El fiscal pide cinco años de prisión para Rato por la salida a Bolsa de Bankia
Luzón acusa solo a cuatro de los 34 procesados y exculpa a Deloitte y los supervisores La CIC y el 15M solicitan las penas más duras, hasta 12 años y medio de cárcel
Nuevo paso hacia la celebración de un juicio que depure las posibles responsabilidades penales en torno a la salida a Bolsa de Bankia. Acaba de concluir el plazo dado por el juez instructor Fernando Andreu a las partes para presentar sus escritos y los acusadores han solicitado la apertura de un juicio oral y penas de prisión para los principales imputados.
El fiscal Alejandró Luzón ha centrado su escrito en el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, su exconsejero delegado Francisco Verdú, el exvicepresidente José Luis Olivas y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella.
Les acusa de estafa a inversores por el dinero captado en el debut bursátil de la entidad, en julio de 2011, que menos de un año después tuvo que revisar sus cuentas arrojando un agujero de miles de millones de euros que requirió solicitar un rescate a Europa.
La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión para, cuatro años para Olivas, tres años para Norniella, y dos años y siete meses de prisión para Verdú. Para todos ellos fija una multa diaria de 200 euros durante 10 meses lo que suponen 60.000 euros de sanción.
A todos ellos, el Ministerio Público les hace responsables de indemnizar conjunta y solidariamente por partes iguales a los inversores minoristas que acudieron a la salida a Bolsa, exceptuando al grueso al que Bankia ya ha devuelto el dinero. La entidad nacionalizada queda, además, como responsable civil subsidiario.
Luzón ha decidido no acusar de falsedad contable al auditor Deloitte ni al socio responsable de firmar las cuentas de Bankia de 2010 y 2011, Francisco Celma, ni al resto de administradores de la entidad financiera al no encontrar base suficiente para armar la acusación pese a que los peritos judiciales inciden en la falsedad de las cuentas.
En este sentido, el fiscal se hace eco de que los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Victor Sánchez hablan de “irregularidades”, “incorrecciones”, “omisiones” e “inexactitudes” en las diferentes cuentas analizadas, llegando a tacharlas de “falsas” en sus últimos informes, lo que Luzón manifiesta que hacen “sobrepasando el cometido propio de su pericia”.
Alabanzas a la nueva Bankia
"La conducta corporativa de Bankia demuestra el compromiso de sus actuales dirigentes con una cultura de cumplimiento corporativo que alcanza a la exención de la pena que pudiera corresponderle", expone finalmente el fiscal, dejando fuera de la causa a la entidad nacionalizada propiedad del FROB y liderada por José Ignacio Goirigolzarri, dado que iniciaron la investigación que acabó revelando las tarjetas black y han devuelto el dinero a los inversores afectados.
El Ministerio Público también opta por dejar fuera del proceso a los responsables de supervisión del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) imputados durante la instrucción por mandato de la Audiencia Nacional ante la negativa del fiscal y del propio juez a investigarles.
Peticiones del resto de acusaciones
Por su parte, la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, sí considera que además de estafa a inversores se produjo un delito de falsedad contable.
La CIC reclama penas de cuatro años y seis meses de prisión por falsear las cuentas, siete años y medio por estafa a inversores, delito por el que también solicita multas diarias de 1.000 euros durante tres años.
Penas por tanto de hasta 12 años de cárcel para los principales imputados, que para la CIC incluyen a 28 consejeros de Bankia y BFA, tres directivos y el socio auditor de Deloitte.
En paralelo, el sindicato ha recurrido la decisión del juez de no procesar a los responsables de Banco de España y CNMV investigados durante la fase de instrucción gracias a la insistencia de la CIC, que logró que se aportaran los correos del inspector José Antonio Casaus en los que alertaba a sus superiores del riesgo de debacle si Bankia salía a Bolsa meses antes del debut en el parqué.
La CIC además, da especial peso en su escrito a las conclusiones de los inspectores del Banco de España a los que el magistrado solicito la pericia judicial. “Las conclusiones de los peritos, asumidas por el juez instructor, no pueden ser más claras y reveladoras, pues además de confirmar que, con el propósito de ocultar la verdadera situación patrimonial de la entidad, TODAS las cuentas de BFA-BANKIA desde su misma constitución y hasta el rescate de la entidad habían sido manipuladas, concluyen sin género de dudas que la salida a bolsa fue fraudulenta”, recoge la CIC.
Por su parte, el colectivo 15MpaRato ha solicitado apertura de juicio oral contra 34 procesados por la salida a Bolsa de Bankia y solicita las penas más duras para Rato y Norniella, para quienes pide 12 años y medio de prisión por falsedad contable y fraude a inversores.
Por su parte, la asociación de consumidores Adicae, en representación de 1.394 accionistas, ha solicitado un total de 363 años y seis meses de prisión para Rato y otros 31 exaltos cargos de la entidad por delitos continuados de falsedad documental y estafa a inversores.
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Tanto 15MpaRato como la CIC solicitan también un buen puñado de declaraciones de testigos de primer orden en el juicio, incluyendo la del ministro de Economía, Luis de Guindos; del actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde; del presidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri; del expresidente de La Caixa Isidro Fainé; y del presidente del BBVA, Francisco González o de la responsable del FMI Christine Lagarde..
En su auto de transformación, de principios de mayo, el magistrado instructor resolvió procesar a 34 acusados, encabezados por Rato, e incluyendo a Francisco Celma, responsable de auditar las cuentas, mientras que deja a Deloitte como responsable civil. El fiscal acusa solo a cuatro de los encausados. Está por ver cuántos se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados por la salida a Bolsa de la entidad financiera que exigió el mayor rescate público en España.
