El caos de las tarifas de la propiedad intelectual
La nueva ley genera incertidumbre y eleva las cuotas, según los expertos
Las tarifas, pero sobre todo los criterios de determinación, de los derechos de propiedad intelectual, a debate. Según la exposición de motivos de la nueva ley 21/2014, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, esta insta a adoptar medidas de control que permitan garantizar la gestión de todos los derechos de los autores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual.
La ley establece, en el artículo 157.1.b, que las entidades de gestión deben aplicar nuevas tarifas generales por el pago de los citados derechos, que deben cumplir con una serie de criterios, con la intención de que sean objetivas, equilibradas, razonables y no discriminatorias. Este fue el tema central de un encuentro, organizado ayer por Cinco Días en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde el secretario de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, Raúl Rodríguez, detalló cuáles son las tareas principales de este órgano colegiado, que ha ampliado sus competencias tras la reforma de la citada Ley.
"No queremos un colapso"
La subida de precios y el cambio de tipos conforme a la nueva ley de propiedad intelectual despierta resquemor en el sector. “Si el año pasado pagábamos cuatro, por qué pagamos ahora siete, si nada ha cambiado, además es temerario que un acuerdo afecte a todo un sector”, se pregunta el responsable de esta materia en el Grupo PRISA. Para intentar poner luz en todo este asunto, el secretario de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, Raúl Rodríguez, avanzó que los principios mínimos y la flexibilidad de este órgano, en el que trabajan cinco personas, tiene que entrar en juego en la tarifa. Y detalló que “la materia es complicada desde el punto de vista jurídico y económico”. Eso sí, advirtió que “no queremos que se colapse la Sección Primera”.
“Estamos trabajando en la elaboración de un informe, que supondrá una fotografía fija del sector, y que supondrá un gran cambio en este sentido, ya que se analizará la situación de las tarifas generales”, explicó. Este órgano se encargará de supervisar y de determinar las tarifas, “pero a la vez cumplirá la función de asesoramiento, a la vez que podría resolver problemas”. En los últimos meses, avanzó Rodríguez, se ha elaborado un análisis cualitativo en cuanto al cumplimiento de los criterios y reglas para cada tipo tarifario, y “para ver si había variación desde el punto de vista cuantitativo, que debe estar justificado por el valor económico”. Para ello, es necesario presentar una memoria económica por parte de las entidades de gestión. “La aplicación de criterios será diferente, ya que no es lo mismo la tarifa de radio o de televisión, que de obra gráfica”, señaló el secretario de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
En este sentido, el director corporativo de negocios de derechos y de la propiedad intelectual & business affairs del Grupo PRISA, José Manuel Gómez Bravo, apuntó a la gran oportunidad que supone adaptar un sistema antiguo, que databa de la década de los años ochenta, a la realidad actual, pero señaló que la ley debe aportar certidumbre y no la inseguridad que está generando, debido a la falta de criterio a la hora de determinar las tarifas. “Lo que no se puede entender es la gran subida de las tarifas, de los tipos y de las bases que ha habido en el último año, tanto en los sistemas tradicionales como en internet, y cuya medida afecta a toda la industria cultural, tanto usuarios de YouTube, como cines, hoteles, conciertos...”, explicó Gómez Bravo.
Otra inquietud del sector la esbozó Carolina Pina, socia del departamento de propiedad industrial e intelectual de Garrigues: “Me preocupa que un usuario llegue a un acuerdo y que este afecte al resto de la industria”, algo que el secretario de la Sección Primera corroboró que así será. “Sí, tendrá un efecto para toda la industria, pero tendremos que identificar que la entidad sea representativa y que el usuario sea significativo”. También destacó que “la normativa está para que se utilice y hay que denunciar la tarifa, ya que está pensado para que actúe por denuncia”. Por su parte, el responsable de políticas públicas de Google, Antonio Vargas, ahondó en la falta de transparencia en la justificación científica y económica de la determinación de tarifas, y resaltó la justificación en el cambio de valor que produce la discriminación tecnológica. También destacó que es necesario saber el reparto que las entidades de gestión hagan de lo recaudado, “porque existe la sensación en la opinión pública de que los derechos de autor no se defienden. Y adelantó que YouTube solo en este año ha pagado mil millones de euros a la industria musical. ¿Dónde se ha quedado ese dinero?”.
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