¿Por qué la sanidad pública no cubre dentadura ni audífonos?
Ofertar tratamientos a la carta no sería sostenible para el sistema Las comunidades autónomas cuentan con prestaciones complementarias
Dentadura postiza, tratamientos dentales, ortoprótesis, sillas de ruedas, camas articuladas, lentillas, fármacos como las gotas para el ojo seco, jarabes mucolíticos y antigripales son algunos de los grandes excluidos del sistema público.
- Odontología. El País Vasco ha conseguido reducir un 40% la prevalencia de caries gracias a un plan que cubre empastes y endodoncias hasta los 18 años. En España, a casi al 100% de los mayores de 65 años les faltan dientes. Según el Consejo de Dentistas, empastes, endodoncias, tratamientos periodontales y dentadura postiza serían los mínimos a cubrir.
- Corrección visual. En España cerca de 25 millones de personas utilizan gafas o lentes de contacto para corregir la visión, pero el sistema público de salud no cubre estos artículos, salvo casos excepcionales, explica Enrique Granda.
- Ortoprótesis. El sistema puede llegar a reintegrar un porcentaje del coste, pero depende de la autonomía y hay que esperar seis meses.
- Hipoacusia. Unos 3.000 euros de media cuestan los audífonos para corregir la sordera, dispositivo no incluido en la cartera básica de servicios, pero depende de cada autonomía. En Galicia financian los audífonos para los niños hasta los 6 años y el 40% del coste para los de 6 a 16 años. Los recortes han producido la obsolescencia de los equipos tecnológicos, resalta Vázquez.
Otros, como algún antiagregante o vacunas como VPH, solo se prescriben bajo protocolo y no por igual en todas las autonomías, pese a que los médicos la aconsejan a las mujeres (fuera de guía por edad) que han tenido lesiones en el cuello del útero.
“Nuestra sanidad presume de tener una cartera de servicios básica muy amplia”, explica Javier Sanz, coordinador del grupo de gestión de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). “El único pero es la falta de equidad entre las autonomías e incluso entre los centros de salud”, en cuestiones como espirometrías o cirugía menor, etcétera.
Sanz sí es partidario de someter algunos tratamientos a guías porque ayudan a asegurar el uso racional y “ofertar tratamientos a la carta sin justificación clínica no sería sostenible a largo plazo”. La odontología “siempre se ha considerado un lujo en España”, dice Castro, y de hecho, el 96% de las prestaciones las paga el ciudadano de su bolsillo.
Junto a Rumanía y Turquía, España tiene la peor salud bucodental de Europa, sabiendo que las afecciones en la boca y la falta de dientes agravan patologías como la diabetes, problemas cardiacos y anemias (por el abuso de alimentos con harinas), que a la larga suponen un coste al sistema. Debería haber un sistema terapéutico y preventivo, por lo menos para niños, discapacitados y mayores, o fijar ayudas al estilo de Portugal, Alemania o Francia.
“La sanidad no es gratuita, se paga con impuestos”, recuerda Sanz, “e incorporar prestaciones supone subir la recaudación o limitar otras partidas”. “Estarían justificadas las ayudas protésicas para niños y ancianos, pero por el número de usuarios sería muy gravoso para el sistema en detrimento de otros tratamientos”, añade.
Una solución aceptable sería financiar los elementos más básicos a pacientes a los que les suponga una mejora en su calidad de vida y que el resto corra a cargo del usuario. Sanz es partidario de excluir a los no residentes, por tratarse de tratamientos que no son vitales ni urgentes.
