Hacienda avisa de que peligran las nóminas de los funcionarios catalanes

El Estado asumirá el pago de los sueldos, pero precisa de la información y colaboración de la Generalitat

Las cuentas y las tarjetas de crédito quedarán bloqueadas sin el aval del interventor

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante la visita a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. EFE

No es el artículo 155 de la Constitución Española, pero se le parece. Las cuentas de la Generalitat de Cataluña están ya controladas por el Estado y hoy finaliza el plazo para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, adopte un acuerdo de no disponibilidad. En la práctica, supone avanzar el cierre contable de la administración catalana para evitar que se asuman nuevas deudas y compromisos más allá de los fijados presupuestariamente. Entre otras medidas, Hacienda también exige en la orden publicada en el BOE el pasado sábado que la Generalitat comunique al Estado todos los pagos pendientes para que sea Hacienda quien asuma el abono.

Fuentes del Gobierno señalan que el departamento de Cristóbal Montoro está en disposición de asumir los compromisos de pago de la Generalitat, pero advierten de que para ello precisan de la colaboración de la Generalitat. Indican que si el Gobierno de Puigdemont no ofrece información al Ejecutivo central, peligra el pago de las nóminas de los funcionarios catalanes. En principio, deben cobrar la próxima semana.

Cada mes, Hacienda transfiere a la Generalitat en torno a 1.400 millones por el modelo de financiación autonómica. Ahora, el Gobierno central ha retenido este dinero y es quien asumirá los pagos. Si la Generalitat no colabora con el Estado, el caos está asegurado y también los impagos. Es cierto que Hacienda tiene mucha información sobre los compromisos de la Generalitat a través del FLA, pero no toda.

En mitad del proceso soberanista y cuando faltan pocos días para el 1 de octubre, no parece probable que los cauces de comunicación entre la Hacienda estatal y la catalana se restablezcan. Fuentes de la Administración estatal señalan que la situación se adentra en un terreno desconocido, pero insisten en la idea de que la llave de la caja la tiene el Gobierno central.

La mayor parte de los ingresos de la Generalitat proceden de las transferencias periódicas que abona el departamento de Cristóbal Montoro a cuenta de la recaudación prevista del IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Los ingresos que gestiona directamente la Generalitat son básicamente el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre sucesiones, dos figuras menores en recaudación si se comparan con el IRPF o el IVA.

El Consejo de Ministros del pasado viernes endureció el control financiero sobre la Generalitat después de que el vicepresidente Oriol Junqueras anunciara que dejaría de informar semanalmente al Gobierno central de todos sus movimientos económicos. Entre otras medidas, la orden de Hacienda que se publicó la semana pasada en el BOE contempla que todas las autorizaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán de la autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo. Además, Hacienda obliga que cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General que acredite que no está relacionado con “ese proceso ilegal”. Fuentes de Hacienda señalan que ello supone que incluso las tarjetas de crédito de los altos cargos de la Generalitat están intervenidas.

Fuentes del Gobierno de Puigdemont aseguran que nada impedirá la celebración del referéndum y defienden que tienen recursos para abonar las nóminas de los funcionarios de la Administración catalana.

Junqueras intenta ganar tiempo

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la orden aprobada por el Consejo de Ministros y que supone que endurece el control sobre las cuentas catalanas. Junqueras denuncia que el Gobierno está aplicando el artículo 155 de la Constitución, que contempla la suspensión de la autonomía, de forma encubierta.

La maniobra de Junqueras tiene como objetivo ganar tiempo, sin embargo, fuentes jurídicas explican que el Tribunal Supremo puede tardar entre dos y tres semanas en resolver si suspende de forma cautelar la intervención de las cuentas catalanas. Es decir, la decisión puede demorarse más allá del 1 de octubre y también de la fecha prevista para el pago de las nóminas de los funcionarios de la próxima semana.

Reuniones con la patronal de la banca

La estrategia de Hacienda pasa por asfixiar financieramente el referéndum previsto para el 1 de Octubre reclamando la colaboración de las entidades de crédito. El pasado viernes, el Consejo de Ministros decidió solicitar a la banca que denuncie a la Fiscalía cualquier movimiento relacionado con la convocatoria de la consulta soberanista. Fuentes financieras revelan que en las últimas horas se han producido encuentros entre el Gobierno y las principales patronales del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), así como con las propias entidades financieras, para dar forma a este sistema de vigilancia financiera de las actuaciones del Gobierno catalán. Las mismas fuentes revelan que el procedimiento consta de una importante complejidad técnica, pues el Consejo de Ministros pidió un sistema de alertas análogo al que previene el blanqueo de capitales. Aún se está perfeccionando cómo implementar un modelo automático que permita prevenir, por ejemplo, la compra de urnas.

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