratas para lograr la equiparación salarial entre los trabajadores de la empresa contratante y la subcontratada. O de reformar los contratos de relevo y la implantación de un sistema de ayudas a la formación a trabajadores que se vean inmersos en un expediente de regulación de empleo temporal.
Valerio también ha hecho mucho hincapié en que el Gobierno quiere reforzar notablemente las labores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para atajar el abuso de la contratación temporal y el fraude en los contratos a tiempo parcial que, según ha dicho, propician que se hagan 9 millones de horas extra irregulares a la semana y dejen de cotizarse 2.000 millones de euros a la Seguridad Social al año. Los falsos autónomos también estarán en el punto de mira de la Inspección, a la que Valerio quiere dotar con más medios personales y económicos.
La agenda de reformas laborales se completa con mejoras en la prevención de riesgos; la igualdad de género y el trabajo de las mutuas de la Seguridad Social y del sistema de formación de los trabajadores.
El presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo también han pedido a patronal y sindicatos que firmen cuanto antes el acuerdo salarial y de negociación colectiva hasta 2020. Valerio ha dado prácticamente por cerrado este acuerdo, que incluiría una recomendación de subida salarial anual del entorno del 2% y un variable en las empresas y sectores donde la productividad lo permita, que aunque los empresarios han dicho que no estaba cerrado, podría llegar a un 1% adicional. Asimismo, Valerio ha destacado que dicho acuerdo pueda incluir la fijación de un salario mínimo para los convenios colectivos de 1.000 euros mensuales en 14 pagas (14.000 euros anuales).
Las pensiones han ocupado también una buena parte del encuentro de Sánchez y Valerio con empresarios y sindicatos, según ha reconocido la propia ministra. En este punto, la titular de la Seguridad Social ha sido muy clara: “hay un problema de ingresos en el sistema de pensiones”. Tras criticar al anterior Gobierno del PP que, según ha dicho “estuvo seis años mirando hacia otro lado” para no resolver dicho problema, ha apuntado a la necesidad de “reordenar y racionalizar los gastos del sistema”. En este sentido ha dicho que las cotizaciones solo deben costear las pensiones contributivas y que el aumento de ingresos debe venir por la vía de los impuestos.
En concreto, ha planteado tres posibilidades para incrementar los ingresos fiscales y completar con ello la financiación de las pensiones: la creación de dos impuestos, uno a la banca y otro a las transacciones financieras, que propone el PSOE; la tasa tecnológica a las grandes empresas digitales, o a través de los impuestos generales (IRPF, IVA, sociedades etc.), algo que los socialistas no barajaban
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