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Los beneficiarios de rentas mínimas se disparan pese a la recuperación

El colectivo aumentó un 28% en un año y uno de cada cuatro perceptores es menor

Los vascos reciben de media seis veces más que los de Castilla la Mancha

El año 2014 fue el primer año completo de recuperación del PIB y del empleo en España. Sin embargo, esta mejoría no se vio reflejada en el colectivo social más desfavorecido: las familias sin recursos. De hecho, en 2015 –últimos datos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales disponibles– el número de beneficiarios de rentas mínimas de inserción (RMI) se disparó un 28% hasta sumar 789.672 personas, incluyendo los titulares y los familiares dependientes.

Estas rentas consisten en ayudas asistenciales a las personas sin recursos, reconocidas y gestionadas por completo por las comunidades autónomas, y que en ese año se situaron en una media de 436 euros mensuales para el titular y un promedio de 671,54 euros al mes de media para una unidad familiar.

Las causas de este incremento están en el elevado número de parados que no cobran ni prestación contributiva ni asistencial –54% en 2015– y que también agotan los programas como el Prepara o el Programa de Activación para el Empleo, cuyo cobro es de seis meses improrrogables.

El mayor incremento lo registró el colectivo de familiares dependientes de un titular de una renta mínima, que se incrementó un 32% hasta las 466.266 personas (uno de cada cuatro era menor de edad). Mientras que el número de titulares de una RMI aumentó un 22% hasta los 323.406.

Pero este incremento del colectivo también obedece a la mejora de las finanzas de las comunidades, que aumentaron el gasto en estas ayudas, al destinar un total de 1.559 millones a rentas mínimas de inserción, un 16% más que el año anterior.

No obstante, el hecho de que el gasto creciera la mitad de lo que lo hizo el número de beneficiarios se tradujo en que el gasto medio por beneficiario apenas creció en 22 euros anuales de media. Así, se pasó de 1.492 euros por beneficiario al año, de media en 2014 a 1.514 euros anuales un año después, apenas un avance del 1%.

Este efecto se dejó sentir sobre todo en las comunidades en las que más se disparó el número de beneficiarios. En concreto, en Andalucía donde los perceptores de estas ayudas y sus familiares se duplicaron con creces en un solo año, el gasto medio por beneficiario descendió un 55%.

Igualmente, en Canarias, donde se facilitaron las condiciones de acceso, el número de personas con esta ayuda aumentó un 68% al tiempo que el gasto por perceptor descendió un 11%. Y algo parecido ocurrió en el País Vasco, donde a pesar de ser la segunda comunidad más generosa en la cuantía de estas ayudas –solo la supera Navarra– el número de beneficiarios aumentó un 34% y el gasto medio por cada uno de ellos descendió un 16%.

En cualquier caso, las diferencias entre el gasto medio por cada perceptor de estas ayudas en función de la comunidad autónoma donde se resida son muy abultadas. Así, una persona sin recursos que viva en el País Vasco recibirá seis veces más dinero por la renta mínima que otro que resida en Castilla-La Mancha. Aunque esta diferencia se ha reducido un 23% respecto al año anterior debido al descenso del gasto en el País Vasco, ya que los castellanomanchegos siguen prácticamente recibiendo los mismos 514 euros de media mensuales.

No olvidar los servicios

Ante esta situación, el Consejo Económico y Social (CES) que ha recogido estos datos en su última memoria, considera que aunque todas las comunidades tienen programas de rentas mínimas, “la variedad de normas y programas dispersos a lo largo de todo el Estado conforma, más que un verdadero sistema, una red de prestaciones dirigidas a paliar las situaciones de vulnerabilidad económica de los hogares, que ha aumentado de manera notoria durante la crisis, añadiendo presión sobre el conjunto de los servicios sociales”.

Por ello, desde el CES reclaman que, pese a la importancia de este tipo de ayudas, los poderes públicos no deberían olvidar reforzar las redes de prestación de servicios sociales en especie “que pueden resultar fundamentales en la prevención y en la atenuación de las situaciones de vulnerabilidad social”.

En la actualidad, la mesa del diálogo social para la calidad en el empleo en la que están presentes el Ministerio de Empleo, los sindicatos y la patronal, tiene previsto abordar la creación de una tarjeta social, en la que estén presentes telemtáticamente todas las ayudas públicas que recibe un ciudadano.

Esta tarjeta serviría para mejorar la coordinación entre las ayudas estatales y las autonómicas, con varios objetivos: que la protección llegue a todo aquel que lo necesite;racionalizar y optimizar el gasto y luchar contra el fraude.

Asimismo, servirá para certificar el dato del Instituto Nacinal de Estadística (INE), que indica que en la actualidad, un total de 1.163.700 personas viven en España en hogares en los que no entra ningún tipo de ingresos, un 13% menos que en el segundo trimestre de hace un año.

El Informe que elabora el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales e Igualdad recoge algunos rasgos del perfil más común del beneficiario de estas rentas.

  • Nacionalidad y Edad. El 75% de los perceptores son españoles. El grupo de edad más común entre los beneficiarios es el de 35 a 44 años; le siguen los que tienen entra 45 y 54 años y el 26% del total son menores de edad.
  • Cuantías. Cada comunidad fija las cuantías mínimas y máximas de los titulares de estas ayudas y de sus unidades familiares. Así, el promedio de la cuantía mínima de un titular es de 435,80 euros mensuales, que equivale al 67,5% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2015. Mientras que el promedio de la cuantía máxima por unidad familiar es de 671,5 euros al mes, el 103,5% del SMI. Si bien estas ayudas oscilan en el caso de los titulares individuales entre los 648 euros de Navarra y los 300 de Murcia. Y en el caso de las unidades familiares, los 972,90 euros también de Navarra y los 399,38 euros al mes de La Rioja.
  • Ratio de cobro. Hay doce comunidades autónomas que superan el ratio de 10 perceptores por cada 1.000 habitantes inscritos en el padrón.
  • Otras condiciones. La edad mínima de acceso suele ser los 25 años; y se exige estar empadronado o llevar entre 10 o 24 meses como residente.
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