Los motivos por los que la juez manda a prisión sin fianza a Junqueras
Además de su posible huida, teme que reincidan y destruyan pruebas Lamela permite eludir la cárcel a Vila si ingresa 50.000 euros de fianza
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido este jueves enviar a prisión provisional, no eludible bajo fianza, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros siete exconsellers del Govern que impulsó la proclamación de independencia de Cataluña. La medida está fundamentada en la probabilidad de que reincidan, destruyan pruebas y ante el riesgo de fuga que la juez considera que ha hecho patente el viaje a Bruselas del expresidente autonómico Carles Puigdemont que no compareció.
La prisión cautelar afecta a todos los consejeros personados este jueves ante la Audiencia Nacional, en Madrid, excepto para Santiago Vila, que dimitió el pasado jueves de su cargo de responsable del área empresarial de la Generalitat horas antes de la declaración secesionista en el Parlament. Vila podrá eludir la prisión si entrega una fianza de 50.000 euros.
Vila ha anunciado su intención de ingresar este jueves en prisión, “junto con los otros compañeros y en solidaridad con ellos”, con la intención de abonar este viernes la fianza que le permitirá abandonar el centro penitenciario, según recoge Efe que declaró su abogado, Pau Molins.
Junto a Junqueras, la juez envía a presión ineludible bajo fianza a los exconsellers Jordi Turull (responsable del área de Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), y Joaquim Forn (Interior). Todos ellos comparecieron como querellados por la fiscalía, que les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Justificación de la medida
El auto de la juez, al que ha tenido acceso este diario, justifica ampliamente la medida cautelar adoptada. En primer lugar, Lamela alega que existe un alto riesgo de reincidencia por parte de quienes han tenido que ser destituidos de sus cargos públicos, el pasado viernes en aplicación del artículo 155 de la Constitución, tras su “incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”.
Solo en el caso de Vila, la juez no aprecia peligro de reincidencia, motivo fundamental para permitirle salir de prisión bajo fianza. Por otra parte, la magistrada advierte de “la alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir” pruebas.
“Además, los investigados vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyadas por asociaciones soberanistas con poder y capacidad par auxiliarles en su posible huida de la Justicia”, remacha la juez, alertando del riesgo de fuga. “Tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero”, agrega.
El auto expone además que “a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de huida”, hipótesis que ve sustentada ante la acusación de rebelión, delito castigado con penas de hasta 25 años de prisión.
Finalmente, la juez ve justificada la medida por el riesgo de fuga que habría hecho patente la incomparecencia del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que permanece en Bruselas junto a otros cuatro consejeros. “En este punto, basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”, advierte la juez.
Orden de detención a Puigdemont
La fiscalía solicitó este jueves que se emitiera una orden de detención contra el expresidente del Govern y de Lluis Puig, exresponsable de Cultura; Antoni Comín, que tenía la cartera de Salud; Mertixell Serret, exconsejera de Ganadería, Pesca y Alimentación; y Clara Ponsatí , que estaba al frente de Educación, quienes también permanecían este jueves en Bélgica. La juez ha pospuesto de momento su decisión de emitir o no dicha orden.
La magistrada dictó estas medidas después de escuchar a los nueve exmiembros del gobierno catalán a los que mandó encarcelar. Lamela ya había tomado una decisión similar a la de ayer, enviando a prisión ineludible bajo fianza, a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, conocidos popularmente como “los Jordis”.
Ninguno de los nuevos encarcelados será ingresado, sin embargo, con ellos en la prisión de Soto del Real. Instituciones Penitenciarias ha decretado su ingreso en dos centros diferentes (ver despiece).
“Mis clientes están muy serenos porque era muy probable que esto acabara así. Y hacen un llamamiento hacia la calma, en particular a la gente de Cataluña para que continúe la calma, la tranquilidad y no se produzca un episodio de ningún tipo, ni sea justificación para los que prefieren adoptar medidas más represivas”, declaró el letrado Jaume Alonso-Cuevillas, que representa a Puigdemont, Turull, Rull, Borrás, Forn, Puig y Ponsati.
El Supremo aplaza las citaciones
Las resoluciones de la juez de la Audiencia Nacional contrastan con la decisión tomada este jueves por el Tribunal Supremo, que había citado a comparecer por los mismos delitos a los miembros de la Mesa del Parlament, que mantienen su aforamiento.
El juez Pablo Llarena aceptó la petición planteada por las defensas de los querellados de suspender las declaraciones por indefensión, dado que las notificaciones de la querella de la fiscalía se han producido en las últimas horas y con un día festivo de por medio. Así, la presidenta de la Mesa Carme Forcadell, y los miembros de esta, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Lluis Guinó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet han sido citados de nuevo para el próximo jueves, día 9, aunque todos quedan bajo vigilancia policial a petición de la fiscalía.
Separados en dos centros penitenciarios
Inicialmente se planteó el reparto de los nueve exconsejeros de la Generalitat en cinco centros penitenciarios diferentes: : Junqueras y Forn en Estremera; Turull y Romeva, en Valdemoro; Rull, en Navalcarnero; Mundó y Vila, en Aranjuez; Bassa y Borras, en Alcalá Meco.
Tras consultar con la juez, el Ministerio del Interior acabó enviándoles solo a dos por razones organizativas y para facilitar la labor de las defensas, habida cuenta que varios querellados comparten un mismo abogado.
Finalmente, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull, Mundó y Vila ingresaron en la cárcel de Estremera. Las dos mujeres, Bassa y Borrás, en Alcalá Meco.
¿Qué penas afrontan?
Los exmiembros del Govern encarcelados ayer se enfrentan a penas de hasta 25 años de prisión por un delito de rebelión o, alternativamente según la fiscalía, a ocho años por sedición. También les acusa de malversación, con penas de ocho años o 10 en caso de falseamiento contable.
