Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra de Popular
Insta al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a admitir las querellas recibidas La Fiscalía recomienda dejar fuera de la investigación a BCE, Banco de España y CNMV
La investigación judicial por la quiebra de Banco Popular va tomando forma. La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad, según confirman fuentes oficiales.
La Fiscalía es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, si bien Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores nacionales, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni al Banco Central Europeo (BCE) o al Banco Popular Portugués.
En este sentido, resulta relevante que la Audiencia Nacional acabe de decidir dejar fuera del banquillo al Banco de España y a la CNMV en la investigación del caso Bankia. Un caso que también instruyó el juez Fernando Andreu, quien deberá decidir ahora si sigue la recomendación de la Fiscalía y abre una investigación judicial sobre el fin de esta entidad solo unos meses después de haberse encargado de la salida a Bolsa de Bankia.
Aunque la Fiscalía no lo ha matizado, la salvedad que Anticorrupción hace con los supervisores no parece extenderse sobre la auditora Pwc, y el socio que firmó las cuentas, Francisco Barrios, incluidos en algunas de las querellas presentadas.
Hasta la fecha se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 junio ante la falta de liquidez sufrida por la fuga de depositantes e inmediatamente vendido al Santander al precio simbólico de un euro.
La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Unica de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa. Es decir, supuso la pérdida del dinero para los cerca de 300.000 accionistas y para los bonistas de la entidad.
Algunas de las primeras querellas y denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional fueron interpuestas por la asociación de consumidores OCU, el bufete Cremades & Calvo Sotelo o el despacho Durán & Durán. Sus escritos difieren a la hora de señalar como responsables a Ron, a Saracho o a ambos. El aluvión de acciones legales que provocó la caída de Popular ha involucrado ya a una quincena de importantes bufetes.
Otros frentes de la batalla judicial
Más allá de la depuración de posibles responsabilidades penales, la batalla judicial de Popular se ha extendido a otros frentes. Tras los recursos administrativos interepuestos contra las autoridades europeas y el FROB, recientemente fue presentada la primera demanda civil que busca resarcimiento para los afectados.
Esta misma semana, varios de los principales accionistas de la entidad, entre los que se encuentran el grupo chileno Luksic o los inversores institucionales representados por el bufete B. Cremades & Asociados, han presentado también recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las decisiones tomadas por la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea.
