Puigdemont aparece en Bruselas en otro giro de guion del 'procés'
El expresidente catalán acude a un abogado belga que asesoró a etarras y estudia pedir asilo La fiscalía acusa a 19 altos cargos de la Generalitat y del Parlamento
Si algo ha demostrado el procés soberanista es su capacidad para sorprender con drámaticos giros de guion. El mismo día en que la fiscalía anunció la querella contra el Gobierno de la Generalitat, trascendió que el expresidente Carles Puigdemont y otros consejeros catalanes se encuentran en Bélgica y podrían solicitar asilo político. De hecho, el abogado belga Paul Beckaert, conocido por asesorar a etarras en temas de asilo y extradicición, confirmó ayer que Puigdemont es un cliente suyo. Señaló que entre las estrategias está la de solicitar asilo.
El exvicepresidente Oriol Junqueras, sin embargo, permaneció en Barcelona. Los Mossos d’Esquadra, ahora bajo la orden directa del Ministerio de Interior, permitieron que los miembros de la Generalitat acudieran a sus despachos a recoger efectos personales y tenían la orden de comunicar si alguno de ellos mantenía su actividad normal, lo que podría suponer una usurpación de funciones. El exconsejero de Presidencia, Jordi Turull, acudió a su lugar de trabajo y colgó una foto en Twitter, sugiriendo que trabajaba como un día rutinario. Aun así, poco después abandonó el despacho. Casualidad o no, en la foto de Turull aparecía un cuadro de Tintín, el famoso personaje del dibujante belga Hergé.
Puigdemont y exmiembros de su Ejecutivo se dirigieron en coche desde Cataluña a Marsella y, una vez en esta ciudad del sur de Francia, tomaron este lunes a primera hora un vuelo con destino a Bruselas, informa Efe. Los cinco exconsejeros que viajaron con Puigdemont son los que ocupaban las carteras de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Antoni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret. Dos de ellos pertenecen al PDeCat –Borràs y Forn– mientras que los otros tres –Comin, Bassa y Serret– son de ERC.
Fuentes del Ejecutivo restaron importancia a que Puigdemont y parte de su Gobierno se hayan trasladado a Bélgica y sostienen que la justicia seguirá su camino. La querella de la fiscalía no solo contempla los últimos acontecimientos a raíz del intento de referéndum del 1 de octubre, sino que engloba todo el proceso soberanista desde sus inicios.
La querella ante la Audiencia Nacional se dirige contra 14 personas que han perdido la condición de aforados: el expresidente Carles Puigdemont; el exvicepresidente y exconsejero de Economía y Hacienda Oriol Junqueras; el exconsejero de Presidencia Jordi Turull; el exconsejero de Asuntos Internacionales Raül Romeva; el exconsejero de Salud Antoni Comín; el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull; la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa i Coll; la exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs; la exconsejera de Enseñanza desde mayo de 2016 Clara Ponsatí; el exconsejero de Interior desde julio de 2017 Joaquim Forn; el exconsejero de Cultura desde julio de 2017 Lluís Puig; el exconsejero de Justicia desde enero de 2016 Carles Mundó; el exconsejero de Cultura y desde julio de 2017 de Empresa y Conocimiento Santiago Vila, y la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret.
La fiscalía presentó también una querella ante el Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet –todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por ello aforados– y contra el secretario tercero de la misma Joan Josep Nuiet i Pujals, de EUiA. Todos ellos son aforados.
Los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos implican penas de hasta 30 años. El más grave es el delito de rebelión, que recae sobre aquellos que se alcen “violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. La fiscalía asegura en su escrito que no es necesario que exista “violencia física” para que pueda cometerse el delito de rebelión.En cualquier caso, se trata de un punto polémico entre los juristas.
El fiscal general, que compareció en rueda de prensa, solicita que se tome declaración de forma inmediata a Puigdemont y a los otros acusados, para quienes fija una fianza de 6,2 millones de euros. Este importe deberán depositarlo de forma solidaria los 20 querellados.
Debe haber "señales serias de persecución"
El comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, aseguró ayer que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo, como podría ser el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, deben existir “señales serias de persecución” o de que corre riesgos en el país de origen, informa Efe.
“Debe haber señales serias de persecución pero, incluso en el caso de la persecución, [debe haber] una imposibilidad de obtener protección en el país”, dijo Van den Bulcke en declaraciones recogidas por la cadena de televisión RTL. El comisario no comentó el caso concreto de Puigdemont y algunos de sus exconsejeros, que viajaron a Bruselas después de que el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugiriese que el expresidente catalán puede solicitar “asilo político” en Bélgica.
El primer ministro belga, Charles Michel, se desmarcó el domingo de las declaraciones de Francken y aseguró que el asilo para el expresidente catalán “no está en absoluto en el orden del día de su Gobierno”. Van den Bulcke señaló que es “normal” que exista la presunción de que no hay posibilidad de que un ciudadano europeo obtenga asilo en otro Estado miembro, “salvo, en teoría, en situaciones muy excepcionales, muy especiales”.