En CEOE analizamos los datos, no hacemos política

La crítica de la patronal a los Presupuestos es objetiva frente a unas cifras difíciles de cumplir

Juan Rosell, presidente de la CEOE
Juan Rosell, presidente de la CEOE

Eso es lo que intentamos hacer en CEOE: análisis y valoración objetiva y rigurosa de las iniciativas políticas que se plantean. En este caso, sobre los PGE-2018 y con los números en la mano, decimos lo que consideramos es bueno (o no tan bueno) para la actividad económica y las empresas que representamos.

Si decimos que nos parece difícil cumplir el objetivo del déficit en 2018 es por la reducción que tiene que acometer la Administración central. Se estima que en 2018 el déficit público del conjunto de las Administraciones públicas se situará en el -2,2% del PIB.

En el desglose por niveles, la Administración central reduciría su saldo negativo del -1,9% del PIB en 2017 al -0,7% del PIB en 2018, un recorte de más del 50%, lo que a priori parece difícil de alcanzar, dados los resultados de los últimos años en este nivel de las Administraciones públicas. Basta mencionar que su objetivo para 2017 se cuantificó en el -1,1% del PIB, si bien su saldo final casi se situó en el -2% del PIB.

Si decimos que el gasto para actividades económicas es insuficiente es porque la dotación en los Presupuestos de 2018 sigue siendo un 18,8% inferior a la dotación del año 2007, frente a un crecimiento del 21,6% del total del gasto. En 2018, el gasto en actividades económicas supone el 8,4% del total del gasto.

Hay que tener en cuenta que esta ratio está muy alejada de las que se registraron en los Presupuestos correspondientes a los ejercicios de los años 2004 a 2008, donde se llegó a superar el 12%. No debemos olvidar que este tipo de políticas son las que tienen un impacto directo sobre la creación de empleo y la modernización de la economía española. Por ejemplo, lo que se destina a comercio y pymes es el 0,3% del gasto total.

Si decimos que el gasto social aumenta es porque los datos presupuestarios así lo reflejan con un 33,5% en el periodo 2007-2018 y, de hecho, pasa a concentrar el 55,6% del total del gasto, cinco puntos más que en 2007. En ningún momento se aboga por disminuir el gasto social o mucho menos que se dejen de prestar determinados servicios.

Lo que defendemos es que se busquen vías para que la prestación de los mismos se realice de manera más eficiente. Por ejemplo, evitando duplicidades entre Administraciones públicas (un servicio por cada nivel de Administración) o a través de la racionalización de los entes, fundaciones y empresas públicas, sobre todo aquellas que no tengan una utilidad clara para el ciudadano.

Si decimos que es necesaria una mejor gestión del gasto público es porque los datos han puesto de manifiesto que queda un porcentaje de gasto sin ejecutar, siendo significativo en algunas partidas como la inversión pública o la I+D+i. Por ejemplo y sobre esto último, los datos que ofrecen sobre la liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente al año 2016 apuntan a que el presupuesto definitivo ascendió a 5.041,5 millones de euros.

Sin embargo, la cifra de ejecución presupuestaria (pagos realizados sobre créditos definitivos) fue de un 30,0%, cifra similar a la que se obtuvo en el año 2015. Las estimaciones para 2017 apuntan en la misma dirección. Si decimos que los ingresos están sobreestimados es porque las previsiones de ingresos tributarios se vienen incumpliendo sistemáticamente desde 2008. Con variaciones nada desdeñables que van desde 30.082 millones de euros en 2008 a los 2.863 millones de euros en 2017, pasando por los 45.561 millones de euros de 2009.

Si decimos que la presión fiscal empresarial es muy alta y es necesario bajar los impuestos a las empresas es porque su tasa efectiva de gravamen se sitúa en el 30,3%, es decir, casi 10 puntos por encima de la media de la UE, según los datos de Eurostat. Además, la recesión supuso la desaparición de unas 300.000 empresas y acumulación de pérdidas en otras muchas que aún no se han recuperado. La deducción es clara, si la recaudación por diferentes impuestos tiene niveles similares a los de 2007 (máximo histórico) con menos actividad económica, quiere decir que la presión fiscal ha subido.

Si decimos que las empresas son solidarias es porque, según también Eurostat, la proporción de recaudación que en España procede de las empresas es considerablemente superior a la media europea ya que los ingresos públicos que aportan las empresas respecto al total (la parte de la tarta tributaria que aportan las empresas) es en España del 30,4%, mientras que la media de la eurozona es del 26,2%.

Es decir, la parte de la recaudación total que aportan las empresas es su contribución a la cohesión social, y es muy superior a la media de la eurozona.

Y por último, sí decimos que hay que subir salarios. Y además por encima de lo que sectores y empresas están firmando. Con datos a 31 de marzo, los convenios se están firmando a una media del 1,53%. Por ejemplo, CC OO ha firmado al 1,9% y UGT al 1,8%.

Nosotros estamos ofreciendo hasta el 2%, más un porcentaje variable en función de objetivos, como reducir el absentismo, productividad, ventas, etc. Inexplicablemente se rechaza. Estos son los números, que entiendo son más aburridos que la polémica demagógica e interesada, desgraciadamente, de tanta actualidad.


(En respuesta a la tribuna publicada el pasado 27 de abril en estas páginas por Javier Lasarte, portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso).

Bernardo Aguilera es Director de economía y asuntos europeos de CEOE

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