Una de cada cuatro personas dependientes no recibe ayudas
En los dos últimos años las listas de espera han bajado un 20% España, entre los países europeos que menos atención presta a dependientes
España aprobó en 2007, por primera vez, un sistema público de atención a personas dependientes, destinado a otorgar ayudas (económicas o de prestación de servicios) a las personas que, por diversas enfermedades o por edad, no pueden valerse por sí mismas en las tareas diarias. Este sistema reconoce tres grados de dependencia y ocho tipo de prestaciones distintas.
En la actualidad hay más personas dependientes reconocidas oficialmente que nunca. En concreto, los datos oficiales apuntan a la existencia de 1.217.355 dependientes en junio pasado. Si bien un 26% de ellos –casi 320.000– no reciben ningún tipo de ayuda pública. O lo que es lo mismo: están en lista de espera para recibir la prestación que les haya sido asignada en su reconocimiento como dependientes.
El sistema de atención a la dependencia (SAAD) experimentó un serio varapalo presupuestario entre 2012 y 2015 por los recortes aplicados por la crisis. Este recorte del gasto acumulado, junto al hecho de que el 1 de julio se incorporaron a este sistema todas las personas con menores grados de dependencia (Grado I) hizo que ese año se dispararan las listas de espera en las comunidades autónomas, que son las que gestionan estas ayudas.
Esto llevó a que a finales de 2015 casi 400.000 personas estuvieran en lista de espera para una prestación económica o de servicios. No obstante, según destaca el segundo informe del Observatorio de la Dependencia de Fedea, “en 2016 y 2017 se perciben algunos cambios alentadores”. Así, entre 2015 y 2017 el número de dependientes en lista de espera se ha reducido un 20%.
Principales variables
El SAAD ha variado con los años.
Tipo de prestación. El 43% de las ayudas son de carácter puramente económico, desde el 60% que llegaron a representar estas ayudas en los primeros años del sistema. Asimismo, el peso de los cuidadores en el entorno familiar, ha pasado de ser el 51% de todas las ayudas al 34% actual.
Beneficiarios. El número de personas con derecho a prestación se modera drásticamente tras la incorporación de dependientes leves en 2015, cuando creció un 32%. Ahora crece un 1% anual.
Este estudio destaca los casos de Baleares y Murcia, con descensos de 17 puntos porcentuales del colectivo de dependientes a la espera de ayudas; que desde Fedea los sitúan en lo que denominan “el limbo de la dependencia”.
A esto ha contribuido la recuperación de la invasión presupuestaria tanto estatal como de las comunidades autónomas en 2016 y 2017. La mayoría de las regiones aumentaron sus presupuestos para esta partida, variando desde el 2% más de La Rioja al 23% de aumento de la Comunidad Valenciana. Estas dos regiones están entre las que más habían recortado en años anteriores, junto con Andalucía y Aragón. Todas ellas aplicaron recortes presupuestarios de entre el 14% y el 21%.
Todos estos datos apuntan a una lenta recuperación de la inversión y la atención a dependientes en los dos últimos años.
Aún así, España sigue ocupando una posición media baja en la comparativa europea, tanto al analizar el porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben ayudas a la dependencia como en el peso que tienen los cuidados de larga duración en relación al PIB.
Mientras que más del 15%de la población mayor de 65 años de Noruega, Suecia, Holanda y Suiza reciben ayudas a la dependencia a través de servicios o directamente en ayudas a los hogares; en España este porcentaje apenas supera el 8% de los mayores de 65 años. Es más, dentro de Europa, solo en Polonia y Portugal se prestan menos servicios públicos a este colectivo, indica la comparativa hecha por Fedea con datos de la OCDE de 2015.
Igualmente, el gasto en cuidados de larga duración no supera el 1% del PIB en países del sur de Europa como España o Italia, mientras que se sitúa entre el 2,5% y el 3% del PIB en los países del norte del continente, como Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda o Dinamarca.
Sistema low cost
En este escenario, el economista y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, experto en economía sanitaria, Guillem López i Casasnovas, asegura en el informe de Fedea que el SAAD “fue una estupenda idea, aunque pésimamente implementada, quizás por precipitación, especialmente tras los recortes de 2012 y 2013”. Es más califica el sistema actual como “dependencia low cost”, de bajo coste y baja calidad”.
Esto es fruto, en su opinión, de la falta de evaluación del sistema “que no nos permite valorar la calidad y persisten puntos débiles como la infrafinanciación de los servicios y prestaciones y la gran variabilidad entre regiones”.