El juez reclama al FROB toda la documentación que se usó para liquidar Popular
La Audiencia Nacional admite el recurso de la OCU contra la resolución del banco La demanda reclama depurar responsabilidades en defensa de los pequeños inversores
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso que la OCU presentó el pasado 13 de julio ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra la resolución del FROB, por la que se ejecutó la resolución de Banco Popular y por la que la entidad fue vendida al Banco Santander, al considerar que dicha resolución es contraria a derecho. En el mismo auto, la Audiencia Nacional solicita al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que presente ante la misma sala en un plazo de 20 días todos los expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado.
La OCU se ha mostrado satisfecha con la admisión de este recurso y confiada en que el acceso al expediente administrativo sirva para aclarar este procedimiento. La Organización de Consumidores espera que esta información permita también depurar responsabilidades en defensa de los pequeños inversores y accionistas minoritarios que perdieron toda su inversión tras esta operación.
La OCU también remitió hace unos días una carta a la Comisión Europea solicitando el acceso al expediente íntegro del procedimiento de resolución de la entidad “Banco Popular Español, SA”.
Mientras la causa se resuelve, la organización ha recordado a todos los inversores y accionistas minoritarios afectados que pueden sumarse a la plataforma de Movilízate, que les permitirá estar informados sobre la situación y de las posibles acciones judiciales que va a llevar a cabo para defender los derechos de los afectados. Hasta el momento, más de 17.650 afectados se han puesto en contacto con la organización.
Se acumulan las denuncias
Esta es la primera de las demandas contra la compra de Popular por parte de Santander que se admite a trámite, pero no será la única. Desde que Ana Botín anunciara la operación, las denuncias contra la liquidación de Popular no han parado.
Distintas organizaciones como la Aemec a través del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, y el despacho Durán & Durán han emprendido acciones legales exigiendo dilucidar las posibles responsabilidades penales de la desaparición del banco y compensar a quien ha perdido su dinero. No obstante, cada uno de estos tres frentes ha acusado a distintas personalidades de ser los responsables de la desaparición de la entidad.
Mientras que la OCU culpó al FROB por su resolución, la Aemec señaló al último presidente, Emilio Saracho, y a uno de los principales inversores de Popular, el grupo de la familia Del Valle, al que acusan de haber apostado a la baja contra la acción. El bufete Durán & Durán presentó una denuncia penal contra Saracho por su “fuerte vinculación con Banco Santander” y con JP Morgan, firma de la que fue vicepresidente hasta que llegó a Popular, y a la que se contrató para el fallido proceso de venta del banco.
La Mutualidad de la Abogacía ha anunciado, por su parte, que llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Junta Única de Resolución (JUR), organismo comunitario que decidió la liquidación de Popular y al que reclamará los 54 millones de euros invertidos en la entidad financiera.
Mutualidad considera a la JUR principal responsable de dicha operación, que supuso “reducir a cero el valor de las acciones y de la deuda subordinada y contingente”, y avanza que su estrategia legal también irá dirigida contra el FROB.
