Un mercado de trabajo que funciona bien y debe seguir haciéndolo

Las cifras de empleo de mayo muestran la buena salud de la economía, aunque haya aspectos que se puedan mejorar

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha despedido con un contundente dato de creación de empleo: 237.207 nuevos cotizantes a la Seguridad Social, el mejor mes desde julio de 2005, condicionado por la regularización extraordinaria de inmigrantes. El buen comportamiento del mercado en el quinto mes del año resiste el análisis desestacionalizado (que descuenta el efecto calendario) y arroja también el mejor dato desde octubre pasado. La Seguridad Social cuenta ya con 18,91 millones de afiliados, una cifra que España no veía desde 2008, justo antes de la crisis. Hay otros signos de fortaleza: las altas se están comportando de forma homogénea y no se han destruido puestos de trabajo en ningún sector de actividad económica, la afiliación ha sido récord también en empleo femenino y se ha hecho sentir con fuerza en autónomos.

De no haber mediado la crisis política que ha desembocado en el cambio de Gobierno y en la llegada de Pedro Sánchez al poder, los datos de mayo habrían sido un signo más de vigor en un mercado de trabajo que aún tiene problemas que corregir –la precariedad y la temporalidad, fundamentalmente– pero que ha alcanzado cierta madurez y refleja bien el comportamiento de una economía en crecimiento. La preocupación, presente en algunos ámbitos empresariales, ante la posibilidad de que Sánchez abogue por dar un giro brusco a la política económica que incluya revertir la reforma laboral en vigor puede ser comprensible, especialmente dada la compleja aritmética de apoyos que tendrá que manejar el nuevo Ejecutivo. Pero a día de hoy, con las cifras de empleo sobre la mesa, sería de una miopía no solo económica, sino también política, considerable trastocar un mercado de trabajo que funciona. Ello no excluye la oportunidad de dar alguna vuelta de tuerca a la legislación con el fin de mejorar la calidad y reducir la elevada temporalidad; pero más allá de eso, reintroducir en el mercado de trabajo viejas rigideces que provienen, en algunos casos, de las leyes laborales proteccionistas del franquismo, sería un error que ni España ni el nuevo Gobierno se deben permitir.

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