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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente, Oriol Junqueras. EFE

Montoro comunica a la Generalitat el bloqueo total de su presupuesto

Junqueras desoye el ultimátum y Hacienda toma el control de las cuentas catalanas

El cobro de las nóminas de los funcionarios está en el aire

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comunicado hoy oficialmente a la Generalitat de Cataluña la intervención total de sus cuentas públicas. Tras desoír las autoridades catalanas el ultimátum de 48 horas de Hacienda, Montoro ha remitido una carta al vicepresidente Oriol Junqueras para informarle de la aprobación de una orden por la que se adelanta el cierre del presupuesto de la Generalitat y se adopta un acuerdo de no disponibilidad. Ello significa que es el Gobierno de Mariano Rajoy el que pasa a controlar las cuentas catalanas. La Generalitat se queda sin los recursos periódicos del sistema de financiación y sin la posibilidad de asumir nuevos gastos. La orden, que avanza Cinco Días, se publicará este jueves en el BOE.

Se trata de un hecho histórico e inédito que Montoro explicará este misma tarde en el Congreso. No es la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, pero se le parece mucho. La relación entre la Generalitat y Hacienda se adentra en un terreno desconocido y todo lo que suceda a partir de ahora no tiene precedentes. Y todo ello se produce en mitad de una actuación de la Guardia Civil, que esta mañana ha registrado sedes de la Generalitat y detenido altos cargos.

A partir de ahora, todos los pagos pendientes que tenga la Generalitat y estén respaldados presupuestariamente deberán ser abonados por el Estado. Sin embargo, Hacienda no tiene toda la información. Si la Generalitat no colabora y facilita datos, peligran las nóminas de los funcionarios que deben cobrar a principios de la próxima semana.

Hacienda estuvo esperando hasta ayer una respuesta al plazo de 48 horas que estableció el Gobierno para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aprobara un acuerdo de no disponibilidad que afectara a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales. Hacienda también exigió que Cataluña comunicara todos los pagos pendientes, que a partir de ahora asumirá la Administración central. La Generalitat no ha cumplido ninguna de las dos condiciones, que ahora el Gobierno central aplicará a la fuerza.

Hacienda mantiene así bloqueados los recursos del sistema de financiación que mensualmente abona a Cataluña y que suponen en torno a 1.400 millones al mes. La Generalitat, por lo tanto, solo cuenta con los ingresos propios –unos 200 millones mensuales– y el dinero que tenga en tesorería. Una cuantía insuficiente.

Hacienda tiene el dinero, pero es la Generalitat quien maneja las facturas y la información acerca de las obligaciones pendientes. Para cumplir con los compromisos de pago es necesario que ambas Administraciones colaboren y se comuniquen, algo que hoy parece improbable.

Si bien Hacienda tiene información sobre los proveedores de la Generalitat y las facturas por el funcionamiento del FLA, fuentes del Gobierno reconocen que no disponen de todos los datos y también señalan que, si la Generalitat no colabora, es posible que los funcionarios catalanes no reciban la nómina la próxima semana.

A diferencia del País Vasco, que recauda sus propios impuestos, Cataluña depende totalmente de las entregas a cuenta que abona el Estado periódicamente en cumplimiento del modelo de financiación. La Generalitat asegura que Hacienda está incumpliendo sus propias normas y que no cuenta con sustento legal para intervenir y bloquear las cuentas autonómicas.

Junqueras aseguró que las medidas coercitivas quedaban anuladas por su recurso ante el Supremo, pero los hechos rechazan tal interpretación.

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