Ante la sedición, solución firme, proporcionada y rápida del Estado para volver a la ley

Rajoy opta por una operación de cirugía rápida para tener una solución en dos meses

independencia cataluña
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa ofrecida esta tarde en el Palacio de la Moncloa tras la declaración unilateral de independencia en el Parlament de Cataluña.

Este viernes se ha consumado la sediciosa declaración de independencia de Cataluña por parte de los partidos independentistas de su Parlament. Ha culminado un proceso que tenía escrito desde hace cinco años su triste y desafiante destino; estaba escrito desde que Artur Mas encendió el fuego del separatismo para tapar su incapacidad para aplicar las políticas de rigor que exigía la crisis fiscal de toda España y para esconder la mafiosa y corrupta conducta de los nacionalistas que han gestionado Cataluña cuatro décadas; y entró en su recta final cuando en los bochornosos plenos del 6 y 7 de septiembre se aprobaron la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica.

En paralelo a las últimas jornadas de filibusterismo político practicado por Puigdemont y su turiferarios, el Gobierno de España, respaldado por el PSOE y Ciudadanos, ha logrado armar una respuesta sancionada por el Senado que trata de devolver la legalidad secuestrada en Cataluña. Rajoy destituye a Puigdemont y todo su Govern, y a los responsables de los poderes críticos (policía y representación exterior, pero no TV3); disuelve el Parlament y convoca elecciones el primer día habilitado por la ley electoral, el 21 de diciembre.

Llegado este punto no hay más razones que la aplicación de la ley, y hacerlo con la celeridad expresada por Moncloa, con una intervención corta para no deteriorar más el clima político, social y económico de Cataluña. La solución vendrá por el diálogo, que siempre ha asistido a los progresos democráticos inclusivos de este país desde la Transición; pero esta es la hora de hacer sentir a los gobernantes sediciosos de Cataluña la pesada mano de todos los poderes del Estado, para que toda la ciudadanía sienta, a su vez, la protección de la ley y la restitución de los derechos conculcados.

Los agentes económicos no dan crédito a lo que ven porque nunca creyeron que fuese posible llegar tan lejos. Han enviado señales explícitas de que la unidad territorial es un activo fundamental de la estabilidad y seguridad jurídica que la economía precisa, tal como han recordado los inversores extranjeros que en las últimos 48 horas han puesto en cuarentena la Bolsa y la deuda de España.

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