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La acusación popular del caso Bankia pide inhabilitar dos años a Deloitte

La Audiencia Nacional decidió juzgar a la auditora por la salida a Bolsa de la financiera La CIC solicita también que se le imponga una multa de 1,1 millones de euros

Reuters
Juande Portillo

El caso Bankia se complica para Deloitte. La auditora de la entidad financiera durante su cuestionada salida a Bolsa había logrado evitar inicialmente sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio que se avecina. Pero la Audiencia Nacional decidió recientemente que debía ser juzgada y la petición de nuevas e importantes penas no se ha hecho esperar.

En concreto, la compañía se juega dos años de inhabilitación para realizar labores de auditoría, que es lo que ha solicitado la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, que ejerce como acusación popular en la causa.

La CIC también solicita que se imponga a la auditora una multa diaria de 1.000 euros por un periodo de tres años, lo que equivale a una sanción de casi 1,1 millones de euros, según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario.

En un primer momento, el juez instructor del caso, Fernando Andreu, decidió encausar a una treintena de acusados pero dejó fuera a los supervisores financieros y a la auditora, entendiendo que el posible responsable era únicamente el socio que firmó las cuentas de Bankia, Francisco Celma, dada la autonomía con la que trabaja.

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La decisión fue recurrida por la acusación popular ante la Audiencia Nacional, que hace solo unos días avaló la conclusión del juez de que ni los responsables del Banco de España, ni los de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) deben ser juzgados, pero corrigió su apreciación sobre la auditora.

La Audiencia Nacional estimó que Deloitte y su socio no operan con autonomía, sino que forman parte de un mismo actor de la causa, con lo que lo procedente es juzgar a uno y a otro. A falta de conocer las penas que puede solicitar la Fiscalía para Deloitte, la CIC ha tirado del Código Penal para reclamar un severo castigo.

Fuentes jurídicas consultadas aseveran en todo caso que aunque la petición de inhabilitación es bastante improbable, dado que ni el juez instructor ni el fiscal cargaron las tintas contra la auditora, si bien asumen que una multa entra dentro de lo factible si el proceso acaba en condena contra Deloitte.

El juicio por el caso Bankia, en el que se juzgará además a una treintena de exdirectivos de la entidad encabezados por el expresidente Rodrigo Rato por la presunta estafa a inversores cometida en la salida a Bolsa de la entidad que acabó requiriendo el mayor rescate público, comenzará previsiblemente en los próximos meses.

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