La Mutualidad de la Abogacía contrata al bufete Ramón C. Pelayo para recuperar su inversión en Popular
La mutua perdió los 54 millones invertidos en la entidad Interpondrá dos recursos ante el TJUE y ante la Audiencia Nacional
La Mutualidad de la Abogacía empieza a tomar medidas ante la pérdida de 54 millones de euros invertidos en Banco Popular que se esfumaron con la intervención de la entidad financiera a comienzos del pasado mes de junio. Para ello, contará con el asesoramiento del despacho especializado en litigación y arbitraje Ramón C Pelayo Abogados, que será el encargado por la Mutualidad para llevar adelante este proceso.
Así lo señala la mutua de los abogados en un escueto comunicado publicado este lunes en su página web. Según afirma, "como inversor institucional, la Mutualidad de la Abogacía ya cuenta con la estrategia legal que le va a servir para iniciar las acciones procedentes con el fin de recuperar los 54 millones de euros tras la resolución del Banco Popular".
En este sentido, señalan que su estrategia legal consistirá en dirigirse "contra la Junta Única de Resolución (JUR), responsable de resolver Banco Popular reduciendo a cero el valor de las acciones y la deuda subordinada y contingente, y también contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob)".
Para ello, señalan que interpondrán "dos recursos contencioso-administrativos dirigidos, en el primero de los casos, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la Audiencia Nacional, en el segundo".
Asamblea General
El pasado 17 de junio, en la Asamblea General de la Mutualidad, el presidente de la entidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, ofreció a los mutualistas la información al detalle sobre la inversión que la Mutualidad realizó en el Banco Popular, que, tal y como remarcó, tan solo supone un 0,7% de las inversiones totales de la entidad.
Según la crónica de la asamblea recogida por la propia Mutualidad, Fernández-Lomana manifestó que, si bien el volumen de la pérdida es importante, hay que entenderlo dentro de la gestión de las inversiones en su conjunto, donde las inversiones de la Mutualidad superan, a valor de mercado, los 7.430 millones de euros y las plusvalías ascienden a más de 1.300 millones de euros.
El presidente explicó a la asamblea que el único impacto será sobre la rentabilidad para 2017 y que no llegará al medio punto porcentual, es decir, que quedará en torno al 4,5% frente a la expectativa inicial del 5%.
En aquel momento también se refirió Fernández-Lomana a que se estaba estudiando “interponer acciones judiciales contra Banco Popular", para lo que se estaba "recabando información y asesoramiento". Y ello, según señalaba entonces el presidente de la mutua, con el objetivo de reponer "los recursos de los que nos hemos visto privados por cauces de dudosa legalidad", añadió.
Finalmente, Enrique Sanz trasladó un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, subrayando que "esta situación no afecta ni a la solvencia ni al patrimonio de la Mutualidad y no dañará a las rentabilidades futuras”.
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