La 'triple A' social se le resiste a Bruselas

La UE proclamará los derechos laborales del siglo XXI en un intento por frenar la fractura social del club

El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker,  en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el pasado 24 de octubre. EFE Patrick Seeger
El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el pasado 24 de octubre. EFE/ Patrick Seeger

La crisis financiera arrasó la calidad crediticia de los países de la UE y solo quedan tres socios (Alemania, Holanda y Luxemburgo) que lucen la máxima calificación (AAA). La mayoría de los países desmochados, incluida España, escalan poco a poco hacia la perdida corona. Pero en el capítulo social y laboral, el impacto de la crisis ha sido mucho mayor y la pérdida de derechos, como consecuencia de la crisis y de la transformación económica, podría ser más definitiva que coyuntural.

Bruselas considera urgente atajar esa deriva social y económica que está deshilachando la Unión Europea. Y aunque nadie ponga nota, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha propuesto recuperar el terreno perdido para dotar a la UE de una simbólica triple A en derechos sociales y laborales. Un objetivo encomiable pero difícil de llevar a cabo en un club donde conviven, por ejemplo, el salario mínimo de Luxemburgo (1.999 euros) con el de Bulgaria (235 euros). (En España, 826 euros, según datos de Eurostat).

Bruselas aspira, en cualquier caso, a que la cumbre extraordinaria del próximo 17 de noviembre en Gotemburgo se convierta en un punto de inflexión hacia un mercado laboral más justo, menos discriminatorio y más inclusivo.

Los 28 países de la Unión proclamarán solemnemente en la segunda ciudad más importante de Suecia el llamado pilar europeo de derechos sociales. Un conjunto de 20 principios que pretenden consagrar unos derechos laborales y sociales adaptados a la realidad económica del siglo XXI. Juncker ha advertido que el nuevo pilar resulta imprescindible “si queremos evitar la fragmentación social y el dumping social” en Europa.

El documento en el que tantas esperanzas pone Juncker preconiza, en otros, el derecho de todos los trabajadores “a un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo, acceso a la protección social y formación”, “a un salario justo que proporcione un nivel de vida digno” o “a ser informados de los motivos de un despido y preavisados con un plazo razonable”.

El pilar social también pretende blindar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el mercado laboral, el diálogo social dentro de las empresas o el derecho de una pensión tanto para los trabajadores por cuenta ajena como para los autónomos.

Los 20 principios pueden parecer obvios pero, según la Comisión, están lejos de serlo. Los autónomos, por ejemplo, no tienen seguro de desempleo en una decena de países de la UE, a pesar de que ya suponen el 15% de la masa laboral. Y en la misma situación se encuentra el 30% de los contratados temporales.

Las dificultades de la mujer para acceder o mantenerse en el mercado laboral son tan evidentes que su tasa de actividad es un 11,6% menor que la de los varones, a pesar de que su cualificación es más elevada (copan el 65% de las licenciaturas, según la CE).

A ello se añade la precarización provocada por una crisis que entre 2007 y 2016 ha reducido un 24,7% el PIB de Grecia; un 9,8% el de Italia; 7,3% el de Finlandia, o 3,3% el de España.

La gran incógnita estriba, sin embargo, en la utilidad de algunos indicadores asociados hasta ahora a la salud del mercado laboral. Grecia, por ejemplo, encabeza el ranking europeo de trabajadores que llevan más de 60 meses en el mismo empleo (71%) mientras Dinamarca está a la cola (47%). Pero ¿qué indica en el siglo XXI un empleo fijo e inamovible?

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