España desea un ‘brexit’ de terciopelo, pero parece de arpillera
Rajoy teme que un divorcio a las malas dañe la excelente relación comercial con Reino Unido La relación de Bruselas y Londres se agria por momentos, aun antes de empezar a negociar
La UE se debate entre los partidarios de un brexit duro que sirva de escarmiento a los votantes de otros países (holandes, húngaros o frances) y quienes desean un acuerdo con Londres que preserve gran parte de los lazos actuales. La división volverá a emerger durante la cumbre europea que se celebra el jueves en Bruselas, la última de 2016, con París al frente de los duros, Berlín de los tibios, y Holanda, Dinamarca y la mayoría de los países del este entre los blandos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asiste a una cumbre con plenos poderes por primera vez desde diciembre de 2015, no ha dado su apoyo formal a ninguno de los bandos. Pero se decanta sin ambages por un divorcio de terciopelo que preserve la excepcional relación comercial de España con Reino Unido, el mayor emisor de turistas hacia las costas españolas y destino de grandes inversiones de las empresas españolas (Santander, Telefónica, Iberdrola, Ferrovial...).
"España tendrá un papel constructivo", tuiteó Rajoy el viernes nada más reunirse en la Moncloa con Michael Barnier, el representante de la Comisión Europea para las negociaciones del divorcio con Londres.
Barnier está recabando la opinión de todas las capitales europeas con vistas a una negociación que, si se cumple el calendario previsto, comenzarán en marzo de 2017. Y ya ha podido comprobar que las sensibilidades varían de capital a capital.
Holanda, Francia, Alemania y, tal vez, Italia, se encontrarán al inicio del brexit en plena campaña electoral o en la recta final de la legislatura. En los cuatro países soplan vientos euroescépticos muy fuertes y a los partidos en el poder les puede interesar un brexit duro para hacer frente a los partidos contrarios a la UE.
Pero en Madrid, Barnier se ha encontrado con un presidente del Gobierno recién investido, con un mandato revalidado aunque sea con un gobierno en minoría. La clase política española, además, no teme al euroescepticismo, una corriente que, a diferencia de otros países, no arrastra todavía a los votantes.
El Gobierno español, por tanto, no tiene ningún interés en un brexit duro podría transformarse en un peligroso bumerán para la economía española. El nombramiento de Alfonso Dastis como ministro de Exteriores se interpreta en Bruselas, en parte, como señal de un planteamiento de negociación exigente, pero sin poner en peligo las relaciones bilaterales de Madrid y Londres. Dastis incluso puede rebajar la tensión en relación con Gibraltar, un conflicto de soberanía que el anterior titular, José Manuel García Margallo, quería resolver aprovechando la salida de Reino Unido de la UE.
"Vamos a aportar todo lo que podamos a una negociación civilizada", subrayó la semana pasada en Bruselas el ministro de Economía, Luis de Guindos, sólo unas horas después de que Barnier esbozase por primera vez su plan y calendario de negociación.
Barnier apremió a Londres a aclarar el escenario porque desea cerrar el acuerdo de salida en apenas 18 meses (antes de finales de 2018), para que Reino Unido esté fuera cuando se celebren las próximas elecciones al Parlamento Europeo (primavera de 2019). España más que prisa tiene cautela y poderosos argumentos para no precipitarse.
Durante la crisis, las exportaciones de España al Reino Unido han pasado de 10.000 millones de euros en 2009 a 18.000 millones de euros en 2015, con un saldo positivo en la balanza comercial de alrededor de 5.000 millones de euros, según datos del ICEX. El año pasado, además, visitaron a España 15,5 millones de turistas británicos, el 21,6% del total de visitantes extranjeros.
Reino Unido es también el segundo principal destino de la inversión española (con 62.000 millones de euros en 2014), sólo por detrás de EE. UU. y por delante de Brasil o México.
"Desde el punto de vista de la totalidad de la relaciones económicas, Reino Unido es uno de los países más importantes, si no el que más, para España", recordó Guindos en Bruselas. Y el ministro enumeró las relaciones fiancieras, económicas, comerciales y hasta humanas (millones de británicos residentes en España y cientos de miles de españoles en territorio británico) para justificar una prudencia con el brexit que no es compartida por todos los socios europeos.
La primera ministra británica, Theresa May, que asiste el jueves a su segunda cumbre europea, ya es observada por algunos de los lideres europeos como una ‘outsider’, representante de un país ajeno en gran parte a los intereses del club desde el referéndum del 23 de junio.
El pasado mes de septiembre, el resto de socios europeos no dudaron en reunirse en Bratislava sin invitar a la líder británica. Y aunque May ha hecho saber su malestar por esa exclusión, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha vuelto a convocar para este mismo jueves una cena de todos los líderes europeos salvo a la británica. Y otra cita a 27 sin Reino Unido, para el próximo mes de febrero, esta vez en La Valetta, capital de Malta).
Bruselas asegura que, a pesar de estas reuniones restringidas, Reino Unido sigue siendo un socio con plenos derechos y deberes de la Unión Europea y que la relación está garantizada hasta que se consume la separación. Pero fuentes diplomáticas reconocen que la convivencia entre Londres y Bruselas se deteriora por momentos y auguran que brexit muy agrio aunque de cara al exterior se mantengan las formas. Mal que le pese a Rajoy, el divorcio de Londres y Bruselas parece de arpillera más que de terciopelo.
Italia cambia de gobierno pero no supera la crisis política
Paolo Gentiloni, hasta ahora ministro de exteriores en el ejecutivo de Matteo Renzi, se convirtió el domingo en el nuevo presidente del Gobierno de Italia. Gentiloni aceptó el encargo del presidente de la República, Sergio Mattarella, tras una ronda de consultas que reveló la escasa disponibilidad de los principales partidos a colaborar en un gobierno de unidad y el deseo de las fuerzas alternativas, con el Movimiento 5 Estrellas a la cabeza, de convocar cuanto antes las elecciones generales previstas para 2018.
Gentiloni intentará retrasar la convocatoria a las urnas al menos hasta el segundo trimestre de 2017, tanto para dar tiempo a reorganizarse a la izquierda (dañada por la caída de Renzi, del Partido Democrático) como a la derecha (la Forza Italia de Silvio Berlusconi).
Italia, además, será la anfitriona en marzo de 2017 del 60 aniversario del Tratado de Roma, el texto fundacional de la UE. Y el presidente de la República parece dispuesto a pasar esa cita antes de disolver las cámaras.
Pero el ejecutivo de Gentiloni, cuya formación se espera este martes, nace muy debilitado políticamente y debe afrontar graves problemas económicos, como la reestructuración del sector financiero y la recuperación de una economía estancada desde hace ocho años.
La presión para convocar elecciones se redoblará en enero, cuando el Tribunal constitucional italiano se pronuncie sobre la reforma electoral aprobada durante el mandato de Renzi. La reforma aspira a facilitar la formación de mayorías en el Parlamento, un cambio que pretendía favorecer a los partidos tradicionales pero que puede jugar a favor del Movimiento de Beppe Grillo.
En esas circunstancias, Italia parece condenada a seguir hundida en una crisis política que arrancó en 2011, con la caída de Berlusconi, y que no acaba de resolverse. Desde entonces, el país ha tenido cuatro primeros ministros, contando a Gentiloni... y ninguno de ellos ha sido directamente elegido por los italianos en las urnas.