CAM "ocultó" información contable a sus auditores, según KPMG y el FROB

Prosigue la declaración de testigos en el juicio por la gestión de la caja

Los gestores de la entidad habrían escondido datos de titulizaciones

 El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo (d), y los ex directores generales, Roberto López Abad (c) y María Dolores Amorós, durante el juicio.
El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo (d), y los ex directores generales, Roberto López Abad (c) y María Dolores Amorós, durante el juicio. EFE

Auditores de KPMG y el administrador provisional del FROB en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han sugerido hoy que la entidad “ocultó” aspectos relacionados con diferentes operaciones, y han declarado que su propia labor estuvo condicionada por la información suministrada por los directivos.

Así lo ha asegurado a la sala el socio de KPMG Francisco Javier Muñoz Neira, que ha explicado que las ganancias reflejadas en las cuentas del primer semestre de 2011 “no daban la imagen real” de la CAM al existir “diferencias sustanciales” de 1.100 millones en unas provisiones por riesgo de crédito especialmente deterioradas en los primeros meses del año.

Muñoz ha aseverado, en calidad de testigo, que estas provisiones “no tenían ningún sentido desde el punto de vista contable y económico”, y ha apuntado a la cúpula de la caja por “ocultar” las opciones de titulizaciones, “desconocidas” incluso por el Banco de España, que en 2010 inspeccionó durante meses la entidad.

En la misma línea se ha manifestado el administrador provisional del FROB, Tomás González, que ha insistido en que su mandato fue “una cosa precipitada” con el objetivo de “tomar el control de la entidad y llevar a cabo un proceso de venta sin que perdiera valor” durante su administración, tarea para la que no disponía de toda la información necesaria como los informes de auditoría, que “costó mucho” que se los dieran.

Como hicieran sus compañeros en la sesión previa, ha explicado que su equipo no aprobó las cuentas presentadas por la CAM para el primer semestre de 2011, ya que “ponían de manifiesto que la entidad estaba en beneficio, que desde la cartera no era necesario hacer más dotaciones”.

Balance que ha calificado de “extrañísimo”, considerando que se trataba de una caja intervenida por el Banco de España dados sus problemas de liquidez e insolvencia.

Asimismo, ha relatado que fue después, en las cuentas formuladas por la administración del FROB, cuando se destapó un agujero de 1.135 millones, como sostiene el fiscal Luis Rodríguez Sol, que solicita penas de hasta siete años y medio de prisión para ocho exdirectivos de la CAM por falsedad contable y estafa continuada, entre otros delitos.

Sobre las operaciones, ha reconocido que las titulizaciones y la reclasificación de créditos obligaron a reexpresar las cuentas “porque no se sostenían, no tenían capacidad de reembolso”, y ha criticado que la entidad guardara un derecho de recompra de los bonos cuyo riesgo no podría haber sido dado de baja de los estados como se hizo, generando un beneficio ficticio de 65 millones.

Al respecto, ha apuntado a las áreas de Riesgo y Planificación y Control, dirigidas por los acusados Francisco Martínez y Teófilo Sogorb, por su responsabilidad en el tratamiento contable de las titulizaciones.

Una dirección a la que también ha apuntado el socio de KPMG Julio Álvaro, autor de los trabajos que refrendaron que la supresión de estas operaciones del balance “era correcta” en base a la documentación aportada por el exdirector de Información Financiera, Salvador Ochoa, para quien la Fiscalía pide un año y dos meses de prisión.

Durante la sexta sesión de juicio también ha intervenido el que fuera director de gestión de Recursos Humanos de la caja Eduardo Severá, quien ha sostenido que los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós intervenían en las comisiones de retribución “sólo para exponer temas” pues carecían de voto.

Ha respondido así a cuestiones sobre las prestaciones recibidas por los miembros del comité de dirección, a quienes las acusaciones atribuyen un supuesto cobro indebido de 47 millones de euros en indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser.

En este sentido, ha asegurado que percibieron el bono extraordinario a largo plazo antes de que la situación se hiciera más precaria ya que el proyecto de integración en Banco Base aceleró su cobro, y ha recordado que Caser reintegró a la CAM más de 20 millones de euros en primas después del ajuste a la baja del importe de las prestaciones.

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