Una reforma laboral para el microcosmos de los puertos

Los sindicatos de la estiba convocan huegas para los días 20, 22 y 24 de este mes contra la liberalización que defiende Fomento

Alejandro Meraviglia

El 70% del flujo comercial de España con el exterior se gestiona en los puertos, según datos que maneja el Gobierno, que los califica de puntos neurálgicos de la economía y en los que conviven intereses públicos y privados. También asegura el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que no tiene más remedio que trastocar el modelo laboral de los poco más de 6.000 trabajadores que manipulan la carga en un régimen de práctica exclusividad, el de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep). La batalla por la liberalización de la estiba ha comenzado.

Nadie se atrevió a abrir este melón antes, pese a los requerimientos de la UE desde 2011 para exponer la estiba a la competencia. Se esperaba un pacto asumible por Bruselas entre patronal y sindicatos, y se temían unas huelgas que finalmente llegan, el 20, 22 y 24 de este mes, y que amenazan con estrangular la economía si van a más. Tampoco ayudó el año de Gobierno en funciones.

Fomento está obligado a actuar ahora –“imponer”, dicen los sindicatos– presionado por una sanción con carácter retroactivo que acumula ya 21,5 millones y que podría caer entre este febrero y marzo. Las empresas de la estiba y navieras también han empujado lo suyo a favor de una profunda reforma laboral. Desde la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), alineada con la opinión del Gobierno, se asegura que la estiba en España supone un 53% del total de los costes de manipulación de las mercancías, ratio que está por encima del 38% de media europea. Este frente empresarial sostiene, a su vez, que los costes portuarios se verían reducidos en un 30% con la citada reforma de la estiba. Se avistan recortes salariales.

El de la mejora de la competitividad del sistema de puertos, junto a la necesidad de cumplir la legislación y sentencia europeas, son los argumentos que reiteran Gobierno y patronal para defender los cambios. Los sindicatos, conscientes del viento que llega desde Bruselas, habían concedido terreno a la reconversión, pero marcando líneas rojas: por mucho que entren nuevas empresas de estibadores en los puertos y que haya libertad para elegir quién descarga los barcos, las centrales sindicales querían mantener un registro de trabajadores en el que se marcaran los requisitos para ejercer la manipulación de carga. Un extremo que queda fuera de la reforma de la Ley que trata de impulsar Fomento, según sostienen, “por la oposición de la CE”. También se ha rebajado a tres años, desde los siete que reclamaban los representantes de los trabajadores, el periodo de transición hacia el nuevo modelo.

Los sindicatos aceptan la liberalización si se mantienen los registros de trabajadores portuarios, figura que Fomento elimina "por imposición de la CE"

• Las bases de la reforma

El sindicato absolutamente mayoritario, Coordinadora, habla de una reforma de la Ley de Puertos que se convertirá, bajo su punto de vista, en un sistema de despido generalizado. Si el actual ordenamiento había conseguido estabilidad en un sector de fuerte eventualidad, ahora esta fuerza laboral asegura temer por sus puestos.

Entre el Gobierno y los administradores de los puertos hay quienes se refieren a la estiba como un sistema medieval de organización del empleo, prácticamente hereditario y cerrado a colectivos como las mujeres y los extranjeros. También cargan las tintas contra el sector hablando de salarios medios de 60.000 euros, con picos de 120.000, que los sindicatos no desmienten. Pero estos explican que el 85% de la base salarial está relacionada con el grado de producción. Si los puertos ganan, ellos ganan. Y 2016 ha sido un año récord.

La Ley de Puertos de 2010 estableció que las empresas estibadoras deben participar obligatoriamente en el capital de las Sagep, con cuyo personal han de cubrir prioritariamente su actividad. Contra estos corsés, la CE ya envió a finales de 2011 un requerimiento a España exponiendo que el régimen de los trabajos portuarios era contrario al artículo 49 del Tratado Europeo, sobre la libertad de establecimiento. Después fue el tribunal de Justicia de la UE quien dictó sentencia, en diciembre de 2014, contra la estiba.

Grupos de la estiba como APM y TTIA, ambos asentados en el puerto de Algeciras, se desmarcaron ayer de Fomento

La patronal Anesco y los sindicatos han venido negociando una plataforma común, por indicación del Gobierno, hasta que el Ministerio de Fomento se ha descolgado con una propuesta de reforma que, presumiblemente, puede ir mañana viernes a Consejo de Ministros y tramitarse en el Congreso entre este mes y el próximo. Para sacar adelante su proyecto, Fomento precisa el apoyo o abstención del PSOE, donde parece haber división de opiniones.

De la Serna y su equipo proponen principios que, en realidad, ya rigen en cualquier otro campo, como es el de la libertad de empresa (no sería necesario que las estibadoras participaran en el capital de las Sagep o empresas de puesta a disposición de trabajadores portuarios) y libertad de contratación, abriéndose la posibilidad de elegir a los empleados que cumplan con una capacitación establecida en la futura Ley, que acoge a todo trabajador del anterior sistema que acredite una experiencia de 100 jornadas.

Los sindicatos, por su parte, ven de justicia el registro de estibadores, figura contemplada en el convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España.

Durante el citado periodo transitorio será de tres años las estibadoras, sean o no socias de las Sagep, cubrirán con el personal de estas un 75% de sus actividades el primer año, un 50% el segundo, y un 25% el tercer año. Y Puertos del Estado asumirá los “pasivos laborales”, valorados en unos 350 millones, acumulados por los estibadores en su paso de las Sagep al libre mercado.

Todo se enmaraña aún más cuando dos de las empresas estibadoras más importantes, APM Terminals y TTIA, ambas asentadas en Algeciras, firmaron ayer el proyecto de acuerdo de reforma de la Ley de Puertos consensuado con los trabajadores. Una división en el empresariado que poco favorece al camino emprendido por Fomento.