Carmena quiere limitar a 60 días al año el alquiler de viviendas de Airbnb
Superado ese plazo, los anuncios desaparecerían de las páginas web El ayuntamiento de Madrid quiere cobrar una tasa de un euro como Amsterdam
El ayuntamiento de Madrid ha anunciado su intención de alcanzar un acuerdo con las principales plataformas para alquilar viviendas a turistas (Airbnb y HomeAway) para regular el desmedido crecimiento de estos inmuebles. “La proliferación de viviendas turísticas es exponencial, está creciendo a un ritmo brutal: se ha pasado del 2% que representaban en 2013 en todo el sector del alojamiento en Madrid a un 25%”, ha apuntado el delegado de Desarrollo Urbano y Sostenible, José Manuel Calvo, en una entrevista a Europa Press.
Ese ritmo de crecimiento lleva a que el consistorio presidido por Carmena quiera alcanzar el acuerdo lo antes posible sobre dos pilares: diferenciar a los particulares de los profesionales y que los rendimientos que obtengan los propietarios tengan su reflejo en las arcas públicas. “Ese pacto busca que no se monten negocios fuera de la actividad reglada, la de los hoteles y apartamentos turísticos. Conseguir que no se monten hoteles encubiertos de la mano de las viviendas turísticas”, apunta Calvo. Ese sería el primer eje del acuerdo: solo se podría alquilar para turistas la vivienda habitual de una persona, para lo que sería necesario un certificado de empadronamiento para demostrar que el propietario reside allí. “Que no haya intermediarios ni nadie que se compre 17 casas para ponerlas como vivienda turística”, explica el concejal.
Esos propietarios también tendrían un límite de 60 días para alquilar su vivienda a lo largo del año. Excedido ese margen, el anuncio debería desaparecer de la plataforma web en la que se comercializa. “La referencia de 60 días de otras ciudades me parece bien”, señala Calvo. Además estarían obligadas a pagar una tasa de un euro al día, tal y como sucede en otras ciudades turísticas como Amsterdam. “Los hoteles y apartamentos turísticos pagan muchos impuestos, están muy regulados y fiscalizados pero la vivienda turística no está pagando impuestos aunque obtiene rendimiento económico, por lo que parece razonable que parte de ese rendimiento revierta en la Administración para cubrir la sobredemanda de servicios de limpieza, equipamientos, transporte e incluso para ejercer la disciplina urbanística”, señala el delegado. Fuera de este esquema quedarían las empresas y fondos que compran inmuebles para posteriormente alquilarlos. Estos estarían regulados por la ley de Arrendamientos Urbanos y estarían obligados a pagar tributos como el Impuesto de Actividades Económicas y a contar con medidas de seguridad y requisitos que ahora no cumplen.