El parón en la reforma de la estiba aboca a los puertos a un nuevo conflicto laboral
El sindicato Coordinadora prepara un preaviso de huelga para febrero Urge las reglas para la creación de las ETT portuarias, la subrogación y las prejubilaciones Fomento asegura que tramita lo más rápido posible el reglamento del Real Decreto Ley
Los puertos españoles vuelven a estar en jaque por una amenaza de huelga de los estibadores. El sindicato mayoritario del gremio, Coordinadora, ultima movilizaciones contra Fomento tras protagonizar el año pasado un duro conflicto con el departamento que lidera Íñigo de la Serna por la liberalización de la estiba. Ahora, la nueva batalla se debe al retraso “injustificado” en la articulación del reglamento que debe desarrollar el Real Decreto Ley 8/2017 que abrió el sector a la libre competencia.
Con la reforma de la Ley de Puertos refrendada en el Congreso de los Diputados el 18 de mayo, los estibadores esperaban la aprobación del citado reglamento en septiembre, si se tramitaba por la vía urgente, o en diciembre si iba por la ordinaria.
El preaviso de huelga podría presentarse entre mañana viernes y el arranque de la próxima semana si no hay respuesta de Fomento
Rebasados estos plazos, Coordinadora demandó el pasado viernes por carta al ministro De la Serna información sobre el estado de ese reglamento y la fijación de un calendario para su aprobación. El texto debe abrirse aún a un plazo de alegaciones antes de ser aprobado y, de forma oficial, ni empresas ni representantes de los trabajadores han visto papel alguno.
Mientras llegan las explicaciones, Coordinadora prepara un preaviso de huelga que podría cristalizar en la paralización de los puertos durante distintas jornadas del mes de febrero. Esa advertencia de paro ante la autoridad de Empleo podría presentarse entre mañana viernes y el arranque de la próxima semana. “No está en nuestro ánimo causar problemas al sector, pero sí debemos llamar la atención”, afirma Antolín Goya, máximo responsable de Coordinadora, “el reglamento es esencial para que avancemos en la firma de convenios en los puertos”.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha subrayado esta mañana durante su visita a la feria de turismo Fitur que Coordinadora tendrá respuesta, adelantando que "la tramitación del reglamento es compleja, precisa audiencias y el paso por el Consejo de Estado". El titular de Fomento trata de rebajar la tensión asegurando que "se está actuando con la máxima rapidez". Pero los estibadores quieren plazos concretos.
Negociaciones congeladas
La falta de desarrollo del Real Decreto Ley deja en el aire las ayudas de la Administración a los trabajadores que iban a ser prejubilados. En el acuerdo se habló de compensaciones que alcanzaban el 70% del salario medio en los seis últimos meses de servicio, pero la cifra global, por un máximo de 120 millones, quedó pendiente de que se fijara el número de casos. También está por diseñarse la transformación de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), que trabajan en los puertos en régimen de monopolio y en cuyo accionariado estaban obligadas a participar las empresas de la estiba, en Centro Portuarios de Empleo (CPE) que funcionarán como ETT. Por último, están congeladas las subrogaciones del personal a esos CPE, así como las negociaciones del V Acuerdo Marco del sector en espera del reglamento.
Vuelve a pesar, de este modo, la sombra del conflicto laboral sobre unas infraestructuras básicas para las exportaciones y el aprovisionamiento del país después de que los estibadores mantuvieran paros en el primer semestre de 2017. Fomento cifró el impacto económico de los paros en 110 millones de euros.
El pacto entre la representación de los trabajadores y la patronal Anesco, tras una mediación impuesta por el Gobierno, se firmó siete meses atrás. Un plazo en el que la ausencia del citado reglamento ha creado, a juicio de Coordinadora, un episodio de “incertidumbre jurídica ocasionada por el incumplimiento, hasta la fecha, de los compromisos adquiridos por el ministro con patronal y sindicatos”. Precisamente la CNMC investiga el pacto por si distorsiona la competencia en los servicios de manipulación de carga.
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