España no reducirá su deuda por debajo del 60% del PIB hasta 2035
Será determinante la corrección del déficit estructural y la generación de superávit primario Los españoles necesitarán destinar 89 días de trabajo este año para amortizar la deuda regional
España no será capaz de reducir el peso del conjunto de su deuda pública al equivalente al 60% del PIB al menos hasta 2035. Y todo ello contando con un horizonte económico neutral, de continuidad en la reducción del déficit público y de generación de superávit primario, de acuerdo con las conclusiones del último Observatorio de deuda de la AIReF.
Ese umbral del 60% no es casual, ya que es el límite establecido en el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea -y cuyo cumplimiento saltó por los aires con la crisis de la zona euro-. España sin embargo se comprometió a rajatabla con su cumplimiento hasta el punto de que en 2011, en los primeros tiempos de la crisis bancaria y de deuda que terminó por llevar a España al precipicio financiero, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero propuso la reforma de la Constitución para incorporarlo. Era un claro gesto hacia los inversores y su creciente desconfianza en la capacidad de España de reducir el déficit y pagar su deuda. Sin embargo, hasta 2035 no será posible cumplirlo, según la AIRef. Tampoco será posible cumplir con lo establecido en la ley que desarrolló aquella insólita reforma constitucional -pactada entre PSOE y PP-, la denominada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Según recuerda la AIRef, su disposición primera establece un período transitorio hasta 2020 para alcanzar el límite de deuda del 60% del PIB exigiendo una reducción de al menos dos puntos porcentuales de la ratio de deuda sobre el PIB, si el crecimiento real de la economía o el empleo crecen por encima del 2%. “Tanto las previsiones oficiales como las de la AIReF prevén un incumplimiento de estas dos condiciones”, advierte la autoridad fiscal, que calcula que el ratio de deuda sobre PIB seguirá siendo superior al 80% en 2026.
La ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las administraciones públicas se situó en el 98,7% (1.136.170 millones de euros) al finalizar el tercer trimestre del año, disminuyendo 1,1 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año, según los datos publicados por el Banco de España y la actualización de los resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral por parte del INE.
El organismo presidido por José Luis Escrivá estima que, en el medio plazo, la evolución de la senda de la deuda de las administraciones públicas prevista en el Plan Presupuestario 2018 puede considerarse "probable".
A nivel individual, las CCAA presentan una imagen dispar, destacando Cataluña, Castilla-La Mancha, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, con un nivel de riesgo para la sostenibilidad muy alto. Dos escalones por debajo se sitúan Extremadura y Andalucía y, en tercer lugar, Aragón e Islas Baleares presentan un nivel medio de riesgo.
Cantabria y Castilla y León se encuentran en el nivel de riesgo ligeramente bajo, al igual que Asturias y Galicia. Por último, Navarra y La Rioja presentan riesgos bajos para la sostenibilidad, junto con Canarias, Madrid y País Vasco.
Días de trabajo necesarios para pagar la deuda
En cuanto a los días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda regional, se prevé que, en 2017, en promedio, los habitantes de una comunidad autónoma necesitarían destinar 89 días de trabajo para amortizar la totalidad de la deuda.
Las comunidades en donde se necesitan más días para amortizarla son la Comunidad Valenciana (151), Castilla-La Mancha (133) y Cataluña (127), mientras que donde emplean menos jornadas sería en el País Vasco (47), en Madrid (52) y en Canarias (56).
En cuanto al componente común, se observa una caída generalizada en todas las comunidades autónomas. Extremadura (397), Andalucía (366) y Castilla-La Mancha (349) son las comunidades cuyos habitantes tienen que hacer un esfuerzo mayor. Donde menos días de trabajo se dedican a este fin es en la Comunidad de Madrid (197), el País Vasco (203) y Navarra (216).
La deuda baja en el tercer trimestre
En el tercer trimestre, la deuda bajo 1,1 puntos porcentuales, hasta el 98,7% del PIB. El conjunto formado por la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social alcanzó una ratio de deuda del 71,3% del PIB (821.200 millones de euros), 0,6 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior.
Para el conjunto de las CCAA la ratio de deuda cayó 0,4 puntos porcentuales, sufriendo así el mayor descenso trimestral registrado en los últimos 20 años, para situarse en el 24,7% del PIB español (284.410 millones de euros), mientras que para el subsector de corporaciones locales disminuyó ligeramente la ratio hasta el 2,7% del PIB (30.560 millones de euros).
La AIReF explica que el peso los mecanismos extraordinarios de financiación a las CCAA ha ido incrementándose tanto en términos absolutos (hasta alcanzar los 159.526 millones en préstamos vivos en el tercer trimestre de 2017) como en términos relativos, ya que representan el 56,1% del total de la deuda del subsector autonómico.
En términos absolutos, el recurso a los mecanismos también ha sido desigual por parte de las distintas CCAA ya que el 70% del total de la deuda del fondo de las CCAA pertenece a tres regiones: Cataluña (33% del total), la Comunidad Valenciana (22%) y Andalucía (15%).
Entre tanto, tras haber disminuido por debajo del 3% del PIB a finales de 2016, la ratio de deuda del subsector de corporaciones locales parece haberse estabilizado. En términos netos, una vez descontados activos financieros líquidos, la deuda se redujo hasta el 0,6% del PIB.
Así, desde finales de 2012 se observa un crecimiento significativo de los depósitos de las corporaciones locales, superando en el tercer trimestre los 23.000 millones de euros y duplicando con ello su peso en el PIB.