La JUR decide este mes si publica el informe por el que disolvió Popular hace un año

La OCU pide revisar las cuentas desde 2012 a la luz de las actas de la entidad

Un juez anula una compra de títulos entre particulares de marzo de 2017

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Exceptuando la jurisdicción militar, la desaparición de Banco Popular en la madrugada de hace un año ha acabado por alimentar prácticamente todos los frentes judiciales existentes. Mientras que los grandes inversores han plantado batalla por la vía contencioso administrativa ante la Junta Única de Resolución Europea (JUR) que decretó la disolución de la entidad, algunos particulares vienen optando por reclamar su dinero mediantes demandas civiles y la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre las posibles responsabilidades penales de sus gestores.

Pese a la movilización de potentes bufetes de abogados internacionales, la primera de las batallas legales aún no ha permitido a los grandes accionistas de Popular acceder a la documentación íntegra que justificó la decisión de las autoridades de resolver Popular y venderlo a Banco Santander por un euro simbólico.

La versión parcial desvelada del informe encargado a Deloitte no detalla por qué se negó liquidez de emergencia al banco para insuflarle unos días de vida o cómo se calculó la magnitud del agujero, mientras que el informe definitivo del mismo auditor, que debe evaluar si la opción tomada fue la mejor, aún está por publicar.

Tras los recursos presentados, sin embargo, el panel de recursos de la JUR debe decidir antes del 29 de junio si hace públicos nuevos documentos del caso o desclasifica los párrafos clave censurados del informe que propició la resolución, explica el abogado Bernardo Cremades Jr. En paralelo, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha admitido las demandas de cinco grandes grupos de accionistas (los Del Valle, los Luksic, Eleveté Invest Group -de los herederos de Luis de Vall-, los fondos que lidera Pimco y la sindicatura de accionistas de Popular) y de una bonista particular, contra la decisión de la JUR lo que ha dejado en suspenso las acciones contra el FROB.

Algunas de las dudas que persistían, en todo caso, han comenzado a aclararse gracias a la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que, entre otras pruebas, ha recopilado las actas de todos los consejos de administración de Banco Popular desde 2014 hasta su última cita, el 6 de junio de 2017.

Los documentos revelan, entre otras cosas, la magnitud de la fuga de depósitos que sufrió el banco en sus últimas semanas (con 3.000 millones de salida solo en el último día) o, como avanzó este diario, que los responsables de Popular eran conscientes de que la entidad arrastraba severos errores contables desde antes de 2014. La OCU y el abogado Felipe Izquierdo ya han pedido retrotraer las pesquisas a 2012.

“Las novedades que proporciona el procedimiento penal confirman que la inviabilidad de Banco Popular se remonta a años antes de la intervención. Con estos hechos decae la vía de reclamar a las autoridades por expropiación”, expone el abogado Fernando Zunzúnegui, responsable del bufete que lleva su apellido, destacando que “la mayor parte de los inversores perjudicados están a la espera de conocer los dictámenes que los peritos del Banco de España deben presentar en la Audiencia Nacional” para decidirse a litigar.

“Estamos ante un Bankia II, si bien en este caso no es probable que se reembolse la pérdida a iniciativa del propio banco. Con Bankia la devolución a los accionistas de la salida a Bolsa, corrió a cargo de los contribuyentes, sin embargo, en Popular el reembolso corre a cargo del Grupo Santander. Habrá que acudir a los tribunales para reclamar por falsedad del folleto” de ampliación de capital de 2.500 millones de junio de 2016, concluye Zunzúnegui.

A la vez, se han dictado ya una decena de sentencias por demandas civiles de accionistas particulares. Buena parte de los fallos están siendo contra Santander. Los de menor cuantía son firmes y el resto están siendo recurridos. A su vez, Lean Abogados logró anular una venta de acciones entre particulares, de marzo de 2017, al asumir el juez que el banco mentía en sus cuentas.

Cuentas opacas en Luxemburgo

Nuevo frente. Una de las últimas irregularidades investigadas en torno a Banco Popular es la presunta red de financiación opaca que la entidad habría tejido desde Luxemburgo a través de la firma Thesan Capital, según las pesquisas de la Agencia Tributaria, señala Bernardo Cremades Jr, del bufete Cremades y Asociados, subrayando que esto confirmaría “prácticas altamente dudosas no reflejadas en la contabilidad” que dan munición a los litigantes.

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