Por qué se alejan Cataluña y Europa

La integración europea ha dejado al Govern sin voz ni voto en asuntos trascendentales El escaso papel de las regiones en la Unión crea frustración

Campaña proreferéndum en la Universidad de Barcelonatu REUTERS/Jon Nazca

Los independentistas catalanes suelen apostar por la Unión Europea como vía para librarse de España, pero esa fórmula está llamada a provocar más frustración que reconocimiento. Los vasos comunicantes entre Madrid y Bruselas son tan fuertes legal y políticamente que el rechazo comunitario a un referéndum ilegal en Cataluña podría incluso alentar el euroescepticismo de una región cuyo encaje en la UE ya presenta rozaduras desde hace tiempo.

El nacionalismo catalán de los años 80, como el vasco, observaba a la UE como una aliada para vaciar de competencias a una administración central que se debilitaría progresivamente. La premisa se ha cumplido en parte y los gobiernos centrales han perdido, por ejemplo, el control de la política monetaria o la de competencia.

Pero el trasvase no ha sido siempre unívoco y casi nunca ha favorecido a las administraciones infraestatales. El afán armonizador de Bruselas a veces no casa bien con las diferencias legales dentro de cada Estado. En algún momento, llegó a estar incluso en peligro el Concierto fiscal vasco (que Cataluña podría reclamar) por una sentencia del Tribunal de la UE que hizo temblar más al gobierno de Vitoria que cualquier recurso de inconstitucionalidad.

El resultado ha sido un creciente desapego del nacionalismo hacia una Unión donde la capital del Estado lleva la voz cantante. Desapego que roza la ruptura entre ciertos independentistas catalanes, como revela la reciente quema de banderas europeas, un acto minoritario pero significativo.

"Cataluña no está aún en el momento del desgarro con Europa pero sí en el comienzo del dilema entre el europeísmo soñado que no llega y la renacionalización defensiva", señala una de las fuentes consultadas.

El distanciamiento del nacionalismo catalán se manifestó a partir de 2005, con el referéndum sobre el Tratado Constitucional de la UE. La participación fue baja como en todo el Estado. Pero el No a la Constitución obtuvo el 28%, 11 puntos más que la media española (en País Vasco, 16 puntos más).

En Cataluña, ERC e Iniciativa hicieron campaña por el No. Y CiU solo se sumó, tímidamente y a última hora, a favor del Sí, según recuerda la Comisión Europea en su sondeo posterior al referéndum. El mismo documento señala que solo entre los votantes de ERC solo el 5% apoyó la Constitución, cifra que se eleva al 62% entre los de CiU, muy lejos ambas de PP (72%) y PSOE (93%).

Y es que Cataluña, como otras regiones europeas con poderes legislativos, lleva años buscando acomodo en la estructura institucional de la UE, pero sin llegar a encontrarlo del todo. Lejos de ir hacia una Unión de regiones, como auguraban algunos analistas hace 20 años, la UE se ha afianzado como una Unión de Estados en la que las respectivas capitales son, casi siempre, el principal o único interlocutor de Bruselas.

La UE intentó dar voz a las autoridades infraestatales en 1994 con la creación del Comité de las Regiones como órgano consultivo de la UE. Un foro en el que se sientan 350 representantes de regiones de toda Europa (21 de España) y que debe emitir dictámenes sobre las propuestas legislativas en materia de educación, cultura, salud pública, redes transeuropeas (transporte, telecomunicaciones energía) y de cohesión económica social.

El Comité ha ido ganando atribuciones, como la posibilidad, introducida en el Tratado de Lisboa (2009), de denunciar ante el Tribunal de Justicia europea los casos en que se infrinja el principio de subsidiariedad."Pero desde hace años ni el gobierno catalán ni el vasco se sienten cómodos en un Comité donde conviven con otras regiones sin apenas poderes, como las suecas", comenta una fuente europea.

La UE también ha abierto vías de participación de las regiones en el Consejo de Ministros de la UE, el órgano decisorio y legislativo en que sientan los representantes de los 28 Estados miembros. Cada uno de los ocho estados con regiones con competencias legislativas ha buscado una fórmula para canalizar esa participación. La ofensiva para ese reconocimiento de las regiones en el Consejo corrió a cargo de Bélgica y Alemania, países con una estructura federal profunda.

En algunos casos, como Austria, los länder (regiones) pueden pactar una posición común que el gobierno central está obligado a defender en Bruselas (salvo en casos excepcionales relacionados con la política exterior o la integración europea), según detalla un reciente informe del centro de estudios del Parlamento Europeo. En el caso de Bélgica, por ejemplo, un gobierno regional puede asumir la representación de todo el Estado durante una negociación en el Consejo de Ministros de la UE.

En España, según ese inventario, el gobierno se compromete a tomar en cuenta "de manera decisiva" el punto de vista de las Comunidades Autónomas en materias que sean de su competencia exclusiva. Y una Comunidad Autónoma puede representar a España en el Consejo, pero no puede votar en su nombre.

La fórmula permite a un miembro del Gobern o de cualquier otro gobierno autonómico hablar en representación de España en el Consejo. Pero a ojos de ala más nacionalista, esa fórmula visualiza aun más la pertenencia de una región a España.

La precariedad de los canales de participación de las regiones y la renuencia a utilizarlos, ha mermado la capacidad de influencia de Cataluña y del resto de autonomías en Bruselas, una ciudad de la que emana casi el 80% de la legislación de los Estados miembros. Un informe del Comité de las Regiones calcula que el 70% de la legislación comunitaria tiene un impacto directo en el nivel [administrativo] local y regional de Europa. Además, una gran parte de esa legislación tiene que ser implementada por las regiones europeas".

Buena parte de esa normativa, además, impone una armonización que reduce el margen de maniobra de las autoridades locales. Fuentes nacionalistas acusan al Gobierno de "aprovechar la trasposición de las directivas europeas para llevar a cabo una renacionalización de competencias". Madrid asegura, sin embargo, que las normas solo pretenden garantizar la unidad de mercado para potenciar el crecimiento y el empleo.

Fuentes europeas sostienen n que Cataluña dispone de capacidad de influiir y hacerse oír. "Depende de cómo gestionen sus competencias y de su habilidad en Bruselas", señalan. Y recuerdan que una buena parte de los fondos regionales europeos, como los de agricultura o investigación, "se gestionan casi de manera bilateral con la Generalitat". Y añaden que "Cataluña ya ha demostrado una gran capacidad para absorber directamente los fondos de I+D a través de consorcios organizados sin ninguna intervención de la administración central".

Esas fuentes atribuyen la frustración de una parte del establishment político catalán "al deseo de sentarse en el Consejo Europeo como un gobierno más". Una posibilidad que califican de "muy remota porque hay unas 75 regiones en Europa que podrían aspirar a lo mismo".

Otra fuente acusa a los nacionalistas catalanes, en particular de la antigua Convergencia, de haberse despistado en política europea y haber perdido la oportunidad de influir "a través de gobiernos de coalición en Madrid". Esa colaboración, que se pudo producir en ciertos momentos con González o Aznar, hubiera permitido a Cataluña marcar su posición de manera más clara en la agenda europea.

"Pero en aquel entonces, Europa se ocupaba de temas relativamente menores. Ahora, todos los asuntos trascendentes, desde la economía a la inmigración, pasan por Bruselas. Y para llegar allí hay que pasar por Madrid", concluye esa fuente. La tentación de saltarse a la capital española para llegar a la europea va a más pero los cauces para lograrlo siguen prácticamente cegados.

Bruselas, mientras tanto, observa con creciente inquietud el grave conflicto político e institucional que enfrenta al Gobierno central español con las autoridades autónomas catalanas. La Comisión Europea da su apoyo al orden constitucional cada vez que se le pregunta (y se le pregunta a menudo estos días). El organismo comunitario se aferra esa valoración jurídica para no inmiscuirse en lo que califica como "asunto interno" de uno de los principales socios de la UE.

Pero los esfuerzos de la capital comunitaria por mantenerse al margen parecen en vano porque el marco comunitario es una parte inevitable del llamado procés de independencia. Y las dos partes invocan a la UE en sus argumentos. El gobierno de Rajoy como amenaza de expulsión del club europeo para una Cataluña independiente. Y el Govern de Puigdemont con la promesa de inmediata reincorporación como nuevo Estado miembro.

Las instituciones europeas han aclarado una y otra vez que solo reconocerían la independencia del territorio de un Estado miembro si se realiza de acuerdo con su legalidad vigente. Y que, en todo caso, ese nuevo Estado debería solicitar el ingreso como cualquier país tercero y someterse a un proceso de adhesión como en el que se encuentran, con desigual suerte, Turquía, Serbia, Albania o Montenegro. La incorporación del nuevo socio estaría siempre supeditada al visto bueno por unanimidad de todos los miembros de la Unión. Esa vía, insisten fuentes europeas, sería inevitable, llegado el caso, para Escocia, Cataluña o cualquier otra región europea.

Las mismas fuentes señalan que los derechos y obligaciones ligados a la ciudadanía europea van asociados a la condición de "ser nacional de un Estado miembro". Y, por tanto, los nacionales de un país tercero, como serían los de un nuevo Estado independiente, pierden el carácter de ciudadanos europeos salvo que tengan la nacionalidad de un país de la UE.

Bruselas zanja así el debate sobre las consecuencias legales de una independencia legal. Pero esa posición tajante no resuelve las demandas de unas regiones que buscan otro encaje en una Unión donde la cesión de soberanía puede vaciar por arriba no tanto las competencias del Estado como las de las Autonomías.