La cuestionada privatización del cierre de las nucleares

Nadal pretende ceder el desmantelamiento a las eléctricas, que rechazan el cambio de reglas

Central nuclear de Cofrentes, de Iberdrola.

De las tres enmiendas energéticas que el Partido Popular quiso introducir en la ley contra la sequía y que el Grupo Socialista rechazó, la más sorprendente es la referida a la privatización del largo proceso de desmantelamiento de las centrales nucleares una vez que estas cierren. Una función históricamente encomendada a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) que, según la propuesta, pasaría a las eléctricas privadas, que recibirían también la parte correspondiente del fondo destinado a este fin, que, entre 1984 y 2005, el Gobierno recaudó de los consumidores a través del recibo de la luz y, desde entonces, de las tasas aplicadas a las propias empresas.

Del dinero acumulado por Enresa, que asciende a unos 4.500 millones de euros, una parte va destinada al desmantelamiento de las plantas y otra, al tratamiento de los residuos radiactivos (de baja, media y alta intensidad). Esta última actividad, que la propuesta del ministro de Energía, Álvaro Nadal, califica de servicio público reservado al Estado, seguiría, pues, en manos de Enresa.

Esta y las frustradas enmiendas sobre los confusos recortes a la retribución de las redes eléctricas y del gas natural, formarán parte de la proposición de ley que el Grupo Popular, a petición de Nadal, tramitará en el Congreso. Esta, fruto del empeño del ministro en sacar adelante estas medidas (en contra incluso del rechazo de muchos de los suyos), se debatirá ya en marzo.

¿A que se debe esta propuesta? La respuesta a esta pregunta es clave para entender el trasfondo de la situación. El ministro de Energía ha venido a reconocer que detrás de la misma está su intención de impedir el cierre del parque nuclear con que amenazan sus propietarias, que ya no consideran rentable el que antaño fue un pingüe negocio.

La medida es una excusa para bloquear el cierre de las nucleares. Si el fondo de Enresa es insuficiente, se podrían subir las tasas

En la creencia (o certeza) de que estos fondos, que se trasvasarían a las empresas, no son suficientes para abordar el desguace de las nucleares que aún están en funcionamiento, Nadal parece convencido de que este cambio de modelo disuadirá a las eléctricas de sus intenciones de clausurar unas centrales que el ministro defiende a capa y espada.

También parece una prueba de su escasa fe en que prospere otra de sus polémicas medidas: la incluida en el proyecto de real decreto que endurece los requisitos para que las empresas puedan cerrar centrales de generación de cualquier tipo de tecnología. Pero,mientras para una planta de carbón, por ejemplo, su titular debe pedir permiso para echar el cierre, en el de las nucleares el sistema es el contrario: son las empresas las que deben pedir a voluntad autorización para renovar la licencia cada 10 años.

Si el cambio en la financiación del desmantelamiento de las centrales atómicas responde a una estrategia del ministro, la cuestión es seria, pues es dejar en manos de las empresas procesos delicados y largos en el tiempo: la primera central que se cerró en en España fue la de Vandellós I en 1988, como consecuencia de un grave accidente, no se considerará totalmente desmantelada hasta 2028, año en que está previsto retirar el sarcófago que la cubre.

Si, en cambio, el motivo es que el Gobierno ha descubierto la escasez de un fondo diseñado para costear el desmantelamiento del parque a medida que fuese cumpliendo su vida útil de 40 años, la cuestión no resulta menos grave. El que la caja de Enresa sea insuficiente para sufragar el desmantelamiento de las nucleares no es motivo para ceder esta tarea a las empresas, que construyeron las plantas sin la condición del desmantelamiento. Si, finalmente, la financiación es insuficiente, siempre es posible incrementarles las tasas destinadas a ello, sin que, como señaló Nadal en su última comparecencia en el Congreso, sea necesario financiar el desfase con dinero público.

 Al final del partido

A falta de conocer el reglamento de una medida de dudosa legalidad y, muy especialmente, qué parte del fondo de Enresa se trasvasaría a las eléctricas y en qué proporción, ya de antemano, estas rechazan la medida.

Una de las afectadas hace la siguiente comparación: "Es como si alguien que espera toda la vida cobrar su pensión de jubilación, dos años antes le dicen que le dan todo lo que ha aportado, sin intereses, y que se las apañe”. Todas apelan a la inseguridad jurídica de una medida que supone “romper las reglas de juego, no a mitad del partido, sino cuando este está a punto de terminar",  en alusión a que hay una central, Almaraz I, cuya vida útil termina en 2020.

Todo apunta, en cualquier caso, a la voluntad firme del ministro de Energía de autorizar mucho más allá de los 40 años, la vida útil de las nucleares españolas. Algo que nadie pone en duda tras el antecedente de Garoña, a la que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el propio Gobierno dieron vía libre para seguir funcionando hasta 2030. Pese a todo, las dos grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, optaron por el cierre.

Una espina que Nadal no ha logrado arrancarse, según sus allegados y que le ha conducido a librar esta nueva cruzada. Aunque las eléctricas , que quieren quitar dramatismo a los cierres , que en cualquier caso serían ordenados, consideran que ellas serían más eficientes en la gestión del desmantelamiento, cederles tan delicada función no es bien visto en ámbitos públicos.

Más allá de que la medida prospere (los socialistas no parecen dispuestos a apoyar al Gobierno, pues lo mismo les da una ley de la sequía que una proposición de ley del PP), la propuesta de Nadal bien puede servir para abrir un importante debate: el de la ineficiente gestión de una empresa que, como Enresa, brilla por su opacidad.

Tutelada por el propio Ministerio de Energía, la falta de transparencia de la compañía (fiscalizada solo por el Tribunal de Cuentas) hace que no se libre de sospechas. Los fondos de Enresa, que, según fuentes empresariales, estarían invertidos ahora al 0%, deberían ser sometidos a luz y taquígrafos, con un desglose escrupuloso de cuánto se destina a gestión de residuos radiactivos y cuánto al desmantelamiento.Y aprobar de una vez por todas un nuevo plan de residuos (el último, sin aprobar, es de 2006 y en él se calculaba la necesidad de alcanzar un fondo de 13.000 millones de euros).

Hasta ahora, además de Vandellós I, está en fase desmantelamiento la central de Zorita y va camino de ello, la de Garoña.El Gobierno quiere que a esta se le aplique ya el nuevo modelo de desmantelamiento privado, que tiene un coste medio de unos 300 millones de euros por cada reactor. Quedarían por clausurar otros siete: los dos de Almaraz y de Ascó; Cofrentes y Vandellós II.