Fomento ofrece prejubilaciones con el 70% del salario a la estiba
La oferta de Fomento afecta a quienes están a 60 meses o menos de los 55 años El Gobierno la lleva este jueves al Congreso para su convalidación la reforma del sector
La cúpula de Fomento dio ayer un golpe de efecto en la crisis de la estiba al presentarse, sin previo aviso, en la reunión entre abogados de los sindicatos y la patronal Anesco. El ministro Íñigo de la Serna, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, acompañados por el director general de Empleo, Xavier Thibault, fueron cargados con una propuesta que aprecian “irrenunciable” para desbloquear las negociaciones del convenio sectorial de los estibadores y generar una mayoría parlamentaria suficiente para la convalidación, hoy en el Congreso, del real decreto ley que liberalizará esta actividad en los puertos.
El Gobierno está decidido a sufragar prejubilaciones con el 70% del salario y garantizar la subrogación del empleo. Desde el sindicato mayoritario Coordinadora se manifestó “estupefacción ante el anuncio del ministro sobre la participación de Fomento” en una reunión que consideraban técnica y a la que no estaban convocados los representantes de los trabajadores. “Parece una maniobrar de lavado de cara”, declaró el líder del colectivo, Antolín Goya, minutos antes de coger un avión en Tenerife rumbo a Madrid para asistir esta mañana al Pleno del Congreso en que se vota el real decreto. Compañeros de Goya viajaban en la tarde de ayer con el mismo propósito desde distintos puntos de España con escasas posibilidades de llegar al encuentro que se estaba desarrollando en la sede del Consejo Económico y Social (CES), con la mediación de Marcos Peña.
El de ayer fue un intento de último minuto por parte de Fomento de salvar la votación fijada para hoy en la Cámara Baja. Antes de conocerse la propuesta sobre las prejubilaciones, fuentes del Grupo Socialista afirmaron que solo apoyarán el Real Decreto ley de la estiba si se cerraba un acuerdo entre las partes. Horas después se ratificaban en esa posición: “El Gobierno ha terminado sentándose en la mesa de negociación y ofreciendo la subrogación en una norma, tal y como les demandábamos. Lo valoramos positivamente, pero han llegado tarde y no hay acuerdo. En estas condiciones no podemos dar nuestro voto favorable”, aseguraban desde el Grupo Socialista al cierre de esta edición. “Si el Gobierno termina llevando el real decreto a convalidación es muy probable que salga rechazado, pero ya tiene una propuesta sobre la mesa y solo tendrá que llegar a un pacto con sindicatos y empresas que garantice el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y la paz social”, insistían desde el PSOE.
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En un contexto parlamentario de compleja aritmética para sacar adelante cualquier tipo de propuesta, se da la circunstancia de que tres diputadas de la oposición (de Unidos Podemos, Esquerra y Compromís) estaban de viaje oficial en Nueva York para asistir a una reunión de Naciones Unidas. Ayer adelantaron su vuelta a España para poder acudir al Pleno y votar en contra de la convalidación del decreto. Si gana el respaldo de Ciudadanos y PNV, el PP puede sacar adelante la reforma con mínimas ausencias o abstenciones.
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El plan de prejubilaciones voluntarias al que podrán acogerse los estibadores, según la oferta de Fomento, afecta a quienes están a 60 meses o menos de los 55 años de edad de jubilación. Es decir, podrían retirarse los mayores de 50 años y lo harían con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja. Esta es una de las medidas incluidas en la propuesta de acuerdo que puso ayer sobre la mesa el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Una segunda clave es la garantía de mantenimiento del empleo de los 6.150 estibadores que actualmente forman la plantilla de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). Ese personal podría subrogarse a las empresas de la estiba y Puertos del Estado correría con sus pasivos laborales por una cuantía de 350 millones de euros. En tercer lugar, se articula una comisión de seguimiento a este pacto denominado “tripartito”.