Esta reforma no servirá para arreglar la jubilación

Falta medidas como el fin de la base máxima de cotización o la flexibilización de la edad de retiro

Esta reforma no servirá para arreglar la jubilación

El nuevo Real Decreto que acaba de aprobar el Gobierno está destinado a impulsar los planes de pensiones privados que sirvan como complemento de las pensiones públicas. Para ello, a partir de 2025, va a permitir rescatar todo lo ahorrado a través de los planes y fondos de pensiones privados con al menos 10 años de aportaciones, así como la aplicación de unas sensibles rebajas en las comisiones.

Se trata de un leve intento de dar aire al sistema público de pensiones apelando única y exclusivamente a la “responsabilidad individual” de cada uno, incentivando el ahorro privado, y que se une a la reforma del Gobierno de Zapatero que entró en vigor en el año 2013, por la que se ampliaba la edad de jubilación. A esta medida posiblemente se le vayan sumando otras en un futuro, tales como la propuesta formulada por la ministra de empleo, Fátima Báñez, sobre la posibilidad de aumentar el número de años cotizados que se tienen en cuenta a la hora de calcular la pensión de jubilación.

Estas medidas se antojan del todo insuficientes y parecen asentarse sobre un alto grado de improvisación por parte del Gobierno, que se limita a la aprobación de pequeños parches y se muestra incapaz de acometer una reforma integral en consenso con todos los partidos políticos que remodele el sistema entero desde sus cimientos. Se echan en falta medidas que irían acorde con los principios acordados en el Pacto de Toledo, tales como la eliminación de la base máxima de cotización y que implicaría un claro apoyo al principio de solidaridad sobre el que se asienta el sistema; la flexibilización de la edad de jubilación para aquellas personas que decidan seguir dentro del mercado laboral complementando el cobro de la pensión y de su actividad laboral; el aumento de los controles e inspecciones que impidan el fraude tanto en los accesos a las pensiones, como en el pago de las cotizaciones; o simplificar e integrar los regímenes especiales quedando encuadrados en un único régimen general de la Seguridad Social.

La OCDE ya ha instado a que se inicie sin mayor demora dicha reforma, ya que estamos a la cola de los países desarrollados y en el año 2050, nuestro país será el segundo más envejecido del mundo. Nuestro sistema de pensiones actual fue ideado en un momento en el que había un ratio de más de cinco trabajadores por pensionista, situación que en el 2050 se habrá revertido, habiendo poco más de una persona en edad de trabajar por cada mayor en edad de jubilación, a lo que hay que sumar las altas tasas de desempleo. En definitiva, nos hemos mostrado incapaces de mantener una economía robusta capaz de generar suficientes puestos de trabajo que nos permita mantener el estado de bienestar basado en las cotizaciones de los trabajadores en activo.

Dicho lo anterior, la clave de las jubilaciones en estos momentos pasa por una combinación del ahorro privado y de las pensiones públicas, si bien esta solución necesita de una clara reeducación de la sociedad española debido a la desinformación de la misma en esta materia, pues el 70% de la población considera que está poco o nada informada, desconociendo por ejemplo el número de años mínimos cotizados para acceder a una prestación contributiva por jubilación, ignora la cantidad real que percibirán de pensión, así como las cotizaciones que han efectuado a lo largo de su vida laboral, etc.

Sin una previa campaña de concienciación en la sociedad, el comenzar a dotar de responsabilidad individual a los contribuyentes para incentivar su ahorro privado de cara a la jubilación y evitar el colapso del sistema público de pensiones, no sólo se consideraría improvisado, sino se podría calificar de temerario, puesto que en el momento actual, casi la mitad de la población no tiene contratado ningún tipo de producto de ahorro privado. Debemos ser conscientes que los españoles no se han caracterizado tradicionalmente por su cualidad de ahorradores, por lo que apelar a la libertad de los mismos a fin de complementar las pensiones públicas sin duda se trata de un error.

Así pues, es necesario plantearse si durante un período de tiempo será necesario exigir el ahorro privado o al menos, facilitarlo a través de un mediador que ejerciese no sólo como formador o asesor, sino que pusiera los medios necesarios para ello, papel esencial que tiene que tener el tejido empresarial al igual que ya ocurre en otros países. Cuando hablamos de ahorro privado, no sólo hay que pensar en la previsión social individual, sino que también debemos de incluir las previsiones empresariales, entendidas éstas como la cobertura privada que ofrecen las empresas a sus trabajadores como salario diferido que recibirán en el momento de la jubilación, que se pueden estructurar de diferentes maneras y que en mi opinión, sería sobre las que habría que incidir con carácter primordial en un primer momento a fin de reeducar en la faceta privada del ahorro.

En conclusión, el mantenimiento de un sistema de pensiones sostenible pasa tanto por fomentar el ahorro privado a través de diversas iniciativas de las que deben participar todos los agentes sociales, como por una reforma integral del sistema público de pensiones, si bien ambas acometidas se deben de afrontar de manera conjunta y simultánea a través de un plan de actuación ambicioso.

 Alberto González Gómez es Director del Departamento de Derecho Laboral en JL Casajuana Abogados

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