El papel del Gobierno en la transición energética
Deben ser las empresas las que exploren las soluciones sobre el futuro del suministro energético Para que las compañías inviertan deben poder anticipar el ganar dinero y cerrar las instalaciones si no cubren sus gastos
Con la casi única excepción del actual inquilino de la Casa Blanca, existe un consenso generalizado sobre el impacto de la actividad humana sobre el calentamiento global y la urgencia de actuar antes de que este alcance niveles catastróficos. Por ello, la UE se ha fijado como objetivo una reducción de un 80-95% en sus emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050, respecto de las del año 1990. Esto implica reducir el consumo de combustibles fósiles casi a cero en muchos sectores económicos.
Dado que actualmente las energías renovables más baratas son la eólica y la solar, podría parecer que el problema de la transición energética se limitaría a decidir cuántos parques eólicos y granjas solares se deben construir cada año, y cuántos vehículos eléctricos subvencionar. Sin embargo, la solución no es tan sencilla porque las instalaciones renovables producen electricidad de forma intermitente, cuando hay sol o viento, que puede no ser cuando los consumidores quieren consumir electricidad. Los consumidores tendremos que aprender a ajustar nuestro consumo de electricidad en función del sol y viento que haya en cada momento, mediante la domótica. Sin embargo, no toda la demanda es flexible. No vamos a dejar de querer poner la luz y encender la calefacción en invierno, por mucho que en ese momento no haga sol ni sople el viento.
Así, será también necesario un desarrollo masivo de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. Existe una amplia diversidad de opciones tecnológicas, con distintos costes, ventajas e inconvenientes, desde construir centrales de bombeo hasta usar baterías de gran tamaño o incluso la electricidad almacenada en vehículos eléctricos. Sin embargo, el almacenamiento tampoco resuelve el problema porque resultaría prohibitivo almacenar energía de sobra en verano por si acaso el invierno resulta ser frío y seco.
Por ello deberá también haber centrales de respaldo, que puedan asegurar la continuidad del suministro eléctrico en situaciones de poco sol o viento. El problema es que estas centrales funcionarán de forma muy ocasional y habrá que ver cómo asegurar que los generadores estén realmente dispuestos a construirlas y mantenerlas.
La transición energética exige tomar muchas decisiones en un contexto de gran incertidumbre sobre las soluciones tecnológicas concretas que permitirán asegurar el suministro a mínimo coste. Por ello, el coste de la transición energética dependerá fundamentalmente de quién tome las decisiones de inversión: las empresas (basándose en señales del mercado) o los gobiernos (utilizando el BOE). Resulta evidente que los gobiernos tienen un peor conocimiento de las ventajas, inconvenientes y riesgos de las distintas opciones tecnológicas. Además, si sus decisiones resultan estar equivocadas, no son ellos quienes tienen que pagar las consecuencias, sino los consumidores o contribuyentes.
Dada la cantidad y complejidad de las decisiones a tomar en los próximos años, no estamos hablando de que es posible que el Gobierno se equivoque, sino de que la probabilidad de que se equivoque es del 100%. Por ello, la mejor estrategia para la defensa de los intereses de los consumidores es que sean las empresas las que tomen las decisiones, de modo que sean ellas también las que asuman los costes de sus errores si se equivocan.
El problema es que para que las empresas estén dispuestas a invertir y explorar soluciones, deben poder anticipar ganar dinero si sus decisiones resultan ser acertadas, y deben poder cerrar sus instalaciones si no cubren sus costes. Sin embargo, la política seguida en los últimos años en España ha sido la de incrementar los impuestos a las centrales que son rentables y plantear la posibilidad de regular el cierre de aquellas que incurren en pérdidas. ¿Alguien se imagina que la reforma del sector bancario se hubiese abordado aplicando impuestos a las oficinas que fueran rentables o prohibiendo cerrar las oficinas que no lo fueran?
La CE ya ha señalado que los generadores deben tener no solamente libertad de entrada, sino también de salida, y contempla mecanismos de remuneración de la capacidad para garantizar el suministro eléctrico. Queda por ver si el Gobierno conseguirá refrenar sus impulsos intervencionistas en el sector energético, minimizando así el coste de la transición energética en beneficio de los consumidores.
Óscar Arnedillo Blanco es director gerente de NERA Economic Consulting