La UE, del revés

La nueva ley de insolvencia acude al rescate de la banca europea

Bruselas espera que se acelere la limpieza de la morosidad de las entidades financieras

Los administradores concursales europeos analizarán en Madrid la última reforma

Ministros europeos reunidos en el Ecofin, en el Palacio del Gran Maestre de La Valeta (Malta), el viernes.
Ministros europeos reunidos en el Ecofin, en el Palacio del Gran Maestre de La Valeta (Malta), el viernes.

El próximo 11 de mayo se celebra en Madrid el II Encuentro Internacional de Reestructuración e Insolvencia, una cita que parecía reservada para los especialistas en administración concursal pero que ha cobrado una relevancia inesperada tras la reunión del Ecofin de la semana pasada, en la que se apostó por la modernización de la legislación sobre quiebras como una de las recetas para resolver la morosidad bancaria.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE abordaron el viernes en Malta, sin demasiado éxito, el ingente problema de los préstamos fallidos, una cartera tóxica de más de un billón de euros que está frenando la concesión de crédito y lastrando el crecimiento de varios países europeos, con Italia a la cabeza.

A falta de un acuerdo sobre una solución europea, el Ecofin se decanta, entre otras cosas, por modernizar y agilizar los regímenes de insolvencia vigentes en Europa, una medida que podría acelerar la limpieza de los balances bancarios.

Los ministros abogan por aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración y liquidación para aumentar el valor potencial de la cartera de préstamos fallidos acumulados en el balance de muchas entidades europeas.

El Ecofin también apunta la necesidad de mejorar el sistema judicial para acabar con los atascos de los tribunales y los retrasos en la resolución de procedimientos que pueden suponer la vida o la muerte de una empresa.

El II Encuentro Internacional en Madrid abordará esas reformas a la luz del proyecto de directiva sobre insolvencia y segunda oportunidad aprobado el pasado mes de noviembre por la Comisión Europea. "La directiva es un paso en la buena dirección", señala Luis Martín, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac).

Martín destaca el objetivo de la directiva de facilitar la reestructuración temprana "sin llegar a judicializar el proceso" y la armonización de los plazos para la llamada "exoneración total", una liberación definitiva de las deudas que, según la nueva norma europea, se produciría a los tres años de la quiebra. "En España tienen que pasar cinco años", recuerda Martín.

La Comisión Europea calcula que cada año se pierden 1,7 millones de puestos de trabajo como consecuencia de la quiebra de empresas. Y asegura que muchos de esos empleos se podrían salvar con un procedimiento de insolvencia y segunda oportunidad que incentive la resolución temprana y extrajudicial de los problemas de liquidez.

La experiencia de Martín como administración concursal corrobora la tesis de Bruselas. "A veces se inicia un concurso y para cuando se resuelve, no queda nada de la empresa", lamenta el presidente de Aspac.

Pero la directiva, además de salvar empleos, podría contribuir a la resolución del próximo (¿y último?) capítulo de la inabarcable crisis financiera europea, titulado Préstamos fallidos. La Comisión está convencida de que el nuevo régimen de insolvencia ayudará a los bancos a aligerar su pesada carga de activos tóxicos, acumulados durante una década de bajo o nulo crecimiento en varios países europeos. En 10 de ellos, la tasa de morosidad todavía supera el 10%, frente a una media europea del 5,4%  o el 1,7% de EE UU.

"Reducir el tiempo de los procedimientos de insolvencia y aumentar el ratio de recuperación de deuda puede ayudar a los bancos a descargar bastante rápidamente la carga de préstamos fallidos", señala Diego Valiante, del CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), en un reciente estudio sobre la armonización de los regímenes de insolvencia en la zona euro elaborado por encargo del Parlamento Europeo.

En el caso de Italia, con un volumen de fallidos de más de 300.000 millones de euros, reducir el tiempo de recuperación de deudas de siete años a uno permitiría a los bancos poner precio a unos activos por valor de hasta 43.000 millones de euros y, potencialmente, deshacerse de ellos.

En la actualidad, según la Comisión, los procedimientos de insolvencia pueden tardar hasta 10 años en resolverse y su eficacia, a pesar de la tardanza, resulta bastante cuestionable: en algunos países europeos el ratio de recuperación de deuda no llega al 30%.

La banca es una de las grandes perjudicadas de esos regímenes, porque se ve obligada a provisionar numerosos préstamos fallidos a la espera de que se resuelvan los procedimientos. La cartera tóxica supera todavía el billón de euros, según la Comisión. Y Bruselas calcula que la limpieza de esos activos permitiría a la banca europea aumentar su capacidad de crédito en casi medio billón de euros, una inyección que podría estimular la economía de la UE, en particular, en los países más castigados por la morosidad como Italia (17%), Portugal (18%) o Irlanda (19%).

El presidente de Aspac cree que España también tiene mucho margen para mejorar. "La justicia española tiene pocos medios y mal organizados", se queja Luis Martín. Y lamenta que todavía se asocie el proceso concursal con la liquidación de una empresa, lo que a menudo retrasa el inicio de los procedimientos y agrava el problema.

"España es el segundo país de la UE con menos concursos... solo por detrás de Grecia", subraya Martín. Y advierte que la nueva directiva, por sí sola, "no acabará con el estigma de la insolvencia. Eso sólo se puede lograr con la costumbre, para que los empresarios dejen de ser reticentes y para que no se condene al ostracismo al empresario que ha tenido que acudir a un concurso".

La nueva normativa europea, añade Martín, también pretende acabar con el llamado “turismo concursal”, en el que los deudores suelen buscar la jurisdicción europea más conveniente más tolerante o conveniente para sus intereses.

Desde el próximo 26 de junio, el Reglamento europeo sobre procedimientos concursales (aprobado en 2015) establece que los tribunales competentes para iniciar un procedimiento de insolvencia serán los del país donde el deudor tenga “su centro de intereses principales”.

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