Hacia una nueva gobernanza de la universidad española

Austria, Francia o Portugal han implantado medidas a imitar

Por ejemplo, que los profesores no tengan que ser funcionarios

universidad de salamanca
Fachada de la Universidad de Salamanca. Getty Images

Un menor número de profesores que sean funcionarios, más flexibilidad en la contratación del personal docente y una mayor proporción de perfiles externos a la universidad dentro los órganos de gobierno de los campus. Estas son las tres líneas principales de La reforma de la gobernanza en los sistemas universitarios europeos, el último informe de la Cámara de Comercio de España, la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) y la Conferencia de Consejos Sociales, donde se propone una transformación total de la gestión de las universidades públicas españolas.

El documento hace un repaso de las reformas universitarias emprendidas durante décadas por Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal, países que han optado por cambiar su modelo docente, logrando así, según el informe, mayor autonomía, mayor rendición de cuentas, unos sistemas de evaluación con más calidad, diversificar sus fuentes de ingresos e incrementar la competencia. “Las universidades de estos países son instituciones que se definen por la calidad de sus profesionales, por lo que están obligadas a atraer talento, ofrecer itinerarios académicos transparentes y desarrollar procesos de promoción”, explicó ayer Javier Monzón, presidente del comité ejecutivo de la Fundación CYD. Y esto es lo que algunos quieren que imite la universidad española.

De esta forma, en estas regiones que sirven como modelo se ha reforzado la idea de que no sea necesario ser funcionario para trabajar en una universidad pública. Esto, a juicio de los autores del informe, supondría promover el talento dentro de las aulas, así como potenciar la profesionalización de la docencia. “Hoy, cada universidad debería poder elegir su política de contratación”, añadió Monzón. En este sentido, Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, recordó que España se encuentra en la tesitura idónea para abrazar este cambio: “En los próximos cuatro años un 25% de los profesores universitarios se jubilará, y esto supone una oportunidad para reformar el estatuto del personal docente”.

Para estos expertos, otra medida a adoptar es que los órganos de gobierno de los centros pasen a estar ocupados también por representantes externos a la universidad y que no pertenezcan únicamente al mundo académico, con el fin de dar mayor prioridad a la rendición de cuentas, a la diversificación de las fuentes de ingresos o al incremento de la competencia entre los propios campus, “algo que solo puede suceder cuando se tiene a los mejores profesionales”, señaló Monzón. Estos organismos serían, además, los encargados de elegir al rector de cada centro, con el fin de alinear la dirección de la institución con el objetivo fijado.

Pretendemos llegar en 2020 a un 60% de financiación fija y que el resto vaya por objetivos

Antonio Abril, vicepresidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas

La financiación de la universidad es otro de los espinosos asuntos a tratar. Y estos expertos se decantan, sin ninguna duda, por la colaboración público-privada. Así, según explicó el vicepresidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas, Antonio Abril, los recursos de cada campus deberían establecerse en base a criterios de rendimiento. “Pretendemos llegar en 2020 a un 60% de financiación fija que garantice el funcionamiento mínimo y que el resto se mueva por objetivos, de calidad y resultados”. Aunque, como matizó el coordinador del citado estudio, Martí Parellada, deberían matizarse los criterios a tener en cuenta para esta doble vía de financiación, y por ejemplo, no incluir el grado de inserción laboral, pero sí aquellos aspectos que realmente puede controlar la universidad, como la tasa de graduación de los alumnos o su abandono.

“En estas políticas universitarias es necesaria la colaboración de todos, y la reforma es algo que no podemos prolongar durante más tiempo”, reconoció Marcial Marín, que animó a proseguir con esta transformación. Sobre todo porque, como reconocieron los autores del informe, esto supone un gran esfuerzo a todos los niveles. Los países analizados han tardado al menos dos décadas en poner en marcha los cambios y ver los frutos. “Precisamos de un fuerte liderazgo” de los gobiernos y de los rectores.

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