La Administración abre la batalla contra los alimentos menos saludables
Las comunidades ponen en el foco las máquinas de vending La industria prefiere medidas educativas que coercitivas
Panga, aceite de palma, bebidas azucaradas... La alimentación menos saludable está protagonizando la actualidad del sector en los últimos meses y el debate sobre el consumo de según qué alimentos está llegando a la administración. Algunas comunidades autónomas han comenzado a tramitar leyes para limitar las ventas de estos productos.
El caso más conocido ha sido el de Cataluña, que apostó por gravar las bebidas azucaradas desde comienzos de este mes. El resto de comunidades autónomas se mueven entre dos vertientes: las que apuestan por medidas de información y divulgación de hábitos alimentarios saludables y las que optan por medidas de carácter coercitivo contra los alimentos menos saludables.
En este segundo grupo se sitúan Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia o Navarra. Todas ellas han puesto el foco en el mismo punto: las máquinas expendedoras, conocidas como vending. En especial, en aquellas ubicadas en colegios, hospitales y centros públicos.
De ellas, el caso que ya está implantado es el de Asturias, quien ya aprobó una ley que limitaba el acceso de escolares a estas máquinas, eliminaba los carteles de publicidad en ellas sustituyéndolos por consejos, y obligando a incluir alternativas más saludables.
Un paso más allá están las normativas que preparan la Comunidad Valenciana y Murcia. En ambos casos, las respectivas consejerías de Sanidad preparan sendas regulaciones que limiten la bollería industrial y las bebidas azucaradas de las máquinas vending de las salas de espera de hospitales. En el caso de Murcia, por ejemplo, se obligará a sustituir esos productos por alternativas mas saludables como zumos, frutas o verduras.
En el caso de Andalucía, la ley se centra en colegios e institutos, donde limitará la publicidad y el contenido calórico en los alimentos de las máquinas de vending. En la misma línea se sitúa Navarra, que prohibe la venta de alimentos hipercalóricos en colegios e institutos, tanto en las máquinas como en las cafeterías.
Información y educación
La patronal de la alimentación y las bebidas en España, FIAB, todavía no se ha posicionado respecto a estas restricciones a las máquinas expendedoras en centros públicos. Fuentes de la organización señalan que en las próximas semanas, según se vayan concretando las posiciones de todas las Comunidades, emitirá su posicionamiento.
Si bien, como ya ha mostrado en otras polémicas alimentarias, la patronal apuesta por un sistema de información y divulgación sobre una dieta equilibrada y saludable.
En esta línea se están situando otras comunidades autónomas como Aragón, País Vasco o Castilla y León, cuyas consejerías de Sanidad cuentan con programas de comunicación, especialmente en centros educativos destinados a los menores.
El 39% de la población adulta en España tiene sobrepeso y el 21% es obesa, según la Sociedad Española de Cardiología. Un estudio del Imperial College de Londres en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que España es el segundo país con la tasa de obesidad más alta de la UE, solo superada por Reino Unido.
Por ello, hay autonomías que son críticas con que en este campo se opte por la autorregulación. “Las estrategias actuales basadas en la autorregulación del sector alimentario sirven de poco y es necesario introducir leyes que limiten el contenido de estos ingredientes con efectos nutricionales negativos”, apuntan desde la Consejería de Sanidad de Navarra.
La experiencia de los últimos meses muestran que la presión gubernamental, ya sea en materia legislativa o fiscal, tiene un impacto en las empresas de alimentación, especialmente cuando van acompañadas de críticas por parte de la sociedad.
Es lo que se ha visto en el caso del azúcar. Distintos Gobiernos comenzaron a aplicar impuestos a las bebidas con alto contenido de este ingrediente. En ese contexto, la patronal europea, Unesda, anunció un compromiso para acelerar la reducción de su contenido que conlleva eliminar el 10% en cinco años. Algunas, como Coca-Cola, se juegan en esta reducción la confianza de los accionistas y analistas, quienes han puesto de tarea al recién nombrado James Quincey esta labor como tarea.
Por contra, la presión de las autoridades todavía no ha llegado al aceite de palma desde el punto de vista sanitario, aunque algunas iniciativas sí obligan a que su origen sea sostenible. En este caso, frente a la reducción en el caso del azúcar, el uso del aceite de palma está disparado y en el último año la industria española alcanzó su máximo histórico de importaciones, valoradas en casi 1.000 millones de euros.
Paralelamente, las nuevas tendencias de consumo, con una mayor preocupación por la salud, están afectando a la distribución. La apuesta por ello se comienza a expandir dentro del sector, que busca atraer a un cliente cada vez más informado. La pasada semana, Carrefour anunció el lanzamiento de una nueva cadena, dedicada a la alimentación ecológica y saludable, un campo en el que también Eroski anunció su apuesta por crecer.
Solo Canarias estudia aplicar un impuesto similar al catalán
El 1 de mayo entró en vigor en Cataluña el impuesto a las bebidas azucaradas. Fue la primera comunidad autónoma en implementar una medida de este tipo y, por el momento, el ejemplo no se ha trasladado al resto de autonomías.
De entre todas las comunidades que han anunciado planes coercitivos contra el consumo de grasas saturadas o azúcar, ninguno ha incluido la utilización de impuestos. Además, algunos de ellos como País Vasco o Castilla y León, ya han confirmado que no incluirán estas medidas en su lucha contra la obesidad. En el caso de la segunda, su decisión viene también afectada por la gran importancia de la industria remolachera en la región.
La única que sí ha mostrado un cierto interés, aunque todavía en un punto inicial ha sido Canarias. La consejera de Sanidad insular, Rosa Dávila, aseguró hace unas semanas que la intención es seguir con las recomendaciones de la OMS, por lo que se trasladará a un comité de expertos cómo aplicar el gravamen.
De confirmarse los planes del Gobierno canario, de Coalición Canaria, el impuesto iría más allá que el catalán, ya que, además de gravar las bebidas azucaradas, iría también sobre otros alimentos con alto contenido en azúcar y grasas como la bollería industrial. Cataluña abrió la puerta a ampliarlo también a estos otros productos pero no a corto plazo y únicamente si los resultados del actual gravamen son positivos.
Por último, a nivel estatal, el Gobierno ha pospuesto la aplicación de este impuesto sobre las bebidas que anunció en otoño. El Ministerio de Hacienda ha dejado este gravamen en el cajón y lo activará en caso de desviarse del objetivo de déficit, tal y como figura en el Programa de Estabilidad 2017-2020. Junto con los impuestos ambientales calcula que se recaudarían 500 millones.