Las cuentas impotentes de la mitad de la mitad
Cuidan la actividad y consolidan el rigor fiscal, pero evitan reformar pensiones y finanzas regionales
El proyecto de Presupuestos de 2018 que el Gobierno llevó ayer por imperativo legal a las Cortes no rompe nada, no resta, no pone trabas a la actividad económica, que no es poco; incluso su pretendida neutralidad puede considerarse proactiva con la actividad económica, dada la intervencionista tradición de los gobiernos de crear figuras impositivas y capítulos de gasto continuamente que restan capacidad a la generación de riqueza. Las cuentas públicas incrementan el gasto, como siempre hacen, pero lo hacen sin agotar el crecimiento nominal del PIB, y le proporcionan margen para repartir pequeños aguinaldos a las rentas más bajas en la nómina del Estado (pensiones sobre todo), elevar la inversión y los sueldos de los funcionarios; pero no dan para acreditar calificativos de electoralistas o ni siquiera expansivas o procíclicas, porque sería muy ingenuo pretenderlo con un sobrecoste de poco más de mil millones de euros en una factura de Seguridad Social de 144.000 millones. Todo lo contrario: si el gasto crece menos (2,7%) que el PIB nominal (4,3%) y sensiblemente menos que los ingresos tributarios (4,6%), hasta el punto de permitir una nueva reducción del déficit presupuestario (hasta el 2,2%), y eleva la presión fiscal (hasta el 38,3% del PIB) es un presupuesto contractivo.
El gasto social crece porque es su naturaleza en una sociedad que garantiza los derechos pasivos de los perceptores de rentas públicas, aunque se limita a la sanidad, la educación y las pensiones, mientras que la factura del desempleo se plancha y se acerca a los mínimos cíclicos por el agotamiento de las prestaciones contributivas tras el fin del ajuste del mercado de trabajo. La partida de las inversiones sube, pero ha sido y sigue siendo la gran víctima del ajuste presupuestario de los últimos años en unas cuentas en las que la capacidad discrecional del Gobierno central se reduce sensiblemente por imperativo de los mercados financieros y recomendación de los socios comunitarios.
No hay que quitarle mérito a la política presupuestaria de los últimos años en su contribución a la estabilización de la economía y a la mejora de su financiación, tanto de las facturas públicas como privadas. Aunque la deuda pública cede muy lentamente (bajará al 97% este año), las cuentas han devuelto la confianza a los financiadores externos, ahora los primeros compradores de las emisiones del Reino de España, y la factura hipotecaria sigue cediendo hasta el 2,6% del PIB, mejorando el coste medio de las emisiones vivas y estirando la vida media de los títulos para desestresar la dependencia anual de las refinanciaciones.
El propio Montoro admite que estamos mejor que en 2008 para afrontar subidas de tipos de interés, que llegarán inequívocamente, pero no desconoce que hay que proseguir con el desapalancamiento público y privado, porque la posición internacional de inversión de España sigue en números francamente delicados, con una deuda externa neta de cerca del 90% del PIB y volúmenes sujetos a refinanciación recurrente muy importantes. Por tanto, y cruzando los dedos para que no pase nada de aquello que no depende de nosotros, el rigor en el gasto sigue siendo imperativo y mantener bajo siete llaves los costes también para mantener los niveles de competitividad de la economía y prolongar el ciclo de superávit por cuenta corriente unos cuantos años más.
Y en materia de rigor y disciplina el Presupuesto de 2018 sí hace su parte, sí logra llevar el déficit al 2,2% del PIB, cuya consecución no se pone en riesgo porque se equiparen los sueldos de los policías o se abra (poco) la mano con los pensionistas y (bastante) con los funcionarios. Logra uno de los tres grandes objetivos fijados para este año por la gestión pública, cual es sacar a España del protocolo de déficit excesivo que mantiene al país bajo vigilancia europea desde hace una decena de años.
Pero hasta ahí los logros de unas cuentas impotentes para resolver las grandes cuestiones que en manteria financiera le estaban encomendadas. Encomendadas a la legislatura, pero cuyas posibilidades reales se reducían a las cuentas de este año, porque las de 2017 eran inapropiadas por estar el PSOE en ebullición y las de 2019 y 2020 desquiciadas por los procesos electorales.
Las cuentas de 2018, si pasan el filtro de las Cortes, pueden ser las que proporcionen el combustible para mantener viva la legislatura hasta su término natural; pero eran las que debían incluir ya los dos hitos presupuestariamente más importantes pendientes, y que pueden seguir pudriendo las expectativas políticas hasta otra legislatura: la reforma que haga sostenible el sistema de pensiones y la que ponga orden en las finanzas autonómicas y locales. Sin tales contenidos son unas cuentas de transición que contienen la mitad de la mitad de lo que deberían reportar.
Por la reforma de las pensiones estamos esperando desde que en verano de 2015, cuando Rajoy convocó las elecciones que desembocaron en la legislatura non nata de los ombligos, este advirtiera que hacer sostenibles las pensiones públicas era la gran tarea política compartida de esta legislatura. Desde entonces los partidos políticos han dado vueltas y vueltas a los procedimientos en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, y ... humo, mucho humo, pero ni una propuesta de consenso. A la responsabilidad de los políticos apelan todos los políticos que no se ponen de acuerdo con los políticos. En un inusitado discurso de complacencia, el ministro de Hacienda pidió ayer que “no se haga política con las pensiones”, que “los menores de 45 años que dicen en las encuestas que creen que no van a tener pensión están equivocados”, que “la Seguridad Social no está quebrada”, que “las pensiones son parte del Estado”, que “cuando crezca el empleo y los salarios no habrá déficit”, etc. y en un arranque rousseauniano llegó a decir que “la Seguridad Social es un contrato social que obliga a todos dentro de una sola Administración pública”. Vaya: que no hay riesgo alguno.
Estamos de acuerdo: se pagarán siempre, pero es inexcusable buscar nuevos recursos para equilibrar el sistema más pronto que tarde. Aunque haya una sola caja pública común, una simple contabilidad analítica revela que la Seguridad Social tendrá este año un déficit de explotación, para hablar en términos empresariales, de 18.990 millones de euros, que será sufragado con dos simples apuntes contables (así los llamó Montoro), cuales son un crédito (recurrente) del Tesoro de 15.164 millones y una aportación del Fondo de Reserva de 3.826 millones; que los recursos por cotizaciones cuando más vigoroso es el empleo (cinco empleos nuevos por cada pensionista nuevo) avanzan un 3,9%, mientras que el crédito en pensiones antes de llegar al momento crítico del retiro del baby boom avanza un 4,1%; y que no es normal que el sistema de pensiones absorba ya más de la mitad del déficit fiscal estimado, y pronto, todo él.
El Estado tiene capacidad financiera suficiente para emitir y pagar las pensiones. Pero carece de sentido costear una parte notable de las pensiones con la manivela de la deuda, porque un buen día, cuando suban los tipos de interés, los financiadores que tanto cariño nos tienen nos echarán el alto y nos exigirán esa reforma de la Seguridad Social que no tiene pinta de que esté disponible en los cuatro años de esta legislatura convulsa y huera.
Sobre la financiación autonómica, cuatro años prorrogada, estamos en las mismas. La situación política de Cataluña ha pringado todo tanto, que se hace imposible pensar en un pacto sobre financiación ahora, manteniendo un mecanismo creado desde los fundamentos de 2006, de una España artificiosamente rica, y que tienen que ser corregidos para hacerlos sostenibles, solidarios y suficientes.
Las comunidades tendrán que conformarse con los pequeños alivios que puedan obtener en la carga de su endeudamiento si logran cumplir la regla de gasto y los objetivos de déficit que se fijen en el Consejo de Política Fiscal, y que podrían limitarse a liquidaciones negativas de sus saldos con el Estado cuando proceda.
En conclusión, un Presupuesto pobre para las expectativas que albergaba, pero que puede convertirse en la piedra angular sobre la que Rajoy sostenga el hilo de una legislatura condicionada por citas electorales de las que cabe esperar poco, salvo más fragmentación política y menos empeño práctico en el consenso que los españoles, en síntesis, piden.
Pero para que estas cuentas tengan ese balsámico precepto precisan ser aprobadas por 176 diputados, una suma que el Partido Popular y sus socios explícitos no tienen todavía porque, también por la contaminación catalana, el PNV se hace el tonto tras arrancarle a Rajoy la mejor relación fiscal con el Estado que se recuerda. Montoro quiere que las cuentas entren en vigor el primero de julio (cuando serían efectivas las rebajas fiscales), y pide al PSOE que haga abstracción de su ideología y preserve la estabilidad política, y al PNV que su situación financiera diferencial no puede romper los equilibrios de la política.
Estos condicionan toda negociación a levantar el 155 en Cataluña y aquellos alegan que no aprobarán unos presupuestos del PP, ni aunque las pensiones suban el doble de lo que pedían en la calle con los pensionistas. Si no hubiere Presupuestos para este año, y tales subidas fuesen por decreto, ¿las convalidaría el PSOE, por muy low cost que sean? Si el proyecto no pasa el corte de las Cortes, pocas más opciones que elecciones tiene Rajoy. ¿Le convienen a alguien?