Financiación regional

Hacienda abonará 105.040 millones a las autonomías en 2018, un 4% más

Las comunidades piden que el Gobierno lidere la reforma de la financiación

Montoro alerta de que sin la colaboración del PSOE no habrá nuevo modelo

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. EFE

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer los objetivos individualizados de déficit autonómico, que quedó en el 0,4% del PIB para todas las comunidades en 2018. Para 2019, el límite es del 0,1% y, para 2020, Hacienda exigirá equilibrio. Era lo esperado. La medida salió con el apoyo de Hacienda, que cuenta con la mitad de los votos, y con el rechazo de las autonomías socialistas.

Hacienda informó a las comunidades autónomas de las entregas a cuenta del próximo año y que sumarán 105.040 millones, un 4% más. El incremento de los recursos facilitará a las autonomías el cumplimiento de los objetivos de déficit público. La reunión de ayer entre las comunidades autónomas y Hacienda fue la primera después de que la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica entregara su informe al ministro Cristóbal Montoro.

Las comunidades del PSOE reclamaron que el Gobierno lidere la negociación, ponga cifras encima de la mesa y fechas para reuniones. Sin embargo, el documento de los expertos también ha dejado entrever que existen profundas divisiones acerca de temas clave como la solidaridad interterritorial. El consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, por su parte, se expresó “radicalmente en contra” de que el modelo propuesto por los expertos incluya el principio de ordinalidad para que los mecanismos de solidaridad no alteren, como sucede ahora, el orden de las comunidades en financiación por habitante. Extremadura y Andalucía también se oponen al principio de ordinalidad. Las tres regiones son las más beneficiadas por el modelo vigente.

La Comunidad Valenciana es la autonomía más perjudicada por el modelo actual y, por lo tanto, es la que tiene más interés por aprobar el nuevo modelo. Madrid también presionó para aprobar cuanto antes un nuevo modelo y reclamó que las comunidades mantengan el margen para decidir los tipos en el impuesto sobre sucesiones. Montoro alertó de que la responsabilidad de aprobar un nuevo modelo no es solo del Gobierno. Recordó que sin el apoyo del PSOE y de las comunidades socialistas no habrá un nuevo modelo de financiación.

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