Sin seguridad jurídica no hay formación para el empleo de calidad
Debe abandonarse el sistema de subvenciones en favor de los concursos públicos
La formación para el empleo de oferta es uno de los elementos clave para la capacitación de los trabajadores, tengan o no empleo.
La Ley 30/2015 por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el Empleo se planteó como objetivos garantizar el ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular el de los más vulnerables, y la contribución efectiva de esa formación a la competitividad de las empresas. Con una visión valiente, la Ley introdujo la concurrencia competitiva como el sistema para la valoración de las distintas propuestas de planes de formación de oferta para desarrollar por las entidades o centros de formación.
Este sistema de concurrencia competitiva debía buscar la mejora en los niveles de formación impartida y recibida entre las personas trabajadoras, bien ocupadas o desocupadas, ya que en definitiva lo que procura es la valoración de la competencia y los servicios prestados entre las entidades o centro de formación. La entidad o centro de formación con mayor puntuación, dentro del sistema de valoración establecido por cada convocatoria de ayudas, es el que puede desarrollar su plan frente a otras propuestas con menor puntuación.
Sin embargo, frente a esta normativa existente, que concitó un gran consenso político en su trámite legislativo, incentivando la creación de un sector de la formación moderno y eficaz, capaz de hacer frente a las crecientes demandas de calidad en la formación, se ha encontrado con el mantenimiento de los obsoletos sistemas de convocatorias públicas de subvenciones para el desarrollo de la formación de oferta.
Analizando el sector de la formación en España, vemos que el retraso en las convocatorias públicas de formación para el empleo y la enorme inseguridad jurídica que están provocando estos sistemas de subvenciones, lejos de incentivar las inversiones necesarias para que los centros y entidades de formación puedan ofrecer programas de calidad, modernos, adaptados a las actuales demandas y necesidades de formación insertos en las nuevas tecnologías, etc.
Además, estos sistemas de subvenciones están produciendo la retirada de cientos de empresas formadoras que no ven reconocida su labor como una actividad económica más. Actividad económica que no sólo es vocacional y de enorme utilidad pública, sino que también debe tener su legítimo interés empresarial de mejora y de beneficio, cosa que sin inversión es difícil de lograr y que dentro de este sistema subvencional simplemente es imposible.
El sistema subvencional actualmente vigente dentro de la formación para el empleo de oferta es un sistema absolutamente burocratizado, que además de conllevar un sistema de justificaciones de gasto arduo, laborioso y complejo, se ve acompañado de un inexplicable sistema de pagos en el que el retraso es la norma.
Si las convocatorias públicas subvencionales no admiten el beneficio por un trabajo honradamente realizado, y si las Administraciones, en vez de facilitadoras, se convierten en unas generadoras de incrementos en las cargas financieras, que ya de por sí arrastramos los centros de formación, ¿nos queda algo más que la quiebra y el cierre de los centros de formación?
Como pensamos que la respuesta ofrece nuevas posibilidades y horizontes, encontramos un cambio ya introducido por la Ley 30/2015, que prevé el abandono del paternalista sistema de subvenciones, por un moderno y transparente sistema de licitación mediante concurso público. No es nada nuevo, sino que es aplicar al ámbito de la formación para el empleo de oferta lo que ya se regula para otros ámbitos y actividades en los que la Administración requiere de la participación del sector privado para la prestación de actividades de interés general.
¿Tendríamos las infraestructuras ferroviarias o de carreteras que caracterizan a nuestro país si las empresas concesionarias tuvieran que optar a una subvención sin ánimo de lucro, ofertando su trabajo metro a metro, sin planificación a largo plazo, ni reconociendo que su actividad es una actividad económica ordinaria? No lo creo.
El modelo ahí está. Cúmplase lo que la propia Ley 30/2015 indica. Y en tanto en cuanto las Administraciones no asuman lo que la propia normativa regula, que implementen cuanto antes un sistema simplificado de justificación de costes (liquidación por módulos de costes máximos) y aplíquense lo que la propia Ley de Morosidad indica, para cuando devienen retrasos de años en las liquidaciones correspondientes. No serían un par de medidas inadecuadas, y redundarían en beneficio de todos.
El reto de la formación de las personas trabajadoras requiere apostar decididamente por las previsiones que la propia Ley ya contempló: la creación de un sector económico sólido y a la altura de los requisitos de empleabilidad y mejora de la productividad de nuestra economía. Requiere mejorar los sistemas de identificación de las necesidades formativas, en donde los agentes sociales tienen un papel determinante, pero en el que también debe encontrar su espacio la amplia experiencia sobre el terreno de las propias empresas formadoras.
Y además, no cabe duda que para estar a la altura de las exigencias de nuestra economía, debemos mejorar el contrato de aprendizaje, potenciar el conocimiento por parte de las empresas y los trabajadores de los Certificados de Profesionalidad y hacer una apuesta decidida por la incorporación de las nuevas tecnologías en la formación de calidad, entre otras cosas.
España cuenta con un importante tejido empresarial de formación, que viene de décadas, y que, pese a las dificultades de años pasados, mantiene su vocación por la formación de todos los trabajadores de la mano de las Administraciones Públicas o de forma privada, mejorando las competencias individuales de los mismos.
Llegados a este punto se impone el diálogo entre agentes sociales, empresas formadoras y Administraciones Públicas para mejorar las oportunidades de nuestros trabajadores y contribuir a una rápida y sostenida recuperación económica. Sin duda alguna, la coordinación y colaboración entre las tres partes confluirá en la mejora de nuestro tejido productivo y de todas las personas trabajadoras.
Juan Antonio Sánchez Corchero es presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (Aegef)