La regulación financiera bajo la era Trump
La ‘Financial Choice Act’ reafirma a la SEC como la agencia con la autoridad para regular y supervisar a quienes asesoran sobre inversiones
Antes del terremoto político de las elecciones estadounidenses existía escaso interés en el marco legislativo conocido como Financial Choice Act –Ley de Elección Financiera–, y mucho menos que se pudiera convertir en el referente regulatorio del sistema financiero de los próximos cuatro años. La norma, creación de Jeb Hensarling, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, fue considerada una mera lista ideológica para la reforma del sistema financiero. Pero la elección de Donald Trump como presidente y el control republicano de la Cámara de Representantes y del Senado le han dado un nuevo significado.
La Financial Choice Act se beneficia de la conexión personal entre Hensarling y su colega de la Cámara de Representantes y actual vicepresidente, Mike Pence. La presencia de Pence como presidente del Senado y consejero del presidente Trump podría elevar las posibilidades de que toda, o parte de la legislación, se convierta en ley.
La ley es tan amplia como la Dodd-Frank, su principal némesis y fuente de inspiración. Sus 16 secciones abarcan desde la regulación bancaria, las reglas fiduciarias y la financiación de pequeñas empresas, hasta la definición de inversores acreditados y la abolición de la regulación Dodd-Frank sobre la procedencia de minerales de zonas del mundo conflictivas.
"La presencia de Pence podría elevar las posibilidades de que toda o parte de la 'Financial Choice Act' se convierta en ley"
Destacamos la reafirmación que este proyecto de ley hace de la SEC como la agencia con la autoridad para regular y supervisar a los asesores que proporcionan asesoramiento sobre inversiones. Esta aserción es un ataque directo al reglamento sobre deber fiduciario de la ley DOL, adoptada como norma en 2016, la cual el presidente Trump podría, sin problemas, revocar.
La SEC ostentaría la autoridad para abordar cualquier deficiencia en la protección de los pequeños inversores y de los ahorradores en planes para su jubilación, pero solo después de un análisis coste-beneficio. Primero tendría que determinar si los inversores minoristas son perjudicados por los estándares actuales de atención de los asesores. Segundo, cualquier solución propuesta tendría que demostrar que reduce la confusión y el perjuicio de los inversores. Tercero, la Comisión tendría que determinar si una única obligación fiduciaria perjudicaría a las comisiones de intermediarios y/o reduciría la disponibilidad de ciertos productos de inversión para los inversores. Por último, tendría que determinar si una única obligación fiduciaria reduciría la disponibilidad de asesoramiento personalizado de inversión para los minoristas.
Abogamos por la claridad en la terminología para definir a las personas involucradas en la prestación de asesoramiento de inversión; todas las personas en EE UU que brindan asesoría personalizada de inversión a clientes minoristas, y se definen como asesores –incluyendo asesores financieros–, deben estar sujetos a las obligaciones fiduciarias de la Ley de Asesores de Inversión (Investment Advisors Act) de 1940. Quien quiera evitar las obligaciones de alto nivel de la citada norma tendría que llamarse vendedor. El objetivo es reducir la confusión causada a los inversores por los títulos que los actores financieros usaron en el pasado, y que difuminan si actúan en el mejor de los intereses de sus clientes al proporcionar asesoramiento de inversión
La Financial Choice Act se centra en una serie de disposiciones procedentes de la ley Dodd-Frank que afectan al negocio de gestión de inversiones.
• Modificar la definición de inversor acreditado, cualificado diríamos en términos legales españoles, para incluir individuos que tengan conocimiento de experiencia y comprensión de mercados y productos financieros.
• Mejorar las capacidades de la SEC en materia de cumplimiento, incluyendo el aumento de su autoridad para sanciones administrativas y penales bajo las leyes federales sobre instrumentos financieros para los casos más graves.
• Aumentar las penas para los infractores reincidentes de leyes federales sobre instrumentos financieros triplicando las cuantías vigentes.
• Dar a los demandados en los procedimientos de la SEC el derecho de retirar y llevar sus casos ante los tribunales federales, y comparecer ante la Comisión antes de un procedimiento formal.
• Modificar las leyes de instrumentos financieros para permitir la creación de una bolsa para las compañías de baja capitalización y las creadas al amparo de la ley JOBS.
La Financial Choice Act obtuvo notoriedad en junio por tres cambios propuestos en la regulación de los grandes bancos. La primera daría a los bancos la opción de evitar la supervisión reguladora más activa de sus actividades de préstamo, inversión y financiación que actualmente soportan si deciden mantener unos recursos propios mínimos del 10%. La segunda derogaría la norma Volcker, citada en el proyecto de ley como un obstáculo para la liquidez del mercado de bonos y una pesada carga regulatoria para los pequeños bancos que tienen que justificar sus actividades con valores negociables ante los reguladores. Por último, la propuesta de reemplazar a la Autoridad de Liquidación Ordenada del Título II de la ley Dodd-Frank por una estructura basada en la bancarrota que impondría pérdidas significativas a los acreedores de bancos insolventes. Esta, junto con los llamados Living Wills (una suerte de disposiciones previstas por los bancos para ser liquidados de una manera ordenada en caso de insolvencia), fue un intento de asegurar que existía un plan para salvar un mega banco sin rescates financiados por los contribuyentes.
Como la única opción actualmente disponible, el proyecto de ley de Hensarling ha pasado en horas a convertirse en el elemento principal de la reestructuración del sistema financiero.
Jim Allen es responsable para América de Capital Markets Policy en CFA Institute. Enrique Marazuela es presidente de CFA Society Spain.