Administración

Los expertos reclaman que las reformas de la justicia se lleven a cabo con datos

Consideran que los problemas de la Administración de Justicia son más organizativos que económicos

La información estadística del Poder Judicial ofrece una visión certera de la situación

Los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, de Defensa, María Dolores de Cospedal, y de Justicia, Rafael Catalá, durante el pleno celebrado hoy en el Congreso de los Diputados donde se debaten las propuestas de resolución presentadas sobre la Memoria del CGPJ y los tribunales de justicia del año 2015.
Los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, de Defensa, María Dolores de Cospedal, y de Justicia, Rafael Catalá, durante el pleno celebrado hoy en el Congreso de los Diputados donde se debaten las propuestas de resolución presentadas sobre la Memoria del CGPJ y los tribunales de justicia del año 2015. EFE

El manejo de datos precisos y de calidad es clave a la hora de dirigir cualquier negocio y no debería ser menos en el ámbito de la Administración. En lo que se refiere a la Administración de Justicia, las estadísticas judiciales que están a disposición de los gestores (los datos del Cendoj, principalmente) son muy amplias y detalladas, por lo que tomar decisiones partiendo de dicha información puede resultar de enorme ayuda, pudiendo atajar los principales problemas de este ámbito optimizando las inversiones en recursos económicos y personales.

Sin embargo, algunos expertos señalan que no parece que esto esté sucediendo. Según apuntan, los resultados de la última década muestran cómo, a pesar de haberse invertido altas cantidades de dinero en la Administración de justicia, los efectos siguen sin ser los deseados.

Así lo pusieron de manifiesto los ponentes en la mesa redonda sobre la situación económica y la Administración de justicia en España, organizada por la Fundación Hay Derecho, que tuvo lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), bajo la moderación de Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación.

Todos ellos coincidieron al afirmar que convendría tener más presentes los datos que maneja el Poder Judicial a la hora de emprender reformas. También llegaron a la conclusión de que el gasto en justicia no se está viendo reflejado en la mejora del sistema, por lo que parece que el problema sería más organizativo que de recursos económicos. Un gasto que, además, no es fácil de contabilizar debido a la descentralización de las administraciones de justicia, por las competencias cedidas en algunas comunidades autónomas, y también debido al hecho de que algunas consejerías de justicia no sean exclusivas, sino compartidas con otras áreas de gobierno, lo que dificulta desglosar la partida destinada a esta área.

Gasto público

En este sentido, el magistrado Francisco Gutiérrez López, autor de la tesis doctoral 'Gasto público y funcionamiento de la Justicia en España entre 2003 y 2013', considera necesario mejorar la información sobre el gasto público en justicia ya que, según sostiene, no existe un presupuesto nacional consolidado del mismo, ni una sola fuente oficial que lo aglutine (actualmente está dividido en 13 puntos: los datos del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial y los de las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas).

Tampoco hay, según este magistrado que ha analizado con detalle las cifras de la justicia, criterios uniformes que establezcan qué gastos se imputan (tribunales, fiscalías y justicia gratuita).

Dinero mal invertido

Gutiérrez, que expuso algunos de los resultados de su tesis, concluye que el incremento del gasto público destinado a la Administración de justicia en España entre 2004 y 2014 ha sido notable, situándose incluso por encima de la media de los países de la Unión Europea. Sin embargo, señala que el resultado ha sido estéril e ineficaz porque no ha mejorado su funcionamiento, pues no se ha dedicado, preferentemente, a aumentar la planta de jueces ni a disminuir la tasa de litigiosidad. Según apunta, esto se ha agravado por una distribución territorial en la creación de las plazas de jueces y fiscales en los tribunales superiores de justicia (TSJ) divergente, que no ha atendido a la litigiosidad de cada uno.

También considera que las posibilidades de que el gasto de las comunidades autónomas pueda incidir en el funcionamiento de sus TSJ son limitadas, pues no les compete la creación de plazas de jueces y de fiscales, y la actuación directa para disminuir la tasa de litigiosidad es muy restringida.

El magistrado destacó, durante su intervención, el hecho de que, de las comparativas europeas recogidas por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (Cepej) resulte que precisamente los países con el PIB más alto gasten, de media, menos recursos económicos en justicia y también tengan menos jueces por habitante. Algo que va en paralelo con el hecho de que, en dichos países, la litigiosidad también es más baja, lo contrario a lo que sucede en España, que tiene un claro problema con el elevado volumen de asuntos que entra en los tribunales.

Analizando el caso de España por comunidades autónomas, también llama la atención que aquellas en las que menos gasto hay en justicia (como Asturias o Navarra) es en las que mejor están funcionando los órganos judiciales, lo que pone de manifiesto, una vez más, que el problema es más organizativo que económico, según reiteró el magistrado Gutierrez López. Eso sí, al final de su intervención matizó sus palabras: "Yo no digo que no haya que invertir en justicia, lo que digo es que se está gastando mal, quizás por un sistema lastrado por una estructura judicial compleja".

Impacto de la justicia en la economía

Por su parte, Juan Mora-Sanguinetti, economista del Banco de España y presidente de la Asociación de Economistas del ente público, hizo un repaso por las principales evidencias empíricas que demuestran cómo tener un sistema judicial eficaz es esencial para que la economía funcione bien. Y arrancó su exposición poniendo sobre la mesa el hecho de que, pese a todos los avances de la economía española desde el año 2000, sus efectos no se han logrado trasladar en la misma medida a la Administración de justicia.

Insistió en que una empresa, a la hora de establecerse en un determinado territorio, puede condicionar su decisión al funcionamiento de la justicia, con la esperanza de encontrar un emplazamiento en el que el sistema sea capaz de resolver los problemas bien y rápido. Resulta, por tanto, un factor clave a la hora de atraer riqueza al país. Recordó, además, que esta cuestión ya la había apuntado el Premio Nobel de Economía Douglass North al señalar que, cuando se comparan los países grandes, las diferencias no se dan tanto por las leyes sino por la aplicación de las mismas. Y, en este sentido, los países que mejor rinden son los que tienen sistemas más robustos a la hora de aplicar la ley.

Además, los estudios que ha llevado a cabo Mora-Sanguinetti desde el Banco de España, ponen de manifiesto cuestiones como el hecho de que, donde hay una justicia más eficiente, los sistemas de crédito funcionan mejor y con tipos más bajos.

En el mercado del alquiler, que en España es más pequeño que en otros países, se ha comprobado que si se redujera la tasa de congestión del sistema, en Madrid por ejemplo se ganarían 3.400 viviendas más en alquiler. También una justicia mejor lograría que aumentara la tasa de entrada de emprendedores en un entorno de entre un 5 y un 7%, y el tamaño medio de las empresas (que en España es especialmente pequeño) se incrementaría.

Despilfarro en tecnología

El último en intervenir fue el ex fiscal general del Estado y actualmente abogado de Garrigues Eduardo Torres-Dulce, que hizo hincapié en la mala gestión del gasto en tecnología, calificándolo de "despilfarro" de dinero público. "Alguien tendrá que hacer el estudio de cuánto se ha invertido en tecnología y cuál ha sido el resultado", afirmó.

Durante su exposición, Torres-Dulce profundizó en los datos que maneja la Fiscalía, destacando que el modo de obtención ha mejorado en los últimos tiempos, ya que actualmente se utilizan herramientas informáticas aceptables frente a la recogida manual de hace años, pero señaló que faltan criterios de exigencias estadísticas más amplios -y no sólo referidos al número de procesos-, así como más personal especializado en la recogida y elaboración de los datos. También abogó por la interconexión con otras bases de datos estadísticas como las del Consejo General del Poder Judicial, algo que, en su opinión, resulta absolutamente imprescindible.

Además, el ex fiscal general puso el foco en el hecho de que la elaboración de las leyes en España se lleve a efecto sin testar el funcionamiento de la ley que se va a reformar y sin tabular su impacto en la realidad social. En este sentido, lamentó que, a la hora de acometer reformas en el proceso penal, a nadie se le ocurra mirar cómo están funcionando los procesos allí donde se producen las grandes bolsas de asuntos por resolver.

Reformas sin datos

En cuanto al funcionamiento de la justicia, advirtió de que, en el ámbito penal, se manejan unas duraciones "inasumibles" y puntualizó que el principal problema se observa en los procesos abreviados, que son los que más afectan a la gente en general. Además, destacó que el nivel de asuntos penales en las audiencias provinciales es pequeño en comparación con los juzgados de lo penal, donde existe un gran "embolsamiento" de casos. En este sentido, Torres-Dulce considera que proceder a la reforma del proceso penal sin conocer el porqué de esta congestión "es de una imprudencia notable", a lo que añadió que se está desatendiendo el foco real del problema. Concluyó su exposición alegando que una reforma del proceso penal es "absolutamente imprescindible, pero si no se acompañada de una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, si no se dota a la Fiscalía de mayor autonomía y no se modifica la planta judicial, sino que se hace sólo cambiando el texto de la ley, nos daremos de bruces con la realidad".

Desde la Abogacía Española, su presidenta, Victoria Ortega, fue la encargada de cerrar el acto y lo hizo señalando que desde su colectivo se ha venido sosteniendo que no puede haber un debate serio y sosegado sobre la justicia si no se produce sobre bases sólidas y con el buen conocimiento de los datos de la justicia. En este sentido, sacó a relucir el informe que publicó hace unos años el CGAE que ponía en entredicho el número real de asuntos que manejan los órganos judiciales, al haber discrepancias, según el Consejo, en la definición de lo que se considera "asunto". Finalmente, reivindicó la necesaria intervención de todos los agentes imprescindibles para el funcionamiento de la Administración de justicia para, entre todos, lograr mejorarla.

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