Innovación, compras y empleo
El fomento de la innovación es una responsabilidad de todo el Gobierno
Al Premio Nobel de Economía de 1987, Robert Solow, demostró que las cuatro quintas partes del crecimiento económico estadounidense en la primera mitad del siglo pasado, era consecuencia de haber mejorado la forma en que se combinaban los factores de producción. Se le llamó cambio técnico, hoy lo llamaríamos “innovación en su sentido más amplio” o, como prefieren los economistas “productividad total de los factores” (PTF). Solo la quinta parte restante de aquel crecimiento era atribuible a un aumento del uso de capital y trabajo. Según los cálculos de la OCDE, entre 1985 y 2010, la contribución de la PTF al crecimiento del PIB entre 1985 y 2010 fue del 72% en Alemania, del 63% en Corea del Sur y del 52% en Francia. Este porcentaje fue solo del 13% en España. Es obvio que nuestra economía no tiene en la mejora del uso del capital y del trabajo una de sus principales bazas para su crecimiento.
Esta situación tiene importantes consecuencias para nuestra economía y para nuestra sociedad. Provocar cambios y llevarlos a la práctica en la forma de producir o de provisionar servicios consiguiendo así un éxito económico, es decir innovar, es una actividad que requiere tanto conocimientos como destrezas y que solo puede ser desarrolladas por personas formadas y con iniciativa para detectar las oportunidades y captar valor. Son los empleos de calidad y bien remunerados, que nuestro país necesita para provocar el aumento del consumo interno del que se nutre el crecimiento económico. Y este es un círculo virtuoso, porque un consumidor con poder adquisitivo exigirá productos y servicios innovados, que a su vez demandarán más y mejor empleo de calidad. Es esta una de las razones de que los gobiernos intenten, desde hace ya muchos años, impulsar la innovación de sus empresas.
Hasta hace poco, las políticas de innovación se basaban fundamentalmente en facilitar los procesos innovadores empresariales, lo que ahora llamamos “políticas de oferta”. Una importante llamada de atención sobre la urgencia de ampliar las políticas de extremo a extremo fue el conocido informe liderado por el ex Primer Ministro de Finlandia, Esko Aho, y publicado en 2006 por la Comisión Europea, titulado Creating an Innovative Europe, en el que se sugerían tres campos de actuación para la Europa innovadora que proponía: creación de un mercado de productos y servicios innovadores, proporcionar recursos suficientes para I+D e innovación, y mejorar la movilidad estructural y la adaptabilidad de Europa.
En 2010, la OCDE hizo una recomendación más concreta al pasar de hablar de “políticas de innovación” para hacerlo de “estrategias de innovación”, insistiendo en que el fomento de la innovación es una responsabilidad de todo el Gobierno y no solo de unos pocos departamentos. En la revisión de 2015 la OCDE habla de “políticas para la innovación”. Un paso más ha dado el Gobierno sueco cuando ha creado en 2015 el Consejo Nacional de Innovación (Nationella innovationsrådet) que coexiste con el viejo Consejo de Política de investigación (Forskningsberedningen), y cuyo objetivo fundamental es diferenciar las políticas de I+D de las de innovación dando a estas últimas al menos el mismo rango que a aquellas.
De esta manera a las tradicionales políticas de oferta, que eran asumidas por un corto número de Ministerios, se han sumado las políticas de demanda. Es decir políticas que inducen mercados exigentes en innovación y que son muy atractivos para las empresas que se ven impulsadas a tomar iniciativas innovadoras, con las consecuencias más arriba descritas. Pero este cambio es realmente exigente para los gobiernos, porque supone que todos los departamentos con capacidad compradora deben asumir este reto. De hecho, presupone que el comprador público asume el compromiso no solo de atender a las necesidades de la ciudadanía, sino también de descubrir nuevas y mejores formas de satisfacerlas. Es decir, abrir nuevos mercados que demanden nuevos productos y servicios. A esta concreta política de demanda se la llama “compra pública de tecnología innovadora (CPTi)”. La empresa que sea capaz de atender a estos mercados tendrá ventajas de cara al futuro, porque si han sido adecuadamente definidos serán los que marquen la conducta de muchos otros compradores públicos, tanto locales como nacionales e, incluso, internacionales. Nuestra legislación permite desde 2007 que el comprador público asuma el riesgo que supone comprometer la compra de productos o servicios todavía no existentes en el mercado, pero es evidente que todavía no es una práctica extendida, a pesar de que el Gobierno, ya en 2011, tomó medidas orientadas a su aplicación.
El verdadero incentivo de esta política de demanda es el nuevo mercado que hace aparecer, al que optará la empresa verdaderamente innovadora que confía en sus capacidades y es capaz de evaluar el potencial de compra de todas las administraciones. Por esta razón, es muy importante distinguirla de una nueva forma de subvención de la innovación, que en realidad sigue siendo una política de oferta. Es la llamada compra pre-comercial, que subvenciona el desarrollo de potenciales productos o servicios pero que no garantiza un mercado para los primeros que se generen. Es verdad que en esta modalidad, el comprador público puede ayudar a definir nuevos productos y servicios que le resulten interesantes, pero no tiene el atractivo de un mercado seguro, en caso de cumplir con las especificaciones.
Además, ante la clara dificultad de llevar a cabo una verdadera compra pública de tecnología innovadora, es muy posible que la compra pre-comercial malogre verdaderas oportunidades de una real política de demanda. En un momento de austeridad en el gasto público como el actual, esta política de demanda puede llevar muchos recursos a fomentar la innovación, cuyos beneficios sociales y económicos son indiscutibles.
Existen buenas practicas ya en Europa como la que ha puesto en marcha el citado Consejo sueco, gracias al cual no solo se ha definido una estrategia nacional de compras públicas innovadoras sino que se ha encargado la tarea a una Agencia especializada, una de cuyas misiones será familiarizar a los prescriptores con las compras funcionales. Porque en este como en otros temas, crear cultura de innovación es clave.
Juan Mulet es miembro del Consejo de Innovación de Insight Foresight Institute