Las empresas, ante el reto de evaluar su impacto en los derechos humanos
España es uno de los 18 países que ha regulado controles bajo esta óptica Amnistía Internacional pide que este no sea un examen voluntario para las compañías
En un mundo cada vez más globalizado, el cumplimiento de los derechos fundamentales no puede depender solo de los Estados. El sector privado puede y debe jugar un rol activo en la promoción y consolidación de estos derechos y en dar respuesta a los desafíos globales, especialmente al cambio climático. Así lo defendieron este lunes varias compañías, entre ellas Acciona, Repsol, Telefónica y El Corte Inglés, en un foro organizado en Madrid por el diario El País, la Agencia de Naciones Unidas contra el Hambre (FAO) y la Red Española del Pacto Mundial de la ONU.
El 10 de diciembre se cumplieron 69 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, según señaló el presidente de PRISA y El País, Juan Luis Cebrián, “incluso en los países desarrollados, muchos de esos derechos están todavía en la categoría de veremos”.
Bajo la actual interconexión global, “no todos los avances se pueden conseguir con políticas públicas, tienen que lograrse con la colaboración del sector privado”, defendió el secretario de Estado de cooperación para Iberomérica y Caribe del MAEC, Fernando García Casas.
Ya sea por genuina preocupación, por imagen –según critican algunas ONG–, o por presión de los consumidores e inversores, lo cierto es que cada vez son más las empresas comprometidas con el respeto los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático.
España ha ido en esa línea: el pasado mes de julio aprobó el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos que establece un marco regulatorio que da respuesta a los posibles incumplimientos de derechos humanos por parte de compañías españolas. Se trata, según el presidente de la Red Española del Pacto Mundial de ONU, Ángel Pes, de un hito importante ya que “apenas 18 países en el mundo tienen aprobado un plan de este estilo”, pero apunta que todavía queda un largo camino por recorrer. Según Pes, solo 12 empresas del Ibex 35 llevan a cabo una evaluación sobre el impacto que su actividad tiene en el ámbito de los derechos humanos y en el del cambio climático.
Una de las compañías españolas que se ha tomado en serio esta cuestión es Acciona, pionera en un modelo de negocio basado en las energías renovables. “Solo en 2016, hemos evitado que se emitieran a la atmósfera 15 millones de toneladas de CO2”, señaló Ana Benavente, gerente de sostenibilidad de la compañía energética. En su opinión, tomar la iniciativa en este aspecto no es solo cuestión de responsabilidad social empresarial (RSE), sino de visión de futuro: “Cualquier empresa que quiera tener continuidad en el tiempo, tiene que tomar medidas contra el cambio climático”.
Repsol ha apostado por el diálogo con las comunidades indígenas presentes en las zonas en las que opera. “Hemos aprendido a mantener una relación cercana con las comunidades y a actuar de manera mucho más proactiva”, señaló Fernando Ruiz, director de sostenibilidad de la petrolera. Repsol ha recurrido a sociólogos y antropólogos para comunicarse con estas personas y entender su cultura.
El Corte Inglés ha puesto empeño en rastrear la trazabilidad en cada una de las etapas de producción para asegurarse de que las empresas que subcontrata garantizan unos derechos laborales mínimos, especialmente tras el derrumbe del Rana Plaza, el taller textil en Bangladesh que se cobró l a vida de más de 1.100 personas. El director de RSE de la cadena, Bernardo Cruza, participó en el proceso de compensación a las víctimas de aquel desastre, que se alargó tres años. Pero llamó a no “sobrevalorar las capacidades de las empresas como motores de cambio”. “Sin un esfuerzo coordinado con las autoridades nacionales, difícilmente se puede producir un impacto real”, zanjó.
La trazabilidad de los procesos productivos es también el objetivo de Kavita Parmar, directora del IOUProject. “Tenemos que convertir la cadena de suministro en una cadena de prosperidad. La tecnología para hacerlo ya existe”, explicó.
En plena época de la hiperconectividad, también están en juego otros derechos. La directora de relaciones laborales de Telefónica, Tatiana Espinosa de los Monteros, defendió la privacidad como “uno de los derechos fundamentales que más tienen que ser protegidos”. Monteros también llamó a las empresas de telecomunicaciones a trabajar de manera conjunta en una “Constitución digital” que dé garantías a los usuarios sobre el manejo del big data.
El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, no fue tan optimista y negó la eficacia de las medidas desde el sector privado: “Mientras que los planes sobre derechos humanos de las empresas sean voluntarios y no obligatorios, no van a cambiar las reglas del juego”, criticó. Beltrán señaló la legislación francesa y británica como modelos a seguir en España por establecer obligaciones más rigurosas.
Otras iniciativas
Además de evitar la emisión de 15 millones de toneladas de CO2 en 2016, Acciona da respuesta los desafíos del cambio climático con otros proyectos. Sus plantas de desanilización y potabilización permiten que cada año 10 millones de personas tengan acceso a agua potable. Según expuso el presidente de El País, Juan Luis Cebrián, el problema del acceso al agua es “uno de los más acusados en la actualidad” ya que afecta a más de 1.000 millones de personas en el todo el mundo.
Tras más de una década de grandes avances, el hambre en el mundo ha vuelto a aumentar y afecta a 815 millones de personas en todo el planeta, indicó la directora de cooperación sur-sur de la FAO, Marcela Villarela. La responsable de la FAO explicó que, de las 7.000 semillas comestibles que existen, apenas se cultivan en torno a unas 120, y de ellas, cuatro dominan el mercado. Por ello, llamó a diversificar los cultivos y probar otros que puedan adaptarse mejor a la sequía y a las condiciones extremas del cambio climático.
